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Las empresas fantasmas y el SAT: ¿impunidad o castigo?

El SAT procede contra particulares que venden y compran facturas irregulares, pero no contra los gobiernos

¿Son las empresas fantasmas parte de una estrategia derivada de la coyuntura económica y política de los últimos años? ¿Son cada vez menos con el endurecimiento de las medidas de las autoridades hacendarias?

De acuerdo con Víctor Manuel Villasuso Pino, profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), ni son nuevas ni han desaparecido. Tampoco ha variado mucho su modus operandi.

“Siempre han existido, y estoy hablando de años”, explica el especialista en Derecho Tributario. “Son negocios que facturan, no prestan servicios ni entregan bienes, y lo mismo venden facturas a empresas particulares que al gobierno, tanto municipal como estatal y federal”.

Contra “factureros” y contra compradores

El experto subraya que hay medidas que establecen las leyes para sancionar esos ilícitos, que se dividen en procedimientos fiscales y penales.

Además, enfatiza que cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluye en su lista negra a una empresa no solo tiene facultades para proceder contra esta última sino también contra quienes adquirieron facturas.

El gobierno la libra porque no paga el ISR

En el caso de los gobiernos que también son compradores de facturas irregulares dice que al SAT no le interesa seguir un procedimiento porque aquéllos no pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Ante esta situación es más común ver que inicien diligencias autoridades de otro nivel, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o sus similares de los estados, para documentar ilegalidades de funcionarios involucrados.

También se pueden considerar acciones legales de autoridades administrativas, como las contralorías, para establecer y definir responsabilidades.

Sin embargo, estos procedimientos que abarcan los diferentes niveles de la administración pública no necesariamente llegan a una sanción, porque la autoridad no siempre le da un seguimiento efectivo y tampoco pasa a la etapa de presentar una denuncia en el ámbito penal, aunque tiene las facultades para ello.

Antecedentes de la red

En los últimos años salió a la luz pública la operación de una red de empresas fantasmas durante el sexenio 2012-2018 en Yucatán.

En la esfera del gobierno del Estado, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, documentó actividades de casi un centenar de empresas que expidieron facturas por cientos de millones de pesos por supuestos servicios y bienes a dependencias estatales.

También se denunció la operación de empresas utilizadas en el Ayuntamiento de Mérida en el trienio 2015-2018, pero la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) informó en febrero del año pasado que cerró la investigación porque no encontró  irregularidades.

En la lista negra del SAT

A la fecha, las únicas  acciones que se conocen en torno a la red fantasma del gobierno anterior son del SAT, que ya incluyó a una veintena de esas empresas en “el listado global definitivo” en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Esto significa que esas compañías emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

La mayoría de los negocios que están en la lista negra ofrecieron “servicios” al sector salud.

Los más recientes, parte de la red

Entre los que nombres que se dieron a conocer en fechas recientes está el de A Moot Point, S.A. de C.V., que fue parte medular de la red fantasma del sexenio anterior por la injerencia directa de Sergio Martín Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador, mediante su cuñado y empleados del Ejecutivo que estaban al servicio de la compañía.

Reporteros de Central 9 detectaron en la lista negra del fisco a otra empresa que facturó al gobierno anterior: Comercializadora Rocu, S.A. de C.V., que fue boletinada a principios del año pasado por sus actividades irregulares.

Del ramo de construcción pero reparaba autos

Comercializadora Rocu, creada en noviembre de 2015 con el giro de venta de maquinaria y equipo para la construcción, facturó millonarias cantidades a la Fiscalía General del Estado (FGE) por reparación de vehículos. En 2016 y 2017 fueron continuos los “desperfectos” de los automóviles de esa dependencia.

El domicilio que indica esa firma en sus facturas es el mismo que aparece en las de Construcciones y Soluciones Macra, otra empresa de la red que cobró a Servicios de Salud de Yucatán (SSY) por trabajos de albañilería, limpieza, pintura e impermeabilización.

Central 9 ubicó esa dirección en la calle 4 número 206-A entre 27 y 29 de la colonia Santa María Chi, en el oriente de la ciudad.

Nueve más al banquillo de los acusados

En su actualización de este año, publicada hace unos días, las autoridades fiscales incluyeron en la lista de fantasmas a otras nueve empresas vinculadas con Yucatán, aunque hasta ahora no se les han hallado nexos con el gobierno.

Las razones sociales son: Lu’Um de Yucatán, Perforando Yucatán, OMSK Distribuidora Yucateca, Diseño y Construcción Yucateca del Mayab, Logística Integral Yucateca, Centro de Practinegocios Yucatecos, Sefer del Mayab Constructora, Agroproductos del Mayab y CRA Consultora del Mayab.

Asoma de nuevo la conexión Jalisco

Una vez más llama la atención un vínculo con Jalisco: OMSK Distribuidora Yucateca, S. de R.L. de C.V., y Diseño y Construcción Yucateca del Mayab, S.A. de C.V., ya fueron disueltas en operaciones protocolizadas e inscritas en Zapopan.

El notario que dio fe de las actuaciones de OMSK Distribuidora Yucateca es Salvador Oropeza Casillas, quien también intervino, como informamos hace unos días, en la constitución legal de  Royal Nova y en la liquidación de Interpelar Proyectos.

Estas dos últimas fueron proveedoras del programa Peso a Peso, que ejecutó la Secretaría de Desarrollo Rural. En la actualidad, ambas están extinguidas jurídicamente.

El notario Oropeza Casillas también dio fe de la constitución y disolución de T y W Consultores, otra empresa de la red fantasma que recibió pagos por supuestos servicios de mantenimiento y conservación a la FGE.

Es una práctica común

Entrevistado sobre las consecuencias a que se enfrentan las “factureras” al ser clasificadas definitivamente como irregulares, el doctor Villasuso Pino explica que la operación de esas empresas ha sido una práctica común y en el medio todos saben cuáles son.

Sobre el ámbito del gobierno recuerda que con el nacimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública los ciudadanos pueden solicitar documentos sobre estas operaciones, pero solo obtienen la factura. No pueden comprobar si la información que se detalle es auténtica, algo que les pudiera confirmar que el arbolito reportado, por ejemplo, realmente existe.

Impacto de los cambios legales

El profesor investigador recalca que siempre han existido miles de empresas fantasmas, pero en 2014 entró en vigor el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que permite dictaminar, cuando emite el listado definitivo, cuáles son inexistentes.

El artículo 69-B define un procedimiento que puede culminar con la declaración de una Empresa que Factura Operaciones Simulada (EFOS). En esta situación, todos sus comprobantes fiscales quedan sin efecto.

Cuando esto ocurre, abunda el especialista, la empresa que adquirió esas facturas –Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS) – tiene un plazo de 30 días, contados a partir de la publicación del listado definitivo en el Diario Oficial de la Federación, para demostrar que realmente adquirió esos bienes o la prestación del servicio.

No es tan fácil desaparecer

También señala que los negocios que se dedican a vender facturas a los sectores privado y público por lo general tienden a desaparecer después de algún tiempo, pero hacerlo ahora es más difícil porque hay muchos candados y requisitos para entrar a fase de liquidación.

Entre tales requisitos cita que el contribuyente debe estar en condición de “localizado” y se verifica en todo el país si no se ha dado de baja. Ya verificados todos los aspectos, la autoridad dispone de un plazo para valorar y dictaminar.

El doctor Víctor Manuel Villasuso Pino (centro) con ganadores de un maratón de conocimientos en Quintana Roo. Los asesoró en el tema fiscal

“No es automático como antes, cuando inmediatamente se daba de baja”, insiste. “Hoy por hoy es un peregrinar, incluso para empresas bien establecidas”.

El doctor Villasuso Pino subraya que la baja dejó de ser automática hace como dos años, cuando empezó un control más rígido de la autoridad. Ahora ésta tiene que determinar que se cumplen los requisitos, entre ellos que tanto el vendedor como el comprador de la factura no estén en los alcances del artículo 69-B del Código Fiscal, ni en el concepto de presunción ni en el listado definitivo.

Si no lo localiza, el proceso sigue abierto

Cuando se le pregunta qué ocurre con las empresas que no pueden ser localizadas en su domicilio fiscal, lo mismo que sus accionistas, el entrevistado indica que el SAT tiene la facultad de localizar y visitar al contribuyente. Si no lo ubica, el proceso sigue abierto y esa conducta del causante está tipificada como delito fiscal.

También precisa que en estos casos se está hablando de un proceso administrativo, que es muy diferente del que se puede seguir por la vía penal.

En la parte administrativa se puede obligar al incumplido a pagar impuestos y, en algunos casos, se le embargan su casa y otras propiedades. Si la autoridad lo desea y tiene los elementos suficientes puede interponer una querella penal.

A discreción de la autoridad

Es precisamente en este punto donde se cae en la discrecionalidad, porque en asuntos relacionados con el fisco solo se puede iniciar un procedimiento penal por querella de la autoridad. Solo si ésta quiere, lo inicia.

En cuanto a algún plazo para que venza la acción persecutoria de la autoridad, el catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Uady explica que lo que prescribe es solamente la obligación de pagar impuestos.

“Mi obligación es pagar impuestos y hay fechas para presentar las declaraciones. El 31 de marzo, por decir algo”, apunta. “Si en cinco años no pagas, la obligación prescribe, a menos que en ese lapso se inicie una acción de cobro y entonces el plazo e interrumpe”.

Difícil que se le “pase” a Hacienda

No obstante, añade que esa prescripción no es tan sencilla, porque lo más seguro es que Hacienda requiera al contribuyente para el pago.

Considerando el plazo mencionado líneas arriba, el 1 de abril el contribuyente ya es sujeto de un crédito fiscal, por no haber cumplido con su declaración. En el transcurso de cinco años –puede ser al segundo, tercero o cuarto–, Hacienda le puede hacer una auditoría y en ese momento, después de la revisión, determina el monto del crédito fiscal.

No se trata de dos créditos fiscales, sino de dos momentos, precisa el doctor Villasuso. Luego de la auditoría ya se establece el monto y éste sustituye al primer crédito.

Si el crédito fiscal se determina en el cuarto o quinto año, en ese momento empieza a correr otro plazo de cinco para el cobro. El plazo máximo total no puede ser mayor de diez años.

Las que tienen suerte y se salvan

Más adelante señala que muchas empresas logran salvar esa situación, a los cinco años no pasó nada y la obligación ya prescribió. Esto ocurre porque no les “cayó” la auditoría. Si esto se hubiera hecho, entonces al determinarse el crédito fiscal empieza a correr otro término de cinco años.

A una pregunta, detalla que el crédito fiscal se define como el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado, y proviene de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios.

Coloquialmente hablando, prosigue, surge cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación y determina impuestos omitidos. También es un crédito fiscal la obligación de pagar impuestos.

A continuación dice que se debe tener muy en cuenta la figura de caducidad, que es muy diferente de la prescripción. En términos simples, para un contribuyente pudo haber prescrito la obligación del pago de impuestos, pero si no obtuvo la declaratoria de la autoridad –la debe solicitar– está “al aire” y el fisco lo puede volver a revisar.

El SAT no se mete con el gobierno

El SAT procede contra particulares que venden y compran facturas irregulares, pero no contra los gobiernos
El SAT procede contra particulares que venden y compran facturas irregulares, pero no contra los gobiernos

En relación con las diferencias en la persecución a particulares y gobiernos, el experto en Derecho Tributario afirma que esto se explica porque los segundos no pagan ISR.

En teoría, subraya, el SAT sí podría ejercer medidas, como lo hace con cualquier otro contribuyente, pero no le interesa porque con esas facturas o sin ellas el gobierno no paga el impuesto.

Por lo general, según explica, esos casos derivan en procedimientos administrativos de las contralorías, de la Auditoría Superior –federal o estatales–, etcétera, para fincar responsabilidades a los responsables.

“Al SAT no le importa, no se mete”, recalca. “Si tú, municipio, compraste facturas, no se mete porque no vas a pagar impuestos, pero sí lo hace con otro contribuyente. Si le detecta facturas (irregulares) se va sobre él y le dice: me pagas”.

En teoría, hasta la cárcel

Central 9 le hace notar que las facturas anómalas entregadas a los gobiernos representan miles de millones de pesos y le pregunta si esto no conduce a la impunidad.

“Vuelvo a repetir: hay procesos administrativos que deben sancionar a las personas que cometieron esas faltas, que pueden ir hasta la cárcel”, enfatiza. “Puede haber querellas. Existen leyes de responsabilidades administrativas tanto federal como estatales”.

Finalmente, reitera que a pesar de que se han puesto más candados a la formación de empresas fantasmas, éstas todavía operan.

“De que existen, existen”, puntualiza.

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