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Con una deuda pendiente

Un trabajador de la administración de Angélica Araujo Lara al cambiar una luminaria de vapor de sodio por otra de inducción magnética

La Comuna tiene el lastre del caso de las luminarias

El Ayuntamiento de Mérida ha solicitado al Congreso autorización para contratar un crédito por $400 millones para “obras públicas productivas”, cuando aún no se resuelve cómo pagará la deuda de $630 millones con el banco Santander, producto de una sentencia judicial en su contra derivada del caso de las luminarias.

El juez Tercero de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, a cargo del proceso, ya solicitó al Ayuntamiento el pago inmediato de esta cantidad, pero las autoridades le propusieron liquidar el adeudo, “sin afectar las finanzas de la ciudad”, a través de un plan de pago a largo plazo, a razón de tres millones de pesos mensuales durante 30 años.

Este plan tiene el respaldo de varias leyes que permiten prorrogar este tipo de pagos, señalan los abogados de la Comuna.

Consuelo Soto rechazó la oferta y la Comuna solicitó y obtuvo un amparo indirecto contra esa decisión de parte de un juez de Distrito, que ordenó la suspensión provisional y la declaración de los bienes municipales como inembargables.

Todavía no hay fecha para la audiencia constitucional que resolverá el caso.

“El asunto está detenido por la suspensión de labores en los juzgados debido a la emergencia sanitaria”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, consultado anteayer por el Diario.

En una entrevista con este funcionario, publicada el 5 de enero, este confirmó la cifra del adeudo en $630 millones e indicó que la Comuna tiene la posibilidad legal de diferir el pago de las luminarias por varios años. Como los bienes del Ayuntamiento no pueden ser embargados, señaló, “creemos que, al final, nuestro plan de pago a 30 años será aprobado”.

La decisión de aceptar el plan de pago depende del juez responsable del caso.

Si este plan no se aprueba, empero, las finanzas de la Comuna podrían verse comprometidas a corto plazo.

Un reporte de la agencia calificadora de riesgos financieros Standard and Poor’s, sobre el Ayuntamiento de Mérida, publicado en diciembre, advierte que sus finanzas podrían sufrir “presiones” en 2020 y 2021 derivadas de la obligación de la Comuna de pagar a Santander y también por una eventual caída de las transferencias federales al municipio.

“Nuestro escenario prevé una desaceleración en las transferencias federales y estatales al Ayuntamiento en los siguientes dos años”, dice el informe.

Añade que si bien las finanzas municipales son sanas y la Comuna no tiene deudas, “en el futuro, un esquema desfavorable para pagar la sentencia, y un alto nivel de necesidades de fondeo para infraestructura y servicios públicos podrían afectar negativamente su posición de liquidez, pues la economía y población del municipio continúan creciendo”.

El inminente pago a Santander por el caso de las luminarias, aunado a la eventual desaceleración de las transferencias, “podrían causar volatilidad en los resultados fiscales, en el mediano plazo”, del Ayuntamiento, precisa Standard and Poor’s.

No obstante, la calificadora cree que la Comuna podrá afrontar esta situación en los siguientes dos años por su capacidad para mantener en ese lapso “un sólido desempeño presupuestal, con superávits operativos mayores a 5% de sus ingresos operativos y déficits moderados después de gasto de inversión”.

Lo anterior, dice, es consecuencia de la adopción de “prudentes políticas fiscales, tales como los esfuerzos para fortalecer los ingresos propios y controlar los gastos operativos”. Además, se espera que el municipio financie sus déficits con reservas en efectivo, sin afectar su fuerte posición de liquidez.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Antecedente de la deuda

La deuda de $630 millones es consecuencia de la decisión del alcalde Barrera Concha de cancelar en 2013 el contrato de arrendamiento financiero firmado por su antecesora, la priista Angélica Araujo Lara, para cambiar 82 mil luminarias de vapor de sodio, que funcionaban bien, por otras tantas de inducción magnética.

Impugnan decisión

La empresa que se adjudicó el contrato de las luminarias, ABC Leasing, y el banco que dio el dinero para el arrendamiento, Santander, impugnaron la decisión de Barrera Concha e iniciaron un largo proceso jurídico que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia.

Rechaza solicitudes

En julio de 2017 la Corte rechazó las dos solicitudes de amparo presentadas por el Ayuntamiento, por sentencias contrarias a la Comuna emitidas por un Tribunal Unitario y por un Tribunal Colegiado, y declaró firme la sentencia del juez Consuelo Soto.

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