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Represalia a campesinos

Pequeños productores citrícolas de Sacalum y otros poblados se quejan de presunto fraude de la Sagarpa

Más acusaciones de grupos ejidales contra la Sagarpa

El representante de los 17 pequeños citricultores de la Unidad de Riego San Pedro Yocat, de Sacalum, Álvaro Segura Torres, confirma y amplía las graves acusaciones hechas por seis organizaciones ejidales del sur del estado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, en contra de ex funcionarios de la desaparecida Sagarpa en el sexenio anterior, por propiciar el desvío de decenas de millones de pesos de un programa de mejoramiento de riego.

En esa carta, que publicamos en la primera entrega de este reporte, el domingo 10 de mayo, los productores afectados, entre ellos los de San Pedro Yocat, afirman que los responsables de la delegación de esa dependencia en el estado, que durante casi tres años encabezó Pablo Castro Alcocer, se coludieron con varios empresarios y convencieron a los productores de esas unidades de participar en un programa de riego tecnificado.

Los productores firmaron la solicitud para ingresar al programa mediante el cual el gobierno federal aportaba en efectivo la mitad de los recursos.

Los campesinos debían de aportar la otra mitad y escoger a la empresa que realizaría las obras. Esto, empero, no se cumplía, porque la Sagarpa inducía a los campesinos a contratar a compañías previamente seleccionadas por esa dependencia, a quienes endosaban los cheques con el dinero que el gobierno federal mandaba a los productores.

Estas empresas, que por lo general no terminaban las obras, entregaban el 30 por ciento de la aportación federal, como una especie de “moche”, a los exfuncionarios de la Sagarpa y se quedaban con el resto del dinero. A los campesinos les entregaban una mínima parte en material y equipo.

No obstante, los empresarios pedían a los productores que firmaran documentos en los que aceptaban que las obras se habían terminado. Los que se negaban, recibían el castigo de la Sagarpa, que turnaba el caso de los inconformes al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Este organismo, a su vez, recuperaría los recursos del gobierno mediante el embargo y remate de los bienes de los productores.

Entrevistado por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, Segura Torres dice que como representante de la Unidad de Riego de San Pedro Yocat, firmó los papeles para ingresar al programa de modernización de la infraestructura de riego de sus parcelas y también firmó un contrato, a sugerencia de la Sagarpa, con empresa de la ciudad de Mérida.

Esta compañía no terminó los trabajos y por eso él, en representación de los demás productores, no firmó de recibido. En represalia, la Sagarpa lo denunció al SAT que embargó y remató su casa el mes pasado.

Segura Torres explica que la incorporación de su unidad de riego al programa de la Sagarpa se debió a una invitación de un sujeto identificado como Ismael Benítez, empleado de esa empresa. “Él nos convenció de participar y nos llevó a la delegación de la Sagarpa en Mérida para firmar todos los papeles, incluidos los endosos de los cheques expedidos por la dependencia a mi nombre, y que fueron entregados de inmediato a la empresa”. El monto total del proyecto ascendía a $1.500,000, de los cuales la mitad, $750,000, debían ser aportados por los productores.

¿Entregaron ese dinero?, pregunta Central 9.

“Para que le voy a engañar, nosotros no dimos ni un peso, aunque el gobierno diga que dimos los $750,000”.

“Nuestra aportación, como dijimos en la carta al presidente, fue de mano de obra, es decir, apertura de zanjas y otros trabajos físicos”.

“Los socios de la unidad calculamos que la obra costaría $750,000 y sobre eso trabajamos, aunque el convenio que firmamos diga que se gastaron $1.500,000”.

Sin embargo, Segura Torres denuncia que la empresa contratista lo único que hizo fue darnos material por un monto de entre $70,000 y $80,000, consistente en rollos de manguera, microaspersores, anillos de cierre, gomas para conector, etcétera.

“Fuimos a denunciar los hechos a la delegación de la Sagarpa pero allí los encargados se hicieron a los tontos, no nos hicieron caso”.

Luego esa dependencia mandó un inspector a la unidad de riego, que comprobó la falta de terminación de los trabajos.

En consecuencia, la Sagarpa informó a los productores que debían entregar la obra o regresar el dinero de la Federación.

Lo grave es que, de acuerdo con la normatividad del programa, los responsables de la instalación de los sistemas de riego son los propios productores y son ellos quienes deben comprobar los gastos, aunque la empresa contratada no haya cumplido. En este caso, los campesinos no pueden regresar el dinero, sencillamente porque nunca vieron un peso de la aportación federal.

Ante esta situación, la Sagarpa envió un oficio a la Unidad San Pedro Yopac, notificándoles el inicio de un “procedimiento administrativo de cancelación y devolución de apoyos”, a cargo del departamento jurídico de la delegación.

Si no devolvían el dinero, advertía el oficio, turnarían su caso al SAT para que éste proceda con el embargo de sus propiedades, como en efecto ocurrió. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

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