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“Debe aclarar su papel”

El consejero jurídico del Estado

“Urge precisar el rol del gobierno como ‘facilitador’”

El analista político Antonio Salgado Borge insiste en la necesidad de que el gobierno del Estado aclare su papel como “facilitador” en la aprobación de los créditos que otorga la banca de desarrollo a decenas de “empresas estratégicas”, algunas de ellas cercanas a funcionarios de la administración panista.

En conveniente saber si ese papel fue solo de “llevapapeles” o el gobierno cumplió un rol más importante, como, por ejemplo, fungir como aval de las empresas beneficiadas, dice el analista, que también es editorialista del Diario. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Edimburgo y exdirector de la Escuela de Administración, Mercadotecnia y Turismo de la Universidad Marista.

En entrevista realizada por correo electrónico el articulista, quien reside en Edimburgo y ha seguido de cerca este asunto, se refiere también a la importancia de transparentar de mejor forma el proceso de adjudicación de esos préstamos.

¿El rol del gobierno en la tramitación de los créditos fue solo, como dice usted en un escrito anterior, de “llevapapeles”, o participó de modo más influyente a favor de ciertas empresas?, pregunta el Diario.

“Esta es una pregunta de la mayor relevancia”, responde Salgado Borge. “Empecemos notando que la estrategia de contención de daños establecida por el gobierno tiene dos componentes principales. El primer componente, revelar que no se está hablando de recursos públicos. El segundo es asegurar que en todo el proceso el gobierno fue un mero ‘facilitador’, y que los empresarios que aparecen en la lista pudieron escoger el banco de su preferencia para firmar los contratos correspondientes. Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿en qué consiste el rol de ‘facilitador’?”

“Cuando digo que una opción es que esta palabra signifique ser un mero ‘llevapapeles’ me refiero a la posibilidad de un escenario en que el gobierno simplemente hubiese recibido los documentos de los empresarios, verificado que estén completos y que los hubiese llevado a los bancos. Pero este esquema rayaría en lo ridículo. El gobierno tendría que aceptar que su presencia ha sido redundante en todo este proceso. Además, estoy convencido que los empresarios seleccionados saben muy bien cómo revisar sus papeles y conocen muy bien la oferta bancaria disponible”.

“Lo importante aquí es que si el gobierno quiere afirmar que esto fue lo que ocurrió, entonces tiene que aceptar que del anuncio original del gobierno no queda nada: toda la convocatoria sería una simulación rampante”.

Verdadero significado

“Ahora bien, si ‘facilitador’ tiene un significado con algún peso real, entonces el gobierno sí habría servido de filtro al momento de recibir las solicitudes. Es decir, en este escenario el gobierno habría incidido de alguna forma, ya sea por acción o por omisión, en la conformación final de la lista”.

“Y desde luego que si este es el caso, la aparición de ocho razones sociales vinculadas con el gobierno representa un problema mayúsculo”, puntualiza.

Hay versiones según las cuales estos créditos formarían parte de un programa de Nafinsa donde este organismo o el gobierno del Estado fungen como avales. ¿Sabe usted algo?

“No tengo datos, pero vaya que el tema es importante”, señala.

“El gobierno debe aclarar si su papel de ‘facilitador’ incluye jugar el rol de aval, que normalmente se requiere cuando se solicita un préstamo. Esto es importante, pues parte del rol del aval en un préstamo es devolver el dinero prestado si la persona a la que se le prestó no puede o no quiere pagarlo”.

“Para ser claro, la pregunta obligada es: ¿aceptó el gobierno ser aval de las empresas que aparecen en la lista? De ser este el caso, si las empresas por algún motivo no devuelven lo que se les ha prestado, el gobierno del Estado tendría que devolverlo utilizando recursos públicos. Es fácil ver las consecuencias que de esto se derivan, sobre todo si relacionamos este punto con los otros problemas que he mencionado. Por ende, es indispensable que el gobierno sea transparente y que responda con claridad a esta pregunta”.

Salgado Borge aclara que “esto no significa necesariamente que la ‘facilitación’ sea ilegal, pero sí la hace un acto inmoral e inaceptable para cualquier gobierno”.

“Las empresas que aparecen en la lista bien pudieron necesitar el dinero, bien pudieron actuar de buena fe al momento de aplicar a esta convocatoria y bien pudieron tener todos sus documentos en orden. Pero en este escenario el gobierno estaba obligado evitar los problemas que implican la aparición de nombres de sus allegados y el acaparamiento. Esto es, si ‘facilitador’ es un término que realmente significa algo, y todo parece sugerir que lo es, entonces el gobierno tiene cuentas importantes que rendir a la sociedad si desea intentar aclarar esta mancha. Por ende, la historia del ‘facilitador’ hace agua por todos lados”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

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