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La estafa maestra de la Sagarpa tiene a funcionarios en la mira

Ricardo Aguilar Castillo
Ricardo Aguilar Castillo, actual secretario de Organización del PRI nacional, está en la mira de las autoridades por su presunta participación en la estafa maestra de la Sagarpa

El secretario de Organización del PRI nacional, Ricardo Aguilar Castillo, estaría en la mira de las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en la llamada "estafa maestra" de la Sagarpa en el sexenio pasado y sus ramificaciones en Yucatán, de acuerdo con información obtenida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Aguilar Castillo, diputado federal y político muy cercano a Enrique Peña Nieto, fue subsecretario de Alimentación y Competitividad en la Sagarpa (hoy Sader) entre 2012 y 2018.

Desde esa posición habría coordinado al equipo de operadores encargado de desviar por lo menos 3,500 millones de pesos del presupuesto de esa dependencia, mediante la simulación de apoyos al campo y la contratación de falsos estudios, entre 2015 y 2017, según lo publicado por el Diario.

En las últimas semanas, reporteros de Central 9 han ido desentrañando esta nueva forma de desvío de recursos federales.

Esta estafa es distinta a la también llamada "estafa maestra" de la Sedatu, en la que funcionarios de esa dependencia, encabezados por Rosario Robles Berlanga, presa actualmente, se apropiaron de miles de millones de pesos mediante la firma de convenios con decenas de universidades y dependencias públicas para hacer falsas investigaciones.

Ricardo Aguilar Castillo, es considerado uno de los políticos más cercanos a Enrique Peña Nieto

Aunque algunos consideran que en el gobierno de Peña Nieto solo hubo una "gran estafa maestra" a cargo de la Sedatu y de la Sedesol y Sagarpa, Central 9 se ha concentrado en esta última dependencia.

Sus reporteros tienen información sobre los desvíos orquestados por la Sagarpa en Yucatán y Zacatecas, a través de una operación casi igual a la muy conocida de la Sedatu y que habría recibido, en efecto, el impulso de Aguilar Castillo.

El nombre de este exfuncionario aparece en el expediente FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000009/2018, causa penal 155/2018, abierto por la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del gobierno federal.

Esa carpeta se deriva de una denuncia penal interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017 ante la Fiscalía General de la República en contra de la Sagarpa y de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por el desvío de 274 millones 573 mil pesos del erario.

La Sagarpa firmó convenios de colaboración con esas universidades en 2015 para realización de estudios sobre temas relacionados con el campo y brindar asesoría técnica a productores agrícolas.

Empero, la ASF detectó que esos estudios eran copia de artículos publicados en Internet, y que las asesorías nunca se dieron.

Según la Auditoría Superior, la UAZ firmó otros convenios de "colaboración científica y de asesoría técnica" con la Sedatu, dentro de la "estafa maestra" de esa dependencia, lo que ameritó una denuncia aparte.

Como resultado de las denuncias penales de la ASF, la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a doce personas, ocho de ellas funcionarios de la Sagarpa y cuatro  directivos de las universidades.

Investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación descubrieron cuantiosos desvíos de subsidios federales en la Sagarpa, que beneficiaron a varios empresarios yucatecos

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los imputados, incluidas en la carpeta de investigación, Aguilar Castillo, en su carácter de subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, coordinaba la firma de los convenios con las universidades de Zacatecas y también supervisaba los apoyos financieros otorgados por esa dependencia a empresas fantasmas de todo el país.

La conexión yucateca de la estafa maestra de la Sagarpa es muy parecida a la de Zacatecas, en cuanto a los funcionarios involucrados, aunque aparentemente es de menor cuantía.

Central 9 publicó el 11 de enero (https://www.yucatan.com.mx/merida/central-9/investigan-a-empresarios-yucatecos-por-una-estafa-maestra-en-el-campo) que de acuerdo con cuatro auditorías de la ASF e informes judiciales sobre el tema, la Sagarpa habría desviado alrededor de 160 millones de pesos en Yucatán, a través de una red de empresarios dedicados al cultivo de chile habanero, coco y cítricos.

Estos recibieron cuantiosos recursos federales vía subsidio para impulsar proyectos agrícolas, pero no los realizaron y se quedaron con el dinero.

En la estructura montada por Aguilar Castillo para orquestar los desvíos, una pieza clave fue su subalterno Aníbal González Pedraza.

Aníbal González Pedraza tuvo a su cargo la estratégica Dirección General de Logística y Alimentación de la Sagarpa en el sexenio pasado. A través de esta dependencia se desviaron cientos de millones de pesos de apoyos al campo. González es actualmente alto dirigente del PRI nacional

Este ocupó la estratégica Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) -antes se llamaba Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural- de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de Sagarpa.

Al terminar el sexenio pasado, González Pedraza se incorporó al PRI como subsecretario de Organización, también bajo las órdenes de Aguilar Castillo.

Este, actual diputado federal por Jilotepec, fue presidente del PRI durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y secretario general interino de ese partido a nivel nacional en 2011, después de la renuncia de Humberto Moreira a la presidenta priista.

Aguilar Castillo repetirá como diputado federal en los próximos comicios porque ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados plurinominales del PRI en la quinta circunscripción.

La DGLA fue la dependencia encargada de coordinar la autorización y entrega de cientos de millones de pesos de subsidios para la producción agropecuaria entre 2015 y 2018.

Este proceso -dispersión de recursos se le llama en la jerga burocrática- se hizo a través de varios organismos públicos, como el Fira, Firco, Focir, etcétera, y de agrupaciones de la sociedad civil supuestamente especializadas en la supervisión del ejercicio de recursos públicos: Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., Chiapas Siempre Unido, A.C., Biólogos Asociados Consultoría, y otras más, que, sin embargo, se coludieron con la Sagarpa para "tapar" el desvío de los subsidios, según la ASF.

La DGLA, además de coordinar la dispersión de los subsidios, ella misma actuó como un organismo dispersor y repartió cuantiosos recursos a empresas fantasmas.

Las investigaciones de la ASF sostienen que funcionarios de esa dependencia serían los responsables de esta anomalía y en breve podrían ser denunciados penalmente ante la FGR.

Entre estos funcionarios figura Javier Carrillo Toscano, subdirector de Evaluación del Mercado Externo de esa dependencia y Cristian González Quezada, verificador.

El primero firmó la evaluación técnica de numerosas solicitudes de beneficiarios del programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Productividad Agroalimentaria, aunque no reunían los requisitos y en la mayoría de los casos se trataba de compañías que luego fueron denunciadas por el SAT como fantasmas.

Entre las empresas insolventes beneficiadas con el subsidio federal gracias a la autorización de Carrillo Toscano hay varias yucatecas, entre ellas, Agro Industrial Irazoqui, S. de P.R. de R.I. y Agroindustrial de Sinaloa, S.A. de C.V., ambas pertenecientes a la "Red Irazoqui", descubierta por Central 9.

César Francisco Irazoqui Galaviz creó siete empresas fantasmas, varias de ellas dedicadas al cultivo de chile habanero, para desviar subsidios federales. Aquí el empresario en 2016 junto con el exgobernador Rolando Zapata.

Esta es una red de siete empresas creadas exprofeso, entre 2012 y 2015, en contubernio con los funcionarios priistas de la DGLA, por el sinaloense avecindado en Yucatán César Francisco Irazoqui Galaviz.

Su propósito: simular su condición de empresas formales y solventes, a fin de recibir los subsidios de la Sagarpa.

Además de estas compañías, Irazoqui Galaviz creó y puso a nombre suyo y de sus familiares, amigos y empleados, otras cinco: Agricultura Abierta y Protegida de la Península, Agrohermanos de Frutas, Invernaderos Inteligentes de la Península, Agroindustrial de Invernaderos del Sureste y Bebidas y Concentrados Saludables.

A través de ellas obtuvo y desvió a su favor más de 120 millones de pesos en subsidios sin llevar a cabo ni un solo proyecto.

Irazoqui Galaviz llegó a Yucatán alrededor del año 2000 como funcionario de Banrural. Luego pasó a la iniciativa privada y en 2007 formó la compañía Agroindustrial Peninsular San Francisco, para elaborar horchata "light" en Chapab. Este negocio fracasó, pero antes obtuvo cuantiosos subsidios oficiales y préstamos privados que nunca devolvió, como informaremos en otra entrega.

César Francisco es hermano de Gilberto Irazoqui Galaviz, un empresario agrícola y político del PRI en Los Mochis, quien, al parecer, lo contactó con los funcionarios priistas de la DGLA. Esto le permitió recibir los subsidios a través de empresas como Agroindustrial de Sinaloa, S.A. de C.V.

Esta compañía se creó en Mérida en 2012 ante el notario Manuel García Ferrón, el mismo que atestiguó la apertura de las demás empresas de la "Red Irazoqui".

Los socios fundadores fueron el propio Irazoqui Galaviz y su esposa Rossi Olivia Farah Lara y el mismo año de su fundación ambos cambiaron el domicilio social de la compañía a Los Mochis.

En 2015 recibió subsidios de la Sagarpa a fondo perdido por 19 millones 998 mil 709 pesos, a cambio de una aportación de los socios de 11.5 millones de pesos para un proyecto agrícola.

Un reporte de la ASF incluido en la auditoría forense 15-0-08100-12-0339, 339-DE, revela que Irazoqui Galaviz "omitió aplicar a los fines autorizados los subsidios que recibió y presentó documentación presuntamente alterada, ya que exhibió estados de cuenta bancarios que no son coincidentes con los obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".

Por ejemplo, en los estados de cuenta dijo tener depósitos por once millones 400 mil pesos, cuando el saldo real era de un millón 400 mil pesos.

En noviembre de 2017, el SAT la incluyó en su lista de "empresas facturadoras de empresas simuladas".

Otra empresa de la "Red Irazoqui", apoyada por la DGLA, fue Agro Industrial Irazoqui, S. de P.R. de R.I.

La Sagarpa le entregó en 2015 un subsidio para proyectos agrícolas de  20 millones de pesos, pero esta compañía cometió las mismas irregularidades que las detectadas por la ASF en Agroindustrial de Sinaloa.

Además, en ese mismo año, esta empresa apareció en la lista de beneficiarios del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, del Conacyt, con un apoyo federal por ocho millones 447 mil, 100 pesos, para la extracción de capsaicina, una sustancia de uso industrial presente en los chiles.

En 2016, esta compañía recibió otro subsidio de la Sagarpa, esta vez por 14 millones 850 mil pesos para un "proyecto de innovación y desarrollo tecnológico".

En total, la empresa, la primera y la principal de la "Red Irazoqui", recibió subsidios federales a fondo perdido por 43 millones 297 mil,100 pesos, que no fueron invertidos, según las normas y, en cambio, se desviaron en provecho de Irazoqui y de los funcionarios de la DGLA, de acuerdo con la ASF.

Además de estas dos compañías, la DGLA, el centro neurálgico de la Sagarpa para desviar cuantiosos recursos públicos a empresas fantasmas -controlada por el grupo político de Peña Nieto- apoyó con subsidios a dos empresas más de Irazoqui Galaviz, aunque a nombre de otras personas, asentadas cerca de Hoctún: Invernaderos Inteligentes de la Península y Agroindustrial de Invernaderos del Sureste.

Ambas recibieron apoyos a fondo perdido por nueve millones 640 mil pesos y nueve millones 371 mil pesos, respectivamente, que también fueron desviados, como informamos en el Diario.

(https://www.yucatan.com.mx/merida/central-9/ninguna-construccion-falsifican-estados-de-cuenta-para-recibir-subsidios y https://www.yucatan.com.mx/merida/desvios-gravisimos). Continuará.

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