in

Comité de Participación Ciudadana

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En el orden habitual: Mónica Febles Álvarez-Icaza

 

Sistema Estatal Anticorrupción

En el centro del debate, Eduardo Ancona González, como presidente, Graciela Torres Garma, Mónica Febles Alvarez-Icaza, Javier Montes de Oca Zentella y Manuel Castillo Rendón, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción también ofrecen sus puntos de vista sobre las evidencias de las polémicas empresas fantasmas creadas en la gestión gubernamental anterior.

La junta, que se instaló en febrero pasado, según expuso hace nueve meses su coordinador para comenzar “una lucha” para que “la comunidad sea vigilante del buen uso de los recursos y se convierta en crítica del cumplimiento de las autoridades para que vuelva a depositar su fe en el ejercicio de gobierno”, destaca lo siguiente:

“Hemos seguido la información mediática que este tema ha suscitado. Como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán consideramos que la información recabada por los medios de información sobre la utilización de empresas fantasmas para desvío de recursos debe traducirse ya en una denuncia específica sobre el tema. Si hay la sospecha de corrupción se debe de dar el siguiente paso: poner la denuncia correspondiente para comenzar una investigación oficial sobre el asunto”, recomienda el comité ciudadano.

Dos actores

Sobre los que se benefician con las acciones ilícitas de la red de compañías irregulares, subrayan que “la corrupción que se señala tiene dos actores principales: el que recibe el producto del acto ilícito (un funcionario público) y el que da el producto del acto ilícito (el proveedor del servicio requerido). Eso es lo que hay que investigar: quiénes son esos dos protagonistas, ya que sin duda ambos se beneficiaron, de una u otra forma, del supuesto acto ilegal”, señalan.

Pero la pregunta es quién debe investigar esas anomalías. Los integrantes del comité de participación ciudadana responden así: “el Sistema Estatal Anticorrupción aglutina a seis dependencias gubernamentales: la Auditoría Superior del Estado (Asey), la Visefiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría del Estado, el Poder Judicial del Estado y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales”, agregan.

“La Auditoría y la Contraloría, dentro de sus funciones, contemplan la revisión del ejercicio de los recursos públicos y conocer para qué se destinaron. La denuncia debe llegar a una de esas entidades para que la investigación oficial se pueda procesar. El Comité de Participación Ciudadana estará al pendiente de quién debe investigar y proceder ante un juez que lo haga”, explican a manera de contestación.

Además, juzgan que ante la demostración de argumentos documentados de desvíos del erario, la Asey y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben intervenir.

“La Auditoría debe hacerlo en su ámbito de competencia y el SAT en el entorno que también le corresponda. Pero para ello tiene que haber una denuncia formal sobre el ilícito de corrupción. Si esto no pasa, nos quedaremos en la especulación mediática y esto puede confundir más a la opinión pública”, finalizan los ciudadanos que conforman el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción.

 

Demócratas son mayoría en la Cámara Baja, Republicanos en el Senado

Menor de Tizimín será operada a corazón abierto