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La mafia agraria, con cómplices en el poder

La mafia agraria que ha operado en Yucatán en los últimos años contó con respaldo de alto nivel, proporcionado por personal de oficinas públicas que en varios casos se desempeñó como auxiliar de los orquestadores de despojos y extorsiones a propietarios legítimos de inmuebles, confirman fuentes del ramo a Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Entre los más recientes afectados por esa red ilegal figuran más de 200 vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, que desde 2017 se enfrentan a juicios amañados y tuvieron que emprender prácticamente su propia defensa.

Hoy, una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, les abre a esos colonos una ventana de esperanza de solución a un problema que los ha mantenido en zozobra ante la amenaza de perder sus casas, en las que habitan desde hace muchos años.

Era un secreto a voces

La operación de esa mafia agraria era un secreto a voces en el ámbito agrario, pero la resolución ya mencionada, inédita en sus conceptos, le puso nombre y apellido y exhibió la forma en que trabaja para extorsionar a personas que adquirieron sus casas de buena fe y con todos los procedimientos legales.

Hace dos semanas publicamos detalles del acuerdo del Tribunal, que puso al descubierto el contubernio de personal de tres dependencias federales con dirigentes ejidales para obtener dinero de atemorizados vecinos.

Solo unos cuantos cayeron en la trampa. Cuatro han fallecido, en medio de la desgastante lucha para salvar sus propiedades.

Protesta de vecinos de Del Arco y Vista Alegre contra la mafia agraria, en  enero de 2019
En enero de 2019, vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre salieron a las calles para protestar contra lo que llamaron despojo de sus propiedades (Megateca)

Después de la resolución del TUA, de la que se dio vista a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE) por la probable comisión de ilícitos, Central 9 recurrió a fuentes del ramo agrario y a dirigentes de los vecinos afectados para obtener más detalles de la forma de operar de la mafia e identificar a sus cabecillas.

Por los colonos contamos con la colaboración de Russell Santos Morales y Antonio Pacheco Gasca, quienes forman parte de un grupo que encabeza la defensa jurídica.

Antecedentes de prolongada batalla contra la mafia agraria

A continuación, los datos más relevantes:

—Los vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre adquirieron sus terrenos a un particular desde 1975, cumpliendo todos los requisitos de ley.

—Según el historial registral de los predios, éstos son propiedad privada desde 1913, aunque han cambiado de dueños con el paso de los años.

—En 2017, el entonces presidente del Comisariado Ejidal de Chuburná, Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, y su asesora jurídica, Rebeca Buenfil Méndez, presentaron las primeras demandas de un total de 203 contra vecinos de esas unidades. Alegaron que las casas se construyeron en terrenos del ejido.

—El Tribunal Unitario Agrario admitió las demandas. Los ejidatarios pedían la restitución de sus tierras o una indemnización económica.

Doble papel e información privilegiada

—La abogada Rebeca Buenfil fue funcionaria de la Procuraduría Agraria, como hace notar la reciente resolución del Tribunal, y tuvo acceso a información privilegiada que luego usó para sus fines y los de sus clientes.

—Se trataba de un esquema bien estructurado. Rebeca Buenfil, según la resolución ya citada, recibía apoyo de personal del propio Tribunal antes de la llegada de su nueva magistrada, Lilia Isabel Ochoa Muñoz, así como de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional. Era una mafia infiltrada en los pasillos oficiales.

Una “vergonzosa participación”

—El acuerdo del Tribunal Unitario Agrario sobre el conflicto, fechado el 2 de marzo pasado, admite que el personal que intervino en los juicios se extralimitó en sus funciones, dictó lineamientos en una asamblea ejidal, puso precio a las tierras sin justificar peritajes, realizó cobros o requirió recibos de pago a los colonos.

—Se trató de “una vergonzosa participación” de funcionarios de esa dependencia, en cuyas instalaciones se realizaban las operaciones ilícitas. Al menos en esa institución, la estructura se desmanteló al ser relevado el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez por la abogada Ochoa Muñoz.

Antonio Luis Betancourt, ex magistrado del Tribunal Unitario Agrario  de Yucatán
El anterior magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Antonio Luis Betancourt Sánchez, se enfrenta a una protesta de ejidatarios que pedía su destitución, en 2019 (Megateca)

Directiva ejidal en familia

—En el expediente han intervenido dos directivas del comisariado ejidal de Chuburná. En la primera era presidente Baltazar de los Reyes Huchim. Como la ley no le permitía seguir en el cargo, se designó como su sucesora a su esposa, Lilia Adriana del Pilar Nabté Lugo. El primero era taxista y aceptó que no podía dedicarle tiempo “a todo esto”.

—Baltazar Huchim también comentó en una ocasión a la magistrada Lilia Ochoa que el ejido ya no tiene tierras y la única forma de “sacar algo de dinero” era mediante los juicios contra los colonos.

Táctica intimidatoria y acompañamiento ilegal

—Cuando se interpusieron las demandas en 2017, Rebeca Buenfil acudió con el actuario del Tribunal Unitario Agrario a entregar las notificaciones a los vecinos. En lugar de dar primero la notificación se decía a los propietarios que sus casas están en tierras de uso común y “están a punto de perderla”.

Ilegalmente, se proponía a los colonos un convenio que les permitiera pagar una indemnización económica (unos 70 mil u 80 mil pesos, en promedio) para no perder sus propiedades. Si no accedían o pedían tiempo para  enterarse del caso, entonces les dejaban la notificación de una demanda en su contra. La abogada Buenfil llevaba la voz cantante.

—Cuando se hacían diligencias de levantamiento topográfico o de otro tipo, sobre los terrenos, se repetía esa situación: la asesora de los ejidatarios era quien giraba órdenes.

Sentencia con planos alterados

—El 3 de enero de 2019, el Tribunal dictó una sentencia que obligaba a los vecinos a pagar al ejido una retribución.

—Según los vecinos, el magistrado Betancourt Sánchez consideró válidas las pruebas presentadas por los ejidatarios, consistentes en planos de la zona notoriamente alterados, y no tomó en cuenta las pruebas documentales y testimoniales de los afectados. Solo aceptó una prueba pericial.

Planos irregulares

—El magistrado afirmó que esas casas se encuentran dentro de una superficie de más de 4,000 hectáreas dotadas al ejido por resolución presidencial de mayo de 1925. Fundamentó su resolución en un plano del ejido  elaborado en 1992, donde solo aparece el triángulo de la superficie en disputa, alrededor de 26 hectáreas. Ese plano se deriva precisamente del elaborado en 1925.

—Durante la larga lucha, los vecinos han encontrado en el expediente planos sin referencias y documentos poco legibles, que, paradójicamente, fueron tomados en cuenta en la sentencia. No dudan de una complicidad entre el magistrado Betancourt Sánchez y la abogada Rebeca Buenfil.

—Impugnaciones y otros recursos frenaron la ejecución de la sentencia. Con su resolución del 2 de marzo pasado, el Tribunal Agrario decidió agrupar en un solo paquete los 203 juicios a que se enfrentan los colonos.

Caso parecido con desenlace distinto

—Este asunto es muy parecido al del fraccionamiento Los Álamos, ubicado frente al Del Arco. En 1994, el ejido de Chuburná demandó a los dueños de ese fraccionamiento con el mismo argumento:  construir en terrenos ejidales.

—Al final, los vecinos de Los Álamos perdieron el juicio y pagaron una indemnización a los ejidatarios. Hay indicios, de acuerdo con nuestras fuentes, de que se dejaron ganar intencionalmente y firmaron acuerdos oscuros con el ejido.

—Hay gente muy conocida involucrada en ese caso de Los Álamos, que representó también un revés para los bancos que habían financiado la compra de esos inmuebles.

Protestas y destitución en el Tribunal

—En los casos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, la actuación del magistrado Betancourt Sánchez y las señales de complicidad con los asesores de los ejidatarios motivó numerosas protestas que derivaron finalmente en la destitución del funcionario.

—El 28 de junio de 2019, la abogada Lilia Ochoa asumió la titularidad del Tribunal. Es la autora de la inédita resolución que exhibe a la mafia agraria que tiene como una de sus principales operadoras a la abogada Buenfil Méndez.

Para los vecinos afectados, ese acuerdo refrenda la confianza que se debe tener en el Tribunal Agrario y les hace abrigar esperanzas de que su caso tendrá un justo final, con un golpe para la mafia agraria.

Lilia Ochoa Muñoz, magistrada del Tribunal Unitario Agrario  en Yucatán
La llegada de la nueva magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Lilia Ochoa Muñoz, en medio de protestas contra su antecesor. Los casos de la mafia agraria dieron un giro desde entonces

¿Cómo empezó la pesadilla?

Para entender mejor los orígenes y el desarrollo de este conflicto, los representantes vecinales Russell Santos y Antonio Pacheco detallan, entre otras cosas, lo siguiente:

—En julio y agosto de 2017 comenzaron a ver llegar en el fraccionamiento Del Arco a la abogada Buenfil Méndez, acompañada de un actuario del Tribunal Agrario.

—Pasaban de casa en casa. La asesora de los ejidatarios preguntaba si allí vivía tal o cual persona. Era notorio que tenía información de primera mano. Si recibía respuesta afirmativa, de inmediato señalaba que la vivienda está asentada en tierras de uso común “y usted está a punto de perderla”.

La va a perder, a menos que…

—La reacción lógica de los vecinos era de sorpresa. Solo acertaban a preguntar cómo era posible que estuvieran en peligro de perder algo por lo cual ya habían pagado.

—La abogada era contundente: “No, no la tiene segura. La va a perder, a menos que lleguemos a un acuerdo”.

—El acuerdo era darle en ese momento (era 2017) 70 mil u 80 mil pesos. La exvisitadora de la Procuraduría Agraria tenía una hoja en la que solo había que escribir algunos datos para entregarla como “comprobante” al propietario.

Temor, zozobra, pánico…

—La mayoría de los dueños de la casas son jubilados. Indicaban que no tenían el dinero para llegar al “acuerdo”.

—La litigante les decía: “Pues consiga el dinero. Su casa vale un millón de pesos y no creo que la quiera perder”.

—El temor de perder su patrimonio generó zozobra entre los colonos. Pánico incluso.

La amenaza: “En el juicio nos vamos a ver”

—Si no conseguía su propósito, Rebeca Buenfil le ordenaba al actuario que entregara la notificación de las demandas que ya había presentado. “En el juicio nos vamos a ver”, amenazaba.

—La intimidación no terminaba allí, pues la abogada pedía a sus interlocutores números telefónicos y otros datos que después utilizaba para contactarlos de nuevo y continuar con su estrategia de amedrentar.

Una de las protestas de los vecinos de Del Arco y Vista Alegre. En la manta acusan a la licenciada Rebeca Buenfil Méndez, ex funcionaria de la Procuraduría Agraria y asesora del ejido de Chuburná (Megateca)

Flaco favor de un abogado para la defensa

—Los vecinos decidieron reunirse para tomar cartas en el asunto. Acordaron contratar al abogado Raúl Bardales, especializado en juicios agrarios. Este les dijo, en el único encuentro que tuvieron con él, que el caso “está perdido” y no hay nada que hacer, pero él podía ayudarlos a conducir el juicio y llegar a un acuerdo con la parte demandante.

—A pesar del señalamiento de que el caso “está perdido”, cuando ni siquiera había entrado a su estudio, Bardales adelantó que tendrían que pagarle unos cinco mil pesos en cada audiencia, además de darle dinero para copias y actividades externas.

—Los vecinos decidieron no contratarlo finalmente y buscaron apoyo con el Tribunal Unitario Agrario y el gobierno del Estado. En el primer caso les dijeron que les gestionarían un defensor de oficio, que proporciona la Procuraduría Agraria, y en el segundo les apoyaron con un topógrafo por conducto de la Dirección de Asuntos Agrarios.

Hasta litigantes se volvieron

—A partir de ese momento los vecinos se organizaron contra la mafia agraria. Formaron un equipo de siete u ocho personas que se convirtieron prácticamente en litigantes y comenzaron a buscar elementos que sirvieran de apoyo a la defensa. Así recurrieron a dependencias en busca de planos y otros documentos y durante el proceso se fueron percatando de muchas inconsistencias.

—No lo sabían, pero era el principio de una lucha frontal contra lo que resultó ser una mafia agraria protegida desde las instancias oficiales (CONTINUARÁ)

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