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Denuncian a “mafia agraria”

La marcha de los vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre en protesta por una sentencia

Colonos marchan contra el fallo a favor de un ejido

Más de 400 vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre marcharon ayer en la mañana por la avenida Correa Rachó en protesta por el fallo del Tribunal Unitario Agrario número 34 (TUA), a favor de la demanda del ejido de Chuburná, que reclama como suyos los terrenos donde se asientan decenas de casas de esas colonias, construidas ya hace más de 40 años.

La sentencia del TUA se dio a conocer el 3 de enero y obliga a los vecinos a pagar al ejido una retribución, aún no especificada.

Los inconformes se oponen a esa sentencia porque, dicen, el magistrado de ese tribunal, Antonio Luis Betancourt Sánchez, consideró como buenas las pruebas presentadas por los ejidatarios, consistentes en planos de la zona “notoriamente alterados”, según los vecinos.

Además, no tomó en cuenta las pruebas documentales y testimoniales de los afectados y solo aceptó una prueba pericial, también alterada, añaden.

De acuerdo con Russell Santos Morales, uno de los voceros de los afectados, Betancourt Sánchez llegó a Mérida en enero de 2018, procedente de Guasave, Sinaloa, donde presidía el TUA 27, y lo hizo, según versiones de prensa, a raíz de múltiples denuncias de corrupción cometidas en su gestión.

Los manifestantes desplegaron mantas con la leyenda “Alto a la mafia agraria” (con la fotografía de Rebeca Buenfil Méndez, abogada de los ejidatarios), y “Queremos respeto a la propiedad privada”.

El 27 de diciembre, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó que desde agosto de 2017 el presidente del Comisariado Ejidal de Chuburná, Baltazar de los Reyes Huchim Ramos y su asesora Buenfil Méndez —quien fue visitadora de la Procuraduría Agraria durante muchos años—, demandaron a más de 120 vecinos de esos fraccionamientos por haber construido sus casas en terrenos del ejido y pidieron la restitución de sus tierras al Tribunal o una indemnización económica.

En su sentencia, el magistrado afirma que esas casas se encuentran dentro de una superficie de más de 4,000 hectáreas, dotadas al ejido por resolución presidencial de mayo de 1925, y ordena a los vecinos pagarle a los ejidatarios una compensación.

Betancourt Sánchez fundamenta su resolución, agrega Santos Morales, tomando como válido un plano del ejido —en donde, por cierto solo aparece el triángulo de la superficie en disputa, alrededor de 26 hectáreas—, elaborado en 1992 y que se deriva precisamente del plano de 1925.

El delegado del Registro Agrario Nacional en 1992, Rigoberto Paz Cen, certificó ese plano, no obstante sus múltiples fallas, explica Santos Morales.

Una de las más notorias, dice, es que ubica a la antigua carretera Mérida-Conkal sobre lo que ahora es la calle 23, pegada a los muros de la entonces hacienda Vista Alegre, “aunque allí nunca hubo alguna carretera”. En el plano de 1925 ésta aparece en su localización original, donde luego se levantó la Correa Rachó.

Otras fallas del plano se observan en su tabla de construcción, según la cual en ese año no había “ni construcciones, ni asentamientos humanos en esa zona, cuando las casas del Fraccionamiento Del Arco existen desde 1975″.

De este año es otro mapa elaborado por las autoridades agrarias para justificar la expropiación de 104 hectáreas y donde también se coloca la vía Mérida-Conkal junto a la barda de la exhacienda.

Pero las autoridades agrarias y el ejido ubican esa carretera —clave para determinar si el ejido es el dueño de las tierras en la zona— a su conveniencia, afirma Santos Morales.

“En 1986, con motivo de otra expropiación de tierras al ejido, y para poder justificar ésta en el plano, las autoridades cambiaron de nuevo la ubicación de esa vía y la pusieron como aparece en el plano de 1925″.

Otra “prueba” presentada por los ejidatarios de Chuburná es la copia del plano de 1925, que está borrada y en muchas partes ilegible y en donde tampoco se observa la señalización de la carretera a Conkal, ni el polígono donde se ubican los terrenos que reclama el ejido.—Hernán Casares/ Gabriel Chan

 

Sentencia Críticas

Los vecinos inconformes denuncian que el ejido presentó pruebas alteradas.

Plano

Una de ellas es la copia del plano de dotación de tierras de 1925. “Nosotros, dice Russell Santos, conseguimos copia del original de ese plano, en la que se aprecia claramente el trazo del camino a Conkal, y la demás información”.

Pruebas

“Esta es una de las 16 pruebas documentales que entregamos al magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez que, sin embargo, hizo a un lado, incluyendo nuestras pruebas testimoniales y de otro tipo. Solo dio como válida una prueba pericial ordenada por él, y en donde la abogada Buenfil Méndez, con la anuencia del personal del Tribunal, marcó los puntos de medición, mientras a nosotros se nos impidió acercarnos al lugar”.

Revisión

El siguiente paso de los vecinos es continuar con sus protestas y pedir la revisión del fallo en el Tribunal Superior Agrario.

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