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Investigan a empresarios yucatecos por una “estafa maestra” en el campo

La Fiscalía General de la República investiga a varios empresarios yucatecos por su presunta participación en el desvío de decenas de millones de pesos de subsidios federales al campo, otorgados por la Sagarpa (hoy Sader) entre 2015 y 2017.

Estos empresarios, dedicados a la industrialización de chile habanero, coco y cítricos, entre otros giros, recibieron cuantiosos recursos públicos autorizados por funcionarios de las oficinas centrales de la Sagarpa en Ciudad de México, cuando el titular de esa dependencia era José Calzada Rovirosa, según información recabada por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

El desvío de estos subsidios en Yucatán formaría parte de un desvío mucho mayor, de cientos de millones de pesos, cometido a nivel nacional en la Secretaría de Agricultura, en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, a través de una operación que ya algunos llaman la "estafa maestra de la Sagarpa".

Este entramado de corrupción, incluyendo la parte correspondiente a Yucatán, la descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar la aplicación de gran parte de los subsidios entregados por la Sagarpa de 2015 a 2017.

En esa revisión, la ASF comprobó que muchos de los productores y empresas beneficiadas con esos apoyos, no contaban con la infraestructura y capacidad para dar cumplimiento con los proyectos autorizados.

Documentos falsificados y funcionarios cómplices

Además, muchos de ellos, mediante la falsificación de documentos bancarios, simularon tener viabilidad financiera para acceder a los subsidios, es decir, entregaron estados de cuenta bancarios falsificados para probar que habían realizado sus aportaciones.

(Las reglas de operación de los programas de subsidios al campo establecen que una parte del financiamiento de un proyecto lo pone el gobierno federal, vía subsidio a fondo perdido, y la otra el propio productor beneficiado).

La ASF también detectó que muchos de estos beneficiarios, incluso los de Yucatán, proporcionaron comprobantes fiscales de proveedores no localizados y que no acreditaban los trabajos.

En consecuencia, un gran número de proyectos revisados por la ASF nunca se hicieron, pero los beneficiarios dispusieron de los subsidios federales, con la complicidad de funcionarios de la Sagarpa, que se habrían llevado una parte.

En el extremo de la simulación, esta dependencia, para dar una imagen de honestidad e imparcialidad en la asignación de los subsidios, contrató a varias organizaciones de la sociedad civil para "dispersar" los recursos y vigilar su correcta aplicación.

La ASF demostró que estos organismos hicieron todo lo contrario y se aliaron con los funcionarios de la Sagarpa para agilizar el desvío de los subsidios.

Entre estos organismos, la ASF detectó a Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., Chiapas Siempre Unido, A.C.,  Biólogos Asociados,  Consultoría, Asesoría  Agrícola y Pecuaria, Bioasecan, S.C., Centro de Calidad para el Desarrollo, A.C. y Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. (Cofupro).

Cartas de finiquito

Estos "vigilantes" de la sociedad civil cometieron muchas irregularidades, entre ellas entregar cartas de finiquito a las empresas beneficiadas, sin que éstas hayan comprobado los gastos del subsidio.

En el transcurso de las investigaciones de la ASF, la Sagarpa y los empresarios involucrados en el desvío de los subsidios no pudieron demostrar el uso legal de esos recursos, de modo que la ASF denunció los hechos ante la FGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).

Por el caso de Yucatán, la ASF presentó varias denuncias penales. La última de ellas fue el 16 de julio de 2020. Esta se sumó a otra interpuesta el  20 de febrero, por el mismo asunto, y a otras más presentadas en 2017 y 2019 en la FGR.

En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha presentado 63 denuncias de hechos en la Fiscalía General, por desvío de recursos federales, ocurrido en todo el país, en distintas dependencias. De ese número, 38 están relacionadas con la antigua Sagarpa. En todos los casos, la FGR ha abierto carpetas de investigación que actualmente se encuentran en su etapa de integración.

El exgobernador Rolando Zapata Bello en recorrido por invernaderos de chile habanero en Hoctún
El 31 de julio de 2016, el entonces gobernador Rolando Zapata Bello visitó áreas de cultivo de la empresa Agricultura Abierta y Protegida de la Península. Los anfitriones, según consignó un boletín oficial, fueron los socios inversionistas Francisco Irazoqui Galaviz y José María Sabín Sabín, quienes guiaron a la comitiva (Foto oficial)

"La Fiscalía ha tomado con toda responsabilidad y atención las denuncias de la ASF y en el caso de las relacionadas con la Sagarpa, pronto podríamos ver las primeras consignaciones. Esta vez la cosa va en serio", dice una fuente de la FGR que pide no ser identificada.

Embargos del SAT

Respecto al SAT, la información en poder del Central 9 -que se detallará en siguientes entregas- confirma que esta dependencia ya embargó los bienes de decenas  de personas físicas y morales acusadas de malversar los subsidios de la Sagarpa, mientras la UIF ha bloqueado las cuentas bancarias de varias empresas “factureras”, ligadas a esos desvíos.

Central 9 obtuvo copia de los dictámenes de auditoría de la ASF aplicadas a las empresas yucatecas involucradas en este cuantioso fraude, así como de las denuncias presentadas en su contra ante la FGR. También tuvo acceso a información incluida en las carpetas de investigación.

De acuerdo con esos documentos, la mayor parte de los subsidios desviados en Yucatán, como parte de la "estafa maestra" de la Sagarpa, estaban destinados a supuestos proyectos para cultivar e industrializar chile habanero, promovidos, principalmente, por empresas vinculadas al empresario norteño avecindado en el estado, César Francisco Irazoqui Galaviz.

Estas irregularidades son distintas a otras denunciadas por la ASF en Yucatán, atribuidas a presuntos malos manejos de los recursos del Programa de Concurrencia, por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán, que afectó a pequeños productores citrícolas y ganaderos, como Central 9 ha publicado.

En el caso que ahora presentamos, Irazoqui Galaviz armó una red con varias empresas yucatecas, la mayoría "fantasmas" o simuladas, que recibieron cuantiosos subsidios de la Sagarpa entre 2015 y 2017, e incluso antes de esos años, de parte de la misma dependencia y de otros organismos públicos, como el Conacyt.

Las compañías vinculadas con Irazoqui Galaviz incurrieron en las mismas anomalías detectadas por la  ASF en otras partes del país, incluyendo la falsificación de documentos bancarios y hasta notariales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, a esta red pertenecerían empresas como Agricultura Abierta y Protegida de la Península, Bebidas y Concentrados Saludables, Agrohermanos de Frutas, Invernaderos Inteligentes de la Península y Agroindustrial de Invernaderos del Sureste.

 También Agroindustrial Peninsular San Francisco, Agroindustrial Irazoqui y  Agroindustrial de Sinaloa.

Operaciones simuladas y prestanombres

Según las averiguaciones de la ASF y de la Fiscalía de la República, varias de estos beneficiarios de la Sagarpa compraron facturas a compañías identificada por  el  SAT como “Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas”, (una práctica tipificada como delito fiscal que amerita cárcel), como Construcciones Terrazur, Concrerama, Rentamid Sureste, Rentosur, Excavaciones y Maquinaria Pesada y Perforaciones y Edificaciones del Sureste,  entre otras.

Como ya dijimos, la UIF "congeló" las cuentas bancarias de varias de estas empresas y el SAT embargó parte de sus bienes.

Además de la red de empresas, Irazoqui Galaviz tejió otra red de prestanombres integrada por miembros de su familia, incluyendo su esposa, sobrinos e hijos -y también socios, empleados y amigos de éstos- así como varios supuestos productores de chile habanero, según información en poder de Central 9.

En esta red participó también al exrector de la Universidad Anáhuac Mayab, José María Sabín Sabín, quien dos años después de renunciar al sacerdocio y  abandonar la congregación de los Legionarios de Cristo, apareció en una gira del exgobernador Rolando Zapata Bello, en agosto de 2016, como socio de Irazoqui Galaviz en la empresa  Agricultura Abierta y Protegida de la Península S.A de C.V. 

Esta compañía se dedica supuestamente al cultivo de chile habanero en invernaderos y a la industrialización de la capsaicina, una sustancia extraída de ese fruto.

A través de esta compañía, Irazoqui Galaviz operó varios de los subsidios que recibió de Sagarpa.

El empresario norteño, de 63 años, la fundó el 13 de marzo de 2015, ante la fe del notario Manuel Emilio García Ferrón, con un capital social inicial de $50,000, en sociedad a partes iguales con su hijo Felipe Francisco Irazoqui Farah, de 38 años.

 A principios de 2016, la entonces Sagarpa, a través de la Cofupro, que fungió como organismo dispersor de los recursos, entregó a Agricultura Abierta y Protegida de la Península $15 millones del Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria.

El dinero se debía destinar a la ejecución del proyecto “Deshidratado de chile habanero a baja temperatura controlada, que permita conservar el contenido total de capsaicina disponible para fines industriales a grandes escalas”.

Supervisión del entonces gobernador

El 31 de julio de ese año, Zapata Bello visitó las instalaciones de esa empresa, ubicadas en la carretera Hoctún-Tahmek, sobre un terreno de tres hectáreas, para conocer el avance del proyecto y lo hizo de la mano de Irazoqui Galaviz y Sabín Sabín.

Rolando Zapata en recorrido por cultivos de chile habanero
Recorrido por los invernaderos de la empresa Agricultura Abierta y Protegida de la Península, el 31 de diciembre de 2016 (Foto oficial)

Éste, quien durante 17 años fue rector de la Universidad Anáhuac Mayab, se presentó en esa visita como "socio" de Irazoqui, aunque a Sabín no se le conocía experiencia en el cultivo de chile habanero, sino, más bien, sobresalía por sus vínculos políticos.

En 2012 el exrector formó parte del equipo de transición del gobernador electo Zapata Bello y en 2018 fue parte del "comité ciudadano" del programa "Dono mi sueldo", impulsado por el entonces aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del estado, Liborio Vidal Aguilar que, según él, repartía su sueldo como diputado federal en distintas obras sociales.

En esa visita, según un boletín oficial, "el gobernador constató la tecnología de última generación en los invernaderos con el método de hidroponia, con una capacidad de producción de 170 toneladas por hectárea".

También escuchó los planes de los empresarios para extraer capsaicina del chile habanero, usada en la industria farmacéutica y en la elaboración de productos de protección y pinturas anticorrosivas.

Sin infraestructura

Empero, Zapata Bello y su comitiva no observaron ninguna obra física, ni equipos o herramientas relacionadas con el proceso del "deshidratado de chile habanero" para extraer capsaicina.

En efecto, en una revisión a las instalaciones de Agricultura Abierta y Protegida de la Península, enviados de la ASF comprobaron en 2017, un año después de la fecha fijada para terminar el proyecto, que la empresa de Irazoqui y Sabín "no cumplió con la ejecución del proyecto citado".

Los auditores concluyeron que la empresa no desarrolló la investigación sobre la extracción de la capsaicina, "por no contar con los recursos humanos, materiales y técnicos para hacerlo" e incluso el área de deshidratado, era solo una seleccionadora de chiles que, además, estaba siendo usada para una función distinta al objeto del proyecto.

El dictamen de la ASF sobre este caso, fechado en enero de 2018, evidenció solo las primeras de muchas otras irregularidades que después se descubrirían, no solo en este caso, sino en muchos otros, cometidas casi con el mismo patrón, y que sirvieron para que un pequeño grupo de funcionarios y empresarios se apoderaran de decenas de millones de pesos de dinero público que debía destinarse al mejoramiento del campo yucateco, en lo que fue, en efecto, una auténtica "estafa maestra” (CONTINUARÁ)

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