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Discrepancias en los terrenos del Fracc. Del Arco

La protesta de colonos del fraccionamiento Del Arco por la resolución del Tribunal Agrario a favor de ejidatarios que piden una indemnización

“No eran ejidales“

Una parte de los terrenos del fraccionamiento Del Arco, que ahora reclama como suya el ejido de Chuburná, en una confusa argumentación, fue considerada propiedad privada desde mucho antes de su construcción en 1975, según datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Los ejidatarios comenzaron a exigir esos predios, una hectárea aproximadamente, hasta 2017, 42 años después de la apertura de ese fraccionamiento.

El 5 de febrero publicamos que según Carlos Chan Maas, exintegrante de ese ejido, la directiva de esa agrupación, encabezada por Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, asesorado por la exvisitadora de la Procuraduría Agraria Rebeca Buenfil Méndez, demandó a más de 170 colonos de ese fraccionamiento y del colindante Vista Alegre ante el Tribunal Unitario Agrario 34 (TUA) por construir sus casas en esos terrenos, y les pidió una indemnización económica.

De acuerdo con Chan Maas, esos terrenos son el “xix” de las más de 4,000 hectáreas que llegó a tener el ejido. Hoy, dice, esos dirigentes quieren apoderarse de esa superficie, mediante una oscura estrategia legal.

Para el Registro Público de la Propiedad, los terrenos de Del Arco han sido privados desde 1913. En 1969, Carlos Aristi Conde, propietario de la hacienda Vista Alegre, vendió la superficie, donde luego se levantó ese fraccionamiento, a Mario Sosa Romero y a José Bustillos Carrillo, quienes a su vez la vendieron a Héctor Medina Vidiella, en 1975.

Éste comenzó a desarrollar el fraccionamiento y vendió los primeros lotes en 1976. El notario que dio fe de esas operaciones fue Sergio Iván Priego Medina, sobrino de Medina Vidiella.

Jesús Antonio Pacheco Gasca, vecino del fraccionamiento Del Arco, indica que Priego Medina firmó la escritura de su predio en 1976. “Acudí a su oficina para esa operación, él dio fe de que esos terrenos no eran ejidales, sino privados”.

Este notario, como también ya publicamos, fungió como magistrado del Tribunal Agrario en 1994 y en ese carácter, inexplicablemente, concedió la razón a los ejidatarios cuando éstos demandaron a los vecinos del fraccionamiento Los Álamos, a un lado de Del Arco —y parte supuestamente de la misma superficie ejidal—, por ocupar terrenos de su propiedad.

En los años 70

De acuerdo con los datos obtenidos, en 1976 el empresario Carlos García Ponce, adquirió 72,000 metros cuadrados (más de siete hectáreas), en frente de lo que ya era el fraccionamiento Del Arco, al mismo Aristi Conde, y unos años después inició la construcción de Los Álamos. En 1990, cuando ya estaba avanzada la construcción de ese fraccionamiento y la venta de numerosos lotes, muchos de los cuales habían recibido créditos bancarios, un grupo de vecinos protestó en las calles, asegurando que esa superficie era ejidal y que funcionarios del Pronasol les habían prometido construir allí un parque y una cancha deportiva.

Poco después, los inconformes destruyeron una barda de 150 metros de largo que delimitaba a Los Álamos.

En ese entonces, los ejidatarios de Chuburná no decían que los terrenos de Del Arco, separados de Los Álamos por una calle —actualmente es la veinte, entre las avenidas Correa Rachó y Yucatán— eran suyos.

El ejido concentró su interés en Los Álamos, donde podrían obtener más dinero, explica Chan Maas. “En ese lugar había más gente con recursos y con compromisos bancarios, susceptibles de intimidar”.

En este sentido, añade, los ejidatarios presionaron a García Ponce. En respuesta, éste declaró a la prensa, a fines de 1990, que los terrenos de Los Álamos —y por consiguiente, los de Del Arco—, eran privados, como lo demostraba el testimonio de diez notarios que habían intervenido en las escrituras de los lotes de esa colonia y en los más de 150 créditos hipotecarios tramitados.

También mostró las autorizaciones otorgadas por los gobiernos municipal y estatal a Los Álamos y a otras personas para edificar diversas construcciones y bodegas en la zona aledaña, e incluso enseñó las constancias de no afectación expedidas por la Secretaría de la Reforma Agraria entre 1975 y 1978, y pidió la intervención de las autoridades para aclarar el asunto.

En enero de 1991, según registros de la prensa de entonces, el secretario general de Gobierno Milton Rubio Madera consideró legal la construcción del fraccionamiento Los Álamos pues, dijo, contaba con todas las autorizaciones y permisos del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.

“Este fraccionamiento está debidamente aprobado y autorizado y así se publicó en el Diario Oficial, y si eso ocurrió es porque los promotores de la obra demostraron la posesión de la tierra ante las autoridades”, dijo.

El gobierno del Estado, encabezado por Víctor Manzanilla Schaffer, ordenó la realización de estudios topográficos que confirmaron esa afirmación. Sin embargo, un mes después, el 14 de febrero de ese año, Manzanilla abandonó el poder y en su lugar llegó Dulce María Sauri Riancho, quien suspendió la construcción de Los Álamos y aceptó otro veredicto sobre el tipo de propiedad de esos terrenos.— (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

 

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