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Las otras víctimas del tráfico de tierras en Yucatán

Ejidatarios de Suma de Hidalgo y de Ucú, en una protesta ante Palacio de Gobierno en 2017 (Megateca)

Defraudados con lotes ubicados en medio de la nada

El tráfico de tierras ejidales tiene en los campesinos y el desarrollo urbano de Mérida, expansivo y descontrolado, a sus víctimas principales, pero no son las únicas. Las implicaciones y los efectos negativos de la especulación alcanzan a muchos otros sectores de la población.

Acerca de los ejidatarios, el Dr. Othón Baños Ramírez comenta que se vieron solos ante los especuladores, quienes se aprovecharon de su necesidad para pagarles precios irrisorios por sus tierras. “Nadie atendió esa problemática, ni la gente del gobierno ni la gente de la sociedad civil hicieron algo para asesorar a los campesinos a fin de que tomaran más conciencia de su patrimonio, que estaban a punto de perder”.

El problema está en que debido a las condiciones de extrema pobreza en que viven, los campesinos de la zona henequenera no pueden darse el “lujo” de pensar en lo que puede ocurrir en el futuro, señala el catedrático e investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigación Regional de la Uady, en la segunda parte de la conversación con el Diario.

“Sus necesidades son inmediatas, urgentes”, continúa. “A veces se resisten en primera instancia, pero una enfermedad, un problema apremiante o inesperado les exige contar con algo de dinero y se ven obligados a recurrir a ese expediente en las peores condiciones que se pueden imaginar”.

Esa fue la situación, explica. La reforma al artículo 27 constitucional condujo a una nueva Ley Agraria en 1992, la cual generó una evolución de la propiedad colectiva hacia la propiedad privada y permitió la privatización y venta de las tierras ejidales.

“En ese contexto neoliberal, con la modificación a la Ley Agraria los ejidatarios pasaron a ser sujetos del mercado. A partir de entonces son elementos no ya de un sector social, sino de un sector mercantil y allí es donde pierden esa calidad y comienzan a perder todo su patrimonio”, añade.

Un nuevo problema

El tráfico de terrenos ejidales está llegando a un punto crítico en Yucatán y tiene altas posibilidades de hacer estallar un conflicto político, social y económico, como señalamos hace unos días en un reportaje de Central 9, la Unidad de Investigaciones Especiales de Grupo Megamedia.

En ese sentido, el Dr. Baños Ramírez advierte que el tráfico de tierras ha derivado hoy en un nuevo problema. “Hay mucha gente que gastó todo su dinero en la adquisición de un lote para construir su casa y recibió breña. Les vendieron monte, sueños. Esas personas son las otras víctimas de la especulación”.

Los acaparadores de tierras fastidiaron a los ejidatarios hace un buen rato y ahora están haciendo lo mismo con quienes les compraron terrenos"

Dr. Othón Baños Ramírez, investigador

Después de los ejidatarios, está esa gente que compró terrenos baldíos, proyectos de oficina, dibujitos, propuestas en papel. “Esos son los perjudicados de ahora, porque invirtieron sus ahorros con la aspiración de que la tierra comprada ganara plusvalía, valiera más con el paso del tiempo”.

“Eso no está ocurriendo ahora ni va a suceder pronto”, asume el investigador. “El mercado está saturado y los proyectos de desarrollo urbano en esos terrenos, la dotación de infraestructura, están parados y seguirán así largo rato”.

Fueron engañados

Esas personas han sido engañadas. No sabemos aún cuántas son exactamente, pero con toda seguridad habrá una reacción cuando vean que sus terrenos se quedan ahí, abandonados y que los proyectos que les ofrecieron son aplazados o incluso cancelados porque fueron simplemente un gancho de mercadotecnia.

“Tenemos entonces un segundo grupo de gente afectada por la especulación. Son las víctimas actuales: los acaparadores de tierras fastidiaron a los ejidatarios hace un buen rato y ahora están haciendo lo mismo con quienes les compraron terrenos que nunca van a ganar una plusvalía”.

O sea, el mercado de tráfico de terrenos formó una burbuja que se está reventando, señala. Eso es lo que estamos viendo ahora y seguiremos observando un rato más, hasta que la gente esté consciente de la situación.

“En un momento dado va a aparecer la queja de mucha gente porque los proyectos urbanísticos que les prometieron son imposibles de llevar a cabo, dadas las condiciones actuales y las tendencias”, conjetura el Dr. Baños. “El fenómeno de la especulación empezó a desinflarse hace meses, pero a raíz de comenzamos a ver más claramente la situación”.

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Papel del gobierno

Al investigador de la Uady le parece poco probable una intervención del gobierno en los momentos actuales, aunque sería conveniente que lo hiciera, no para “arreglar” lo que ya ocurrió, sino para frenar el crecimiento caótico, desmesurado de Mérida.

Las autoridades deberían aplicar la ley de acuerdo con el reglamento de desarrollo, dice. Esto es, tendrían que exigir a las compañías inmobiliarias que sus desarrollos cuenten con todos los servicios antes de comenzar a vender los lotes.

“Así de sencillo tiene que ser, pero es precisamente lo que no está ocurriendo. La exigencia a los desarrolladores de que pongan todos los servicios urbanos antes de que saquen a la venta el primer terreno tiene como objetivo proteger a los ciudadanos, darles la certeza de que efectivamente su lote no va a quedar en el monte, en medio de la nada. Brindarles la seguridad de que no gastaron su dinero en un simple proyecto de papel”.

Contra la expoliación

Hacia allá deben dirigirse los esfuerzos para enderezar las cosas. “La gente que fue engañada debe organizarse y demandar para que el gobierno exija a esas compañías desarrolladoras que les devuelvan su dinero y los indemnicen, insiste.

Es difícil que pueda haber una ley específica contra la especulación de tierras, considera. Pero si el gobierno realmente aplicara a la ley, si exigiera que se respete el Plan de Desarrollo Urbano —que ya tienen casi todos los municipios—, si obligara a apegarse a los reglamentos, se avanzaría en la solución de esta problemática.

El punto clave es, insiste el Dr. Baños, que el gobierno exija a las compañías que antes de comenzar a comercializarlo, su proyecto esté totalmente urbanizado, que cuenten con todos los servicios: agua, luz, transporte público, servicio de basura, etcétera.

“Eso tendría que estar asegurado para evitar que los compradores sean engañados. De lo contrario están haciendo una especulación con la tierra y el monte. Sólo están vendiendo ilusiones que nunca se van a hacer la realidad. La mercadotecnia vende todo… lo único que tiene que hacer el gobierno es proteger a la gente”, concluye.

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