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Un respaldo de la Unesco, en riesgo por ambulantes

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) carece de facultades jurídicas y no está entre sus responsabilidades retirar a los ambulantes de Chichén Itzá, que se han convertido en un problema que lleva más de tres décadas sin resolverse.

Entrevistado por Notimex, el jefe del Departamento de Trámites Legales y Jurídicos del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, explicó que la presencia del ambulantaje en esa zona arqueológica data aproximadamente de 1988.

Sin embargo, reconoció que el problema ha escalado al grado de poner en riesgo el reconocimiento de ese sitio como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Creo que no se ha tomado en serio la verdadera dimensión que tiene este problema. Nosotros, en el INAH, hemos hecho todo lo que está dentro de nuestras facultades que es evitar que los vendedores ocupen los monumentos y edificios históricos”, dijo.

“La ley nos otorga facultades para proteger los vestigios, nuestro trabajo es de preservación e investigación antropológica, y eso es lo que hemos hecho y tan hemos defendido los edificios y vestigios, que son públicos los problemas que ha habido con los vendedores que quieren ocuparlos”, sostuvo.

“Existe un polígono que nosotros tenemos que proteger y eso hacemos. Es un decreto presidencial que forma parte de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y hasta ahí está establecida nuestra responsabilidad”, precisó.

Relación con el ambulantaje

“Nuestra relación con los ambulantes ha sido áspera; sin embargo, no es una situación molesta, porque a nosotros lo que nos corresponde, en términos de ley, es la conservación y la salvaguarda de los sitios arqueológicos y resolverlo no es un asunto que competa solo al Instituto”, añadió.

Es pues un problema social, antropológico y el INAH haría un mal uso de sus facultades si de manera coercitiva o unilateral decide retirar a los vendedores y artesanos.

En todo caso hay otras autoridades del sector turismo, estatales, de cultura y las propias autoridades hacendarias que conjuntamente tendríamos que buscar una solución a este añejo conflicto, precisó.

“La idea es un proyecto conjunto no para desaparecer a los vendedores, sino para lograr una reubicación en un lugar idóneo que cumpla con las medidas de seguridad y protección necesarias y mantenga el derecho al trabajo de estas personas que es un derecho humano”, destacó.

¿Cuál sería la solución?

Una de las soluciones que se han planteado reiteradamente es la construcción de un nuevo parador turístico y de hecho ya existía un proyecto con permiso del INAH que fue elaborado durante la administración de Rolando Zapata Bello, e incluso se habilitó un terreno para construirlo.

Sin embargo, la actual administración señaló, a través del director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán (Cultur), Mauricio Díaz Montalvo, que sería necesario hacer cambios al proyecto planteado por el gobierno de Zapata Bello.

Notimex solicitó por medio de sus voceros una nueva entrevista con Díaz Montalvo para conocer los avances en las modificaciones de ese proyecto; sin embargo, hasta ahora no ha obtenido respuesta positiva.

Empero, los propios voceros indicaron que el problema de la presencia de los ambulantes dentro de Chichén compete al INAH, ya que se trata de una zona de injerencia federal.

En medio de esto, ya han pasado 31 años y el problema no alcanza una solución y esto podría ocasionar que Chichén pierda su inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco.

Al perder esa inscripción se pierde la protección de la ONU y se declara al sitio como “Ciudad arqueológica en Riesgo”, lo que sería un verdadero problema y es algo que sí ha pasado en otras ciudades y sitios arqueológicos del mundo, según lo expuso Chab Cárdenas.

“Lo de título de nueva maravilla del mundo es algo realmente comercial, el problema sería, y muy grave y desastroso, si perdemos la inscripción en la Unesco”, finalizó.

Protección

“La ley nos otorga facultades para proteger los vestigios y eso es lo que hemos hecho…”, sostuvo.

Decreto presidencial

“Existe un polígono que nosotros tenemos que proteger y eso hacemos. Es un decreto presidencial que forma parte de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y hasta ahí está establecida nuestra responsabilidad”, precisó.

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