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Denuncia popular contra las granjas de cerdos en la Península de Yucatán

Protesta contra la granja de cerdos en Homún
Protesta contra la granja de cerdos en Homún

MÉRIDA.- Un conjunto de agrupaciones presentó una denuncia popular regional contra las granjas que opera la empresa Kekén en la Península de Yucatán. Según dijeron en rueda de prensa virtual, Greenpeace documentó con un estudio que realizó en este año la grave contaminación del acuífero, la deforestación que genera y las irregularidades en que incurrieron las autoridades municipales, de Semarnat, Profepa, Conagua y gobierno del estado para autorizar las granjas.

Los permisos para la construcción de esta granja los otorgó la desaparecida Seduma, a cargo del doctor Eduardo Batllori Sampedro, científico del Cinvestav Mérida, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello y las dependencias federales en el gobierno de Enrique Peña Nieto.


La denuncia popular regional contra la industria porcícola la presentaron en las oficinas centrales de Semarnat, Profepa y Conagua, informó la abogada Lourdes Medina Carrillo, del equipo Indignación .

Piden a estas dependencias federales que investiguen todas las irregularidades narradas y documentadas, clausuren las granjas que no cumplan todos los requisitos de ley y ambientales y den vista al Ministerio Público de la Federación para que sancione los delitos ambientales.

Piden a magistrados que se mantenga la clausura de la granja

En la conferencia se detalló también que con respaldo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, la empresa porcícola PAPO, que construyó la mega granja en Homún, pidió la reapertura de este centro de producción masiva de cerdos y mañana viernes el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y Administrativa decide si reinicia actividades o lo mantiene clausurado.

Ante esto, más de 725 personas firmaron una solicitud a los tres magistrados federales que decidirán el futuro de esta empresa yucateca y la respaldan 113 organizaciones nacionales e internacionales, 54 académicos y científicos y 500 personas de la sociedad civil.

La abogada Lourdes Medina reveló que en octubre de 2019 dos personas que no acreditaron su personalidad ni conocimientos técnicos acudieron a la granja de Homún con los representantes de la empresa porcícola para constatar la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Visita rápida e ilegal

Sin embargo, explicó la litigante, la visita violó el estado de clausura y la suspensión provisional de un amparo del Juzgado 4o. De Distrito, que ordenó la clausura temporal, porque la empresa construyó sin autorización del juzgado y entró al predio donde nadie debió estar porque precisamente está clausurado.

"En 35 minutos los empleados de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado determinaron que la planta estaba lista para operar", señaló la abogada.

"Con ese documento, la empresa fue al juzgado a pedir que se reabra la granja, pero no acreditaron con estudios periciales ni científicos que evitará la contaminación ambiental. La jueza negó la reapertura, pero PAPO interpuso un recurso, con una estrategia legal sacó del caso a la jueza y este recurso recayó en el Tribunal Colegiado que mañana viernes dictará su resolución".

"Está demostrado científicamente que las granjas contaminan el medio ambiente y causan daño al manto acuífero", recalcó la abogada de Indignación.

"Si el tribunal colegiado autoriza la reapertura estaría negando el derecho a una vida saludable, porque cuando se resuelva en forma definitiva el amparo el daño ya estará echo en forma irreversible".

Hoy mismo los representantes de la agrupación Kanan Ts'ono'ot, José May Echeverría y Doroteo Hau, entregaron en el tribunal colegiado, ubicado en el edificio del Poder Judicial de la Federación de la colonia Petronila, las firmas de las personas y agrupaciones que respaldan la clausura de la granja, la cual no ha podido operar por la inconformidad de los habitantes de Homún y la lucha jurídica para defender el agua, los cenotes y la buena calidad del aire.

Testimonio


Carlos Llamá, de Kinchil, dijo que cuando inició esta lucha, los pobladores estuvieron en el dilema de sí defendían sus tierras y pueblos con las armas, como hicieron sus ancestros mayas, o por medio de una lucha jurídica.

Optaron por esta última, pero ven que los juzgadores no todos son imparciales y aplican bien la ley. Por lo que defenderán sus tierras con todo, porque ya hasta los acusan de invasores con el propósito de despojarloz de su patrimonio.- Joaquín Chan Caamal.

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