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El caso de José Eduardo Ravelo refleja la violencia estructural, dicen en foro

  • El caso de José Eduardo Ravelo no se debe reducir a un abuso de autoridad, subrayan en un foro convocado por Grupo Megamedia.
  • Análisis desde cuatro vertientes

En el caso de José Eduardo Ravelo Echevarría hay un grave problema de abuso, de violencia en múltiples expresiones, y también de impunidad, pero no se pueden pasar por alto otros factores, manifestó Rodrigo Llanes Salazar, investigador y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los ángulos más importantes, explicó el doctor en Ciencias Antropológicas, es el de la violencia estructural que se vive en Yucatán, particularmente con el tema de la violencia policíaca y la tortura.

“No se puede reducir este caso a un problema de individuos, es decir, de una persona que actuó mal y cometió un abuso de autoridad”, recalcó. “De acuerdo con diversos informes, es algo que sucede sistemáticamente”.

El investigador subrayó que en la presunta agresión policíaca, incluyendo el cargo de violación, que derivó en la muerte del joven asoman también xenofobia, discriminación y otros factores sociales.

Rodrigo Llanes expuso esos conceptos en el foro “El caso José Eduardo: más allá del escándalo”, al que convocó Grupo Megamedia para conocer los puntos de vista de especialistas desde cuatro ángulos que rodean este asunto.

Sus opiniones giraron en torno a las implicaciones sociales del caso. Los demás participantes fueron Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, quien se refirió al involucramiento de la Policía Municipal; Víctor Roa Muñoz, director de Centros de Integración Juvenil, con el tema de las adicciones y el papel que habrían tenido en la conducta de la víctima, y Luis Ramírez Carrillo, investigador del Centro de Investigaciones Regionales “Dr Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien abordó los vínculos políticos y la intervención que han tenido autoridades de los tres niveles en la investigación.

En otro lugar de esta página nos referimos a las declaraciones del licenciado Ruz Castro. Mañana reproduciremos una síntesis de las opiniones de Víctor Roa y el doctor Luis Ramírez.

Bajo la conducción de los periodistas Luis Alberto González Uribe, director editorial de Diario de Yucatán, y Ángel Noh Estrada, reportero de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, los cuatro invitados respondieron a cuatro preguntas. Solo una fue común para todos. Las tres restantes fueron dirigidas a sus respectivas áreas de competencia.

El foro fue transmitido anteayer viernes en las plataformas digitales de Grupo Megamedia. Debajo de estas líneas, el vídeo del encuentro.

El doctor Llanes Salazar respondió a las siguientes preguntas:

1) ¿Estamos solo ante un tema de abuso e impunidad o hay otros factores que debemos tomar en cuenta?)

2) ¿Qué aspectos sociales intervienen en un caso como el de José Eduardo? ¿Se le puede reducir a xenofobia y discriminación o hay una cadena de mayor significado?

3) ¿A qué atribuye el escaso o nulo avance de las denuncias de tortura policíaca en Yucatán? ¿Hay complicidades, omisiones?

4) ¿Cuál es el papel que debe asumir la sociedad para que no se repitan casos de esta índole? (Es la pregunta general para los cuatro participantes).

En sus respuestas expresó, entre otras cosas, lo siguiente:

—Por lo menos hay que considerar cinco cuestiones: una, el tema migratorio y lo que algunos estudiosos ya caracterizan como el fracaso de un modelo económico y social que no logra dar empleo digno a todas y todos, ante lo cual se ven forzados a salir a buscar trabajo en otros lugares.

—Ciertamente, allá está Mérida como una ciudad de atracción, —las autoridades así la están promoviendo—, no atracción turística pero sí atracción para muchas personas que escapan de condiciones de pobreza y de violencia en otras partes del país.

—Un segundo punto sería la condición precaria de los jóvenes, y uno tercero, que me parece el más determinante si tuviera que elegir uno, es la violencia estructural que vivimos en Yucatán, particularmente con el tema de la violencia policíaca, la tortura. No se le puede reducir a un problema de individuos, es decir, de una persona que actuó mal, que cometió un abuso de autoridad, porque vemos —de acuerdo con diversos informes— que esto es algo que sucede sistemáticamente. Yo, particularmente, hace unos años hice una revisión de las quejas que había recibido la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) entre 2000 y 2013. ¿Por qué esas fechas? Porque teníamos informes de organizaciones de derechos humanos, podíamos ver detenciones arbitrarias, abuso de autoridad que se expresaba, por ejemplo, en golpes, en descargas eléctricas, en encapuchar personas, ahogarlas por momentos. Registré 150 casos de esta naturaleza de 2000 a 2013.

—Lo interesante en las quejas es que se trata de algo que prácticamente afecta a todos los sectores de la sociedad, no solo a los sectores pobres, marginales y clases bajas, sino que vienen incluso quejas de sectores de clase media y clase media alta.

—Un cuarto punto es el papel de la xenofobia, que creo ha jugado un papel en el caso, y no solo hablando de la detención y el homicidio de José Eduardo sino todo lo que ha pasado después. Las respuestas de las autoridades, los procesos que se han seguido. Creo que sí ha jugado un papel la xenofobia, no puedo decir si es determinante porque no sé si los policías lo detuvieron por pensar que es una persona de fuera, tampoco creo que sea lo más importante.

—El quinto punto, que creo ha sido muy importante en el caso, en términos sociales, es la respuesta que han dado la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. Ha habido una movilización inédita por el caso, inédita también porque llega a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, de manera bastante rápida.— ÁNGEL NOH ESTRADA


Colaboración “en tiempo y forma”

Los 4 inculpados pagan su propia defensa, afirman

Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, declaró que en la detención de José Eduardo Ravelo Echevarría se cumplieron los protocolos de seguridad y aseguró que los agentes inculpados pagan su propia defensa.

Durante su participación en el foro “El caso José Eduardo: más allá del escándalo”, al que convocó Grupo Megamedia, el funcionario también afirmó que la autoridad municipal ha cumplido con entregar todas las evidencias y la información que le ha requerido la autoridad investigadora y es también la primera interesada en que el caso se esclarezca.

Como indicamos en nota aparte, el abogado Ruz Castro participó con otros tres invitados del foro, que ofrecieron sus puntos de vista sobre distintos ángulos que giran en torno a las circunstancias en que falleció el joven Ravelo.

Las preguntas que contestó son:

1) ¿Hubo fallas en el protocolo de la Policía Municipal? ¿Se actuó como en otras detenciones?

2) ¿En qué momento empezó y en qué momento terminó la responsabilidad de la Policía Municipal sobre el detenido?

3) ¿El Ayuntamiento paga la defensa de los cuatro agentes inculpados o participa de otra forma en el proceso?

Una cuarta pregunta, que también contestaron los demás participantes, fue: ¿Cuál es el papel que debe asumir la sociedad para que no se repitan casos de esta índole?

A continuación, una síntesis de las intervenciones del secretario del Ayuntamiento, que están íntegras en yucatan.com.mx:

—Primero quisiera hacer una precisión: la detención de este joven se concreta por una llamada de auxilio de un ciudadano que recibió una agresión.

—¿Por qué quiero precisar esto? Porque al principio, cuando se dan a conocer estos hechos, en algunos medios de comunicación y la generalidad de la opinión pública se había manifestado que se le detuvo sin motivo alguno, y que podría constituir esto un acto de xenofobia o disciminación. Esto es totalmente falso.

—De acuerdo con la información con que contamos en la Policía Municipal, que se analizó y puso a disposición de las autoridades en su totalidad, la corporación actuó conforme a los protocolos de detención derivados de una denuncia ciudadana y de acuerdo con las condiciones en que se encontró al joven en ese momento.

—Nuestros protocolos se apegan a todos los estándares nacionales e internacionales en la materia y estamos plenamente convencidos de que todo puede ser perfectible desde esta óptica. Los integrantes de la Policía Municipal se rigen bajo los principios de actuación policial establecidos en ciertas normas muy puntuales, como son la Constitución General de la República, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública.

—Nuestra responsabilidad comienza desde el momento en que recibimos la llamada de auxilio de este ciudadano. En ese momento se activan los protocolos de atención.

—Durante todo el tiempo que estuvo recluido en las instalaciones municipales, el joven estuvo bajo nuestra responsabilidad, hasta el momento en que abandona las instalaciones.

—Allá concluye nuestra responsabilidad con la persona, en el momento en que es liberado. Sin embargo, el hecho toma otras connotaciones que nos hacen participar de manera posterior en el evento. La Fiscalía nos empezó a solicitar información con posterioridad a que es liberado este joven. Se entregaron todas las evidencias en tiempo y forma. Cabe señalar que a nosotros no nos corresponde investigar, ni juzgar ni condenar nada. Nos corresponde proporcionar toda la información. Esa es nuestra responsabilidad.

—Hago un llamado a la opinión pública en general y a los medios de comunicación a no adelantar juicios y esperar que las investigaciones concluyan. Nosotros siempre vamos a estar en la mejor disposición de otorgar toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

—Definitivamente, los honorarios de la defensa corren por cuenta de los defendidos. El Ayuntamiento no tuvo nada que ver en la designación de sus abogados. La defensa es contratada y pagada por los familiares de los propios policías municipales.

—Reitero: el Ayuntamiento únicamente ha colaborado con las instituciones responsables.

Más señalamientos de Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento:

De la esfera judicial

“No nos corresponde juzgar, ni definir la responsabilidad de los elementos (los policías municipales). Eso está en manos de las autoridades judiciales. Lo que sí nos corresponde es mostrar total disposición ante las autoridades investigadoras, incluso del ámbito federal, ya que esto fue puesto del conocimiento de la Fiscalía General de la República, la cual abrió una carpeta de investigación”.


Los foristas

Alejandro Ruz

Quién es Alejandro Ruz

Secretario

Abogado de profesión, repite como secretario del Ayuntamiento de Mérida en la actual administración municipal.

Alcalde interino

Fue alcalde interino en los meses finales del trienio anterior, por licencia que solicitó Renán Barrera Concha para contender en la campaña política.

Víctor Roa

Quién es Víctor Roa Muñoz

Director

Desde hace varios años está a cargo de la dirección de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en Yucatán.

Manejo de adicciones

Tiene amplia experiencia en el tema de las adicciones y ha participado en proyectos de investigación y en estudios sobre el tema, con enfoque en la prevención, así como en pláticas.

Rodrigo Llanes

Quién es Rodrigo Llanes S.

Grados académicos

Es licenciado en Antropología Social por la Uady y maestro en Ciencias Antropológicas y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Investigación

Colaborador editorial de Grupo Megamedia, tiene muchos años de experiencia en la investigación.

Luis Ramírez

Quién es Luis Ramírez C.

Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología, es profesor investigador del Centro “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Analista de la política

Es autor de numerosos estudios y proyectos de investigación y también agudo analista político.

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