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El SAT tiene en la mira a empresas factureras de Yucatán

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda  tiene en la mira a decenas de empresas factureras registradas en Yucatán, o que operan en el Estado,  y habrían incurrido en delitos fiscales.

Los responsables de estas compañías, cuyos nombres y domicilios posee el SAT, podrían ser denunciados penalmente.

En un informe sobre este tema,  preparado por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia –cuya primera parte publicamos hoy– damos a conocer los nombres de algunas de esas empresas y de sus socios.

Las compañías factureras son aquellas, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo, 69-B, "que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, por lo que se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes".

Facturas auténticas, operaciones simuladas

Las facturas que emiten estas empresas no son falsas, como muchos creen, sino que cumplen con todos los requisitos fiscales para sean certificadas, explica el director de Información Sistemática de la Península, el economista Antonio Osorio Acevedo.

Lo que es falso es la operación que ampara esa factura, que no existe, sino es simulada”

Antonio Osorio Acevedo, economista

A estas compañías se les denomina legalmente “Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas”, y se dedican a la venta de facturas previa comisión.

La persona o empresa que compra esas facturas sin recibir la mercancía o el servicio facturado, se les llama “Empresas que Deducen Operaciones Simuladas” y  lo  hacen, por lo general, para disminuir sus utilidades, con gastos falsos, y bajar su base del Impuesto Sobre la Renta y, a su vez, generar saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado (IVA), afirma Osorio Acevedo.

Fachadas y prestanombres

Esta práctica está tipificada como defraudación fiscal y se castiga con cárcel, porque constituye una afectación patrimonial al fisco.

Para quienes compran las facturas de “operaciones simuladas”, la sanción es de tres meses a seis años de prisión, según el entrevistado.

En cambio, la pena para quien las expida o enajene será de tres a seis años.

De acuerdo con Osorio Acevedo, por lo general este tipo de compañías carecen de empleados y de un local apropiado.

“Muchas dan como domicilio fiscal terrenos baldíos o humildes casas de interés social, no obstante el volumen de sus operaciones”, apunta.

En algunos casos, los socios son personas modestas o empleados de bajos recursos, que se comportan como prestanombres de otros –los verdaderos delincuentes, que les hacen firmar los documentos notariales y fiscales– a veces de forma voluntaria y en otras mediante un pago.

Los vendedores de facturas no solo trabajan con las grandes compañías, sino también con pequeñas y ofrecen sus servicios a través de despachos jurídicos y contables.

La lista de los contribuyentes que caen en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal aparece cada tres meses en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.

Quienes figuran en esa lista lo hacen primero como “presuntos responsables” y tienen 15 días hábiles para desvirtuar las acusaciones del SAT

Si no lo hacen, entonces su nombre aparece en la "lista definitiva” de contribuyentes que caen en el 69-B, con las consecuencias legales que esto conlleva.

Para “despistar” a las autoridades

Periodistas de Central 9 obtuvieron una lista de decenas de estas empresas y de sus socios y al realizar un primer análisis observaron que muchas de estas factureras se crearon entre 2014 y 2015, ante notarios públicos de Mérida, aunque hay empresas de ese tipo, con operaciones en Yucatán, abiertas en Jalisco, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.

A los periodistas les llamó la atención una conducta recurrente en muchas de estas empresas: el cambio de propietario en dos y hasta en tres ocasiones lo cual, según Osorio Acevedo, es “una forma de despistar a las autoridades”.

También destaca que al ya no ser útiles como empresas factureras, varias de ellas creadas en Yucatán inician su proceso de liquidación, no con notarios de la entidad, sino con fedatarios de varias ciudades de Jalisco, lo cual muestra las conexiones de la red local de venta de facturas con otras zonas del país.

En otras empresas dedicadas a la venta de facturas en algunas ocasiones aparecen los mismo notarios y en otras socios comunes.

Socios comunes

Este es el caso de Operaciones Auxiliares y Servicios Administrativos Corozal, S. de R.L. de C.V., fundada en Mérida el 16 de mayo de 2016 por Juan Miguel Cimé Chan, vecino de Playa del Carmen, y Ramón Abraham Rivero Gutiérrez, de Mérida.

Un año después, Cimé Chan vendió sus acciones a Renán Alberto Canul Palma, que además fue nombrado apoderado de la sociedad. El SAT incluyó a esta compañía en su lista de “Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas” en julio de 2019.

Tanto Cimé Chan como Rivero Gutiérrez aparecen también como socios fundadores de  Servicios y Operaciones Risalda, S. de R.L. de  C.V.,  creada  en Mérida en noviembre de 2013 y boletinada por la autoridad fiscal en junio de 2019.

Otro caso es el de Corporativo de Negocios Yumen, S.A de C.V., fundada en noviembre de 2014 ante el notario Carlos Alfredo Evia Salazar, por Itzel Raquel  Balam Dzul y Gisela Beatriz Tec Pinzón, socios a partes iguales. Ambos nombraron a Oscar Antonio Rodríguez Mézquita como comisario de la sociedad.

Cuatro meses después, en marzo de 2015, ante el mismo notario Evia Salazar comparecieron Tec Pinzón y Andy Raúl López Sánchez para formalizar la creación de otra empresa facturera, Grupo Peninsular Vidaes, S.A. de C.V.,  teniendo como comisario, otra vez, a Rodríguez Mézquita.

Según averiguó Central 9, estas tres personas, en lo  personal y como miembros de Vidaes, emitieron facturas de operaciones simuladas a ayuntamientos del interior del estado.

Empresas satélite

Otra característica que llama la atención es la estrategia de algunas factureras de crear empresas. Primero lo hacen con unos socios, pero luego los cambian, incluso hasta tres veces.

Esto sucede, por  ejemplo, de acuerdo con la información obtenida por Central 9, con compañías como Consorcio Constructor Inmobiliario Aldea, S.A. de C.V.,  fundada en agosto de 2012.

Tres años después, en 2015, sus socios fundadores vendieron sus acciones a Timoteo Guzmán  Gutiérrez y a María Elena Alamilla Pérez, oriunda de Comalcalco, Tabasco.

Apenas dos meses después, estas personas a su vez enajenaron sus acciones a favor de Rolando Omar Balam May y Guadalupe Domínguez Arias  y lo hicieron en Tampico, ante el notario de ese lugar, Leonardo Corona  Álvarez.

Otros caso similar es el de Asesoría y Consultoría Amec, S. de R.L. de C.V., incluida en la lista definitiva de empresas factureras desde octubre de 2018.

Según los datos en poder de Central 9, esta empresa la formaron en octubre de 2014  Irving Alexander Pereiro Estrada  y José Hermenegildo Uh Martín.

En junio de 2017, Pereiro vendió sus acciones a Fernando Cetina Pacheco, pero éste, un año después, en junio de 2018, cedió la titularidad de su parte de la sociedad otra vez a Pereiro Estrada.

En la “lista negra” del SAT

A continuación publicamos la lista de otras factureras detectadas por el  SAT, que cambiaron de socios por lo menos en dos ocasiones:

Constructora Cite, S. de R.L. de C.V., abierta en junio de 2001 por Cinthya y María Teresa Cáceres Peón. En junio de 2010, Cinthya cedió su parte de acciones a Manuel Jesús Cáceres Romero.

El SAT boletinó a este contribuyente en noviembre de 2018.

Fraufa Xt Empresariado Patrimonial, S. de R.L. de C.V., boletinada en junio de 2019 y creada desde enero de 2013 por Ignacio Efraín Xool Mota y Delty Domínguez Bermon.

En octubre de 2018, Domínguez cedió su parte de acciones a José Luis Huchim Uh.

Los primeros accionistas entregaron a Barnavi Keint Várguez Villegas un poder general amplio, que fue confirmado por los segundos accionistas, en escritura pública de enero de 2020,  según datos obtenidos.

Otra empresa de este tipo es Publicidad e Impresos Amec, S. de R.L. de C.V., ampliamente vinculada con la facturación de actividades simuladas, en Yucatán y en otras partes del  país, como Central 9 demostrará en otra ocasión.

El SAT la incluyó en su lista de factureras desde septiembre de 2017.

La empresa la crearon en marzo de 2014 Fernando de Atocha Ibarra Echánove y Roger Armín Pech Canché.

En mayo de 2017, Ibarra, con domicilio en el fraccionamiento Vergel II, vendió sus acciones a Víctor Manuel Sánchez Rodríguez.

Boletinadas por el SAT

Mejores Constructores Empresariales, S.A. de C.V., fundada en mayo de 2014 y boletinada por el SAT en junio de 2020.

Sus primeros socios fueron Jaime Rodríguez García, de Mérida, y Guillermo Adonis Rojas Arango, de Chiapas.

La sociedad se constituyó ante el notario Juan Luis Martínez  Flores de esa entidad. Se nombró comisario a Marco Antonio Gordillo Muñoz.

El 31 de enero de 2020, ante la licenciada Ana Luisa López Pavón, notaria número 17 de Yucatán, estas dos personas vendieron sus acciones a Aurea Amalia Sanguino Alamilla e Iliana Vanesa Baas Ku.

Comercializadora Zestrimex, S.A. de C.V. Esta compañía se fundó en junio de 2014 y apareció en la “lista negra” del SAT en junio de 2020. Sus socios: Iván Fraxcedy de la Cruz Guillén Garrido y Edgar Adrián Escalante Díaz.

En marzo de 2019, estas personas vendieron sus acciones a Juan Ernesto Rosado Euán.

Acuesy Asesoría Acuícola Especializada de Yucatán, S.A. de C.V., creada en abril de 2015 y boletinada en septiembre de 2017.

Inicialmente sus socios fueron Juan José Basto Cabrera, Viviana Esli Suárez Puerto, Berenice Angélica Suárez Puerto y Eduardo Mendoza Quezada.

En agosto de 2016, Mendoza Quezada y Angélica Suárez Puerto vendieron sus acciones a los otros dos socios.

Coincidencias

Rentamid Sureste, S. de R.L. de C.V., boletinada por el SAT en noviembre de 2018 y creada en Mérida el 23 de diciembre de 2015 por Gerardo de Jesús Pérez López y Magdalena de Jesús López Gutiérrez, ante la fe del notario Héctor José Victoria Maldonado.

Los socios entregaron un poder amplio a Rafael de Jesús León Romero y nombraron a Oliver Azuara Torres como comisario.

En junio de 2018, Pérez López vendió sus acciones a Emilia de la Cruz León Barbosa. 

León Romero y Azuara Torres, según el SAT, aparecen como apoderados o funcionarios en otras sociedades boletinadas por la autoridad fiscal, como, por ejemplo, la Constructora NKB, S. de R.L. de C.V., abierta también el mismo día que la empresa anterior, el 23 de diciembre de 2015, ante el mismo notario, Victoria Maldonado y boletinada en septiembre de 2018.

En esta compañía figuran como socios Roger Martín Chan Acosta y Gustavo Ángel Chel Huh, quienes otorgaron a Azuara Torres un poder amplio para asuntos judiciales y actos de administración. Como comisario quedó Rafael de Jesús León Romero.

SAT  empresas factureras

Al parecer, de acuerdo con funcionarios fiscales consultados por Central 9, Azuara Torres y León Romero habrían seguido la misma estrategia para abrir otra empresa facturera, también el 23 de diciembre de 2015, ante el mismo notario Victoria Maldonado.

Se trata de Publicidad e Imagen del Sureste, S. de R.L. de C.V., un negocio constantemente señalado como responsable de vender facturas con actividades simuladas a dependencias gubernamentales de Yucatán y de otras partes del país.

El SAT la boletinó en febrero de 2019 y fue fundada por Eva Noemí Lafarga Mascareñas y María Espectación Aguilar Sunza.

Aquí los “socios” igualmente concedieron un amplio poder a Azuara Torres y designaron a León Romero como comisario.

Triangulación de acciones

En agosto de 2018, Lafarga Mascareñas vendió las acciones que le corresponden a Jair Fernando Ibarra Villanueva, pero en marzo de 2019, en otro extraño movimiento, Lafarga Mascareñas regresó a la sociedad al comprar las acciones de Aquilar Sunza.

Azuara Torres y León Romero figuran también en la conformación de la empresa Gozio, S. de R.L. de C.V., abierta en Mérida, con el  mismo notario Victoria Maldonado, en diciembre de 2014.

El SAT boletinó a esta empresa en agosto de  2018, lo mismo que a sus socios, Francisco Kumán Chan y Juan Manuel Pérez Vega.

En esta empresa, Azuara figura como el gerente general y Francisco Javier Manzanilla Escalante como apoderado (CONTINUARÁ).

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