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Señales de corrupción en Yucatán: desviarían 10% de recursos públicos cada año

Uno de cada 10 pesos del presupuesto del gobierno del Estado y de los municipios se estaría malversando cada año debido a la corrupción de funcionarios coludidos con particulares, revelan documentos oficiales consultados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Estos recursos, señala un estudio de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), se desviarían principalmente a través de prácticas como la cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales, pagos duplicados, volúmenes de obra pagados pero no ejecutados y la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

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También por los pagos realizados por concepto de servicios personales en efectivo, con recibos de nómina sin firma y sin comprobantes fiscales, y por la falta de voluntad para regular la entrega de apoyos, mediante la elaboración de un padrón o listado de beneficiarios confiable.

"Todo esto ocurre debido, entre otras causas, al alto nivel de impunidad prevaleciente en el Estado, que estimula las prácticas de corrupción", dice el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.

Impunidad e incapacidad

La impunidad es, a su vez, consecuencia de la falta de capacidad de las entidades encargadas de combatir la corrupción para detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas y los delitos por corrupción, añade.

El aparato institucional anticorrupción, por falta de recursos financieros y humanos, emplea mucho tiempo en la integración y sustanciación de las carpetas de investigación, lo que dificulta el ejercicio de la acción penal en casos de presuntos delitos por corrupción cometidos por autoridades o servidores públicos, afirma el entrevistado.

Según Osorio Acevedo, la persistencia de altos niveles de impunidad propicia el ambiente para que las personas cometan actos de corrupción, ya que saben de la poca probabilidad de ser investigado y sancionado.

Fiscalización en 2018

La gravedad del problema se expresa en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018, elaborado por la ASEY.

De acuerdo con ese documento, este organismo emitió 4,469 observaciones sobre el ejercicio del presupuesto público estatal en la revisión de la Cuenta Pública de ese año, de las cuales solo 585 fueron solventadas, es decir, apenas, el 13 por ciento.

El resto de las observaciones, 3,884, no fueron solventadas porque las dependencias fiscalizadas no proporcionaron información para solventarla o lo hicieron de modo insuficiente.

De las observaciones no solventadas, 3,281 corresponden a los municipios, 158 a los organismos paramunicipales, 390 a las dependencias, 35 al Poder Ejecutivo, una al Legislativo, tres al Judicial y 16 son auditorías de desempeño.

Las observaciones no solventadas equivalen a un posible daño o perjuicio a la Hacienda pública estatal de mil 287 millones 381 mil 51 pesos, lo que representa el 10.85 por ciento del total de la muestra auditada, que ascendió a once mil 869 mil millones de pesos.

Miles de millones en desvíos

Esta muestra es representativa del ingreso total del gobierno del Estado, explica Osorio Acevedo, “por lo que podemos pensar, sí extrapolamos los datos, que el desvío anual por la corrupción pública y privada podría sobrepasar los cuatro mil millones de pesos al año”.

La tendencia de los desvíos detectados en la Cuenta Pública de 2018 continuó en el siguiente año, aunque la ASEY solo ha dado a conocer los informes de dos de las tres entregas que realiza cada año.

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En la primera entrega de informes individuales correspondiente al ejercicio 2019 la ASEY realizó las auditorías de cumplimiento financiero de siete ayuntamientos, en los que determinó un total de 96 observaciones preliminares, de las cuales, antes de la emisión del informe individual, se solventaron 26.

Otras 70 se encuentran pendientes de solventar y representan un probable daño a la Hacienda pública de nueve millones 211 mil 88 pesos.

Daño a la Hacienda pública

Para la segunda emisión de informes individuales de la Cuenta Pública 2019 la ASEY realizó las auditorías de cumplimiento financiero de 127 entes fiscalizables.

En este caso se determinó un total de 1,594 observaciones preliminares, de las cuales, previo a la elaboración de los informes, se solventaron 285 observaciones.

Quedaron 1,309 observaciones pendientes de solventar, que representan un probable daño a la Hacienda pública de 530 millones 746 mil pesos.

De las observaciones no solventadas, 1,065 corresponden a los ayuntamientos. Esto significa un presunto desvío de 500 millones 381 mil pesos.

Poca eficacia en investigación y sanción

Los órganos responsables de investigar y sancionar los actos de corrupción en el Estado, no obstante estas graves anomalías, muestran poca eficacia.

Según un informe oficial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán (Feccey), en 2018, cuando ésta aún era Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el número de carpetas de investigación iniciado fue de 40 y ninguna de esas carpetas fue judicializada.

El estatus procesal de esas carpetas de investigación, según el informe, es el siguiente: archivo temporal, 4 carpetas; incompetencia por especialidad, 15; acumulación, 1; abuso de autoridad, 2; no ejercicio de la acción penal, 7, y carpetas en trámite, 11.

Carpetas abiertas en 2019

En 2019 la Feccey informó que abrió 149 carpetas de investigación, derivadas de denuncias interpuestas por seis particulares y 143 por entidades públicas, divididas así:

Denuncias interpuestas por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán (Secogey), 6; por la ASEY, 76 (14 de estas denuncias se interpusieron por ese organismo ante otras agencias del Ministerio Público en años anteriores, que luego se turnaron a la actual Fiscalía); denuncias interpuestas por el Sistema Estatal Anticorrupción, 1, y por otros entes públicos, 60.

De todas estas carpetas se determinó el cierre de la investigación en 33 casos, por las siguientes razones:

No ejercicio de la acción penal, 17; archivo temporal, 4; abstención de investigar, 1; incompetencia, 4; acumulación, 2; criterios de oportunidad, 1, y judicializadas, apenas 4.

De estas 4 carpetas en todas hubo solicitud de audiencia inicial y el número de personas vinculadas a proceso por hechos de corrupción también fue de 4, 2 por cohecho y 2 por ejercicio ilícito del servicio público.

En todo los casos se llegó a un acuerdo reparatorio.

Varias investigaciones en proceso

Otra muestra de la poca eficacia en las investigaciones contra la corrupción aparece en un informe de 2019 de la Secogey.

En ese documento, en poder de Central 9, se reconoce la existencia de 249 expedientes de investigación, de los cuales 69 "estás concluidos y el resto, 180, en proceso".

También se informa que se encuentran "en trámite" 141 carpetas de investigación, provenientes de 38 informes de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, recibidos de la ASEY, correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2017.

El informe de la Secogey admite que en 2019 esa dependencia "atendió 310 procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de rezago de la administración gubernamental anterior (la de Rolando Zapata Bello), dictaminándose la prescripción o no competencia de la totalidad de ellos".

Desconfianza para denunciar

Esta falta de eficacia de los organismos institucionales de combate a la corrupción propicia que el ciudadano se abstenga de denunciar actos deshonestos de los servidores públicos porque cree que la denuncia no sirve de nada o ésta se tarda mucho en dar resultados, señala Osorio Acevedo.

Debido a esto Yucatán ocupa el último lugar en el país en número de denuncias presentadas contra actos de corrupción.

En 2019, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del Inegi, Yucatán registró apena 67 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal, contra 50,713 del resto del país.

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