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Empresario denuncia ''graves anomalías'' en una licitación del gobierno

El ingeniero Jorge Toledo Fuentes afirma que el Idefeey adjudicó a una empresa una obra de electrificación en medio de graves irregularidades (Foto de Fernando Acosta)
El ingeniero Jorge Toledo Fuentes afirma que el Idefeey adjudicó a una empresa una obra de electrificación en medio de graves irregularidades (Foto de Fernando Acosta)

En un acto poco común, el presidente de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos, Jorge Toledo Fuentes, denunció al Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey) por adjudicar una obra de electrificación no obstante las numerosas irregularidades y fallas en el proceso de licitación.

El empresario señaló que enteró del caso a la Secretaría de la Contraloría General del gobierno del Estado, a la que pidió la suspensión de la obra pero, pese a las pruebas, la dependencia, en contra de lo que marca la ley, rechazó la suspensión y validó la decisión del Idefeey.

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Reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia solicitaron una entrevista con el director de ese instituto, Luis Jorge Montalvo Duarte, pero personal de su oficina dijo que él se comunicaría después. Hasta el cierre de esta edición no lo hacía.

Según Toledo Fuentes, cuya empresa Grupo Constructor Toledo S.A. de C.V., participó en la licitación, ésta sería la primera vez en muchos años que un empresario de Yucatán se inconforme públicamente por el resultado del concurso de una obra pública.

El ingeniero Jorge Toledo Fuentes, presidente de la Asociación Yucateca de Constructores Eléctricos, muestra el texto de la denuncia que presentó ante la Contraloría estatal por presuntas irregularidades en el Ifedeey (Foto de Fernando Acosta)

Pide piso parejo para todos

"En lo personal, y como presidente de la Asociación, aspiro a que los contratos de obra pública en Yucatán tengan piso parejo para todos y se realicen de acuerdo con las disposiciones establecidas y buscando el máximo rendimiento de los recursos públicos", afirmó.

"Ya basta de que las obras se asignen a favor de algunos cuantos, por encima de la ley", añadió.

En este caso se trata de la licitación IDE-20-OP-LP- ELE-048 para la "reubicación de líneas eléctricas de alta y media tensión en el paso superior vehicular 'Avenida 70' (obra complementaria) en el km 1+000 de la carretera Mérida-Tetiz, en el municipio de Mérida", cuyo monto total se pagará con recursos estatales.

Omisiones e irregularidades

En la denuncia que interpuso ante la Contraloría, Toledo alega que en los tres pasos de esa licitación -junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acta de emisión del fallo- funcionarios del Idefeey cometieron "omisiones flagrantes, irregularidades y actos contrarios a la ley", al parecer para favorecer a la empresa Infraestructura CER.

Al responder el requerimiento de la Contraloría, Montalvo Duarte dijo que es imposible suspender la obra, como pide Toledo Fuentes, porque iría contra la ley y, además, afectaría el suministro de energía eléctrica de 750 mil personas, así como el de la Cervecería Modelo, en Hunucmá, y el de otras empresas de la zona.

Esto, sin embargo, responde el empresario, "es una flagrante mentira", dicha solo para rechazar la solicitud de suspensión.

Según la denuncia que presentó en la Contraloría, el Idefeey publicó la convocatoria para la licitación de esa obra el 2 de junio y el día 10 de ese mismo mes convocó a la junta de aclaraciones.

Anomalías desde el principio

Desde este primer acto se observaron las irregularidades, afirma Toledo Fuentes.

Una de ellas fue la designación de Francisco Javier Canché Domínguez, jefe del Departamento de Electrificación del Instituto, como responsable de la junta, en representación de ese organismo y "en su carácter de servidor público".


Parte de la denuncia presentada por el ingeniero Jorge Toledo Fuentes en la Contraloría (Foto de Fernando Acosta)

Esto ocurrió, explica Toledo Fuentes, "no obstante que éste funcionario carecía de las facultades jurídicas para hacerlo, ya que nunca exhibió un nombramiento por escrito para fungir como tal, como lo marca la ley".

El artículo 18 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán (Lopscey), establece que "los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallo deberán ser presididos por el servidor público designado por escrito por la convocante".

Según los abogados de Toledo Fuentes, en el caso de la licitación para la reubicación de las líneas eléctricas, este hecho creó incertidumbre jurídica entre los participantes, porque no se fundó ni motivó la actividad de Canché Domínguez.

Presentado como "delegado"

Este mismo error se cometió en la junta de presentación y apertura de proposiciones y en el acta de fallo, cuando este funcionario fue presentado como "delegado" por el titular del Idefeey para presidir esos actos.

Sin embargo, en ambos casos no se presentó escrito debidamente fechado y firmado con las autorizaciones y facultades expresas, como dice la ley.

No obstante que Toledo Fuentes y otros participantes en la licitación manifestaron su inconformidad con la actuación de Canché Domínguez, en el acta que se levantó con motivo de la junta de aclaraciones, en la de presentación de propuestas y en la del fallo, el Instituto no incluyó esta inconformidad.

Tampoco señaló, como marca la ley -artículo 30 del Reglamento de la LOPSCEY y en el artículo 6, inciso B, fracción IV de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos de Yucatán- la autoridad ante quien debía manifestar esa inconformidad y el plazo que tenía para hacerlo.

Nulidad por omisiones a la ley

Al no cumplir con este precepto, estos actos, incluyendo el del fallo, deben considerarse nulos, de acuerdo con la ley, dice Toledo Fuentes.

Otra irregularidad denunciada por el empresario fue la violación del artículo 23 de la Lopscey, según la cual la convocante en la junta de aclaraciones debe resolver en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que realicen los participantes en el procedimiento.

En este caso, según Toledo, las respuestas del Idefeey a sus preguntas en la junta de aclaraciones "fueron completamente vagas, imprecisas, limitándose en la mayoría de ellas a señalar que nos remitamos a las especificaciones".

Pero a juicio del empresario, la irregularidad mayor en su contra en el proceso de licitación fue la descalificación y el desechamiento de su propuesta porque, según el Instituto, no presentó un documento firmado por el IMSS en donde prueba que su empresa siguió con los protocolos de seguridad sanitaria por el Covid-19, establecido en el punto 23 de las bases de la licitación, específicamente en el documento cinco.

En su queja presentada ante la Contraloría, Toledo Fuentes alega que esta aseveración "resulta totalmente falsa", ya que la documentación pedida por el Idefeey "no hace referencia alguna" a la necesidad de presentar esa notificación del IMSS".

"En el supuesto no concedido de que tal requerimiento lo haya hecho en forma correcta el Instituto resulta ser un documento que la propia Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su reglamento, en sus artículos 37 y 32, no lo contempla".

Señala otras anomalías

Pero aun cuando el Instituto haya solicitado esa autorización del IMSS como documentación adicional, dice Toledo Fuentes, "no puede ser objeto de evaluación".

Explicó que según la ley los únicos documentos que pueden ser evaluados y considerados para el desechamiento son las propuestas técnicas y económicas, "como lo establece claramente el artículo 34 de la Lopscey y también el párrafo IV del artículo 43 de esa misma ley".

Otra irregularidad señalada por el empresario es que en el acto donde se anunció el fallo y en el acta respectiva el Idefeey no entregó a los asistentes el dictamen que debió haber servido de base para emitir el fallo.

Es decir, continuó, el documento con los criterios usados para la evaluación de las proposiciones, la reseña cronológica de los actos del procedimiento, las razones legales técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las proposiciones presentadas por los licitadores y la relación de los licitadores cuyas proposiciones se calificaron como solventes, como lo establece el artículo 48 del Reglamento de la Lopscey.

Documento "escueto, simple"

El Idefeey tampoco cumplió con el artículo 49 de esa ley que obliga a la convocante a entregar a las empresas cuyas propuestas fueron desechadas un escrito independiente con las razones y fundamentos que sirvieron para eliminar sus propuestas.

Por el contrario, Toledo Fuentes dice en su denuncia ante la Contraloría que el acta del fallo de la licitación es un documento redactado de manera escueta, simple y que no informa de cómo se llevó a cabo la evaluación y las comparaciones.

El acta se limitó a decir que el Instituto "adjudica el contrato a Infraestructura CER, S.A. de C.V., porque cumple todos los requisitos", aunque la dependencia no hace el análisis respectivo de las propuestas, señaló Toledo.

"Esta actitud me pone en estado de indefensión porque no sé la forma en que el Idefeey realizó la evaluación de cada una de las proposiciones presentadas, misma que debía incluirse en un dictamen, aunque éste, como ya se dijo, nunca se entregó".

Piden la suspensión de la obra

Por ese motivo, el quejoso pidió a la Contraloría el 29 de junio de 2020 que, "ante la evidente y flagrante violación de los actos en el procedimiento de contratación", se decrete la suspensión de la firma del contrato de la obra y en consecuencia la ejecución de los trabajos".

Otro aspecto de la denuncia presentada contra el Idefeey por presuntas irregularidades (Foto de Fernando Acosta)
Otro aspecto de la denuncia presentada contra el Idefeey por presuntas irregularidades (Foto de Fernando Acosta)

Es de señalarse, manifiesta en su denuncia, que "la posible suspensión -que incluso puede ser oficiosa- no causa afectación alguna a disposiciones del orden público o de interés social".

"Por el contrario, no decretar la suspensión causaría un perjuicio económico al Estado, pues es evidente que los actos que aquí se han expuesto están inmersos de irregularidades y falsedades que tiene elementos jurídicos contundentes que deben determinar su nulidad".

Ante la petición de Toledo Fuentes, la Contraloría solicitó al director del Idefeey un informe sobre la conveniencia de decretar la suspensión de los actos derivados de la licitación.

Respuesta del Idefeey

Éste respondió, en un escrito de fecha 15 de julio, que la petición de Toledo no tiene sustento legal y recomienda que se declare improcedente esa solicitud en virtud de que de concederse no solo se contravendrían diversas leyes sino, además, se ocasionaría un grave problema a la población por la limitación en el servicio de energía eléctrica.

El funcionario explicó que esta obra está íntimamente relacionada con la construcción del paso superior vehicular en la carretera Mérida-Tetiz, por lo que se requiere reubicar la línea eléctrica de la red nacional de transmisión de la CFE de .230 KV 2c en media y alta tensión, que pasa por el lugar y que podría ser peligrosa para los vehículos y sus ocupantes que usen el puente.

Montalvo Duarte añadió que suspender la reubicación de estas torres "dejaría sin servicio momentáneo a 777,615 habitantes de Mérida, Ciudad Caucel, la Universidad Politécnica, Hunucmá y su zona industrial, Tetiz, Kinchil, Umán, Ucú, Celestún y Sisal.

Con estos argumentos, el 16 de julio de 2020 la Contraloría, a través de un escrito firmado por Leandro Mena Cauich y José Leandro Pech Mukul, director de Normatividad, Quejas y Responsabilidad y jefe del Departamento de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones, respectivamente, concedieron la razón al Idefeey.

De esa manera rechazaron la solicitud de Toledo Fuentes de suspender las obras en el puente vehicular, por las irregularidades en la licitación.

"Legalidad y validez"

Además, la Contraloría negó esa solicitud con el argumento de que la adjudicación a favor de Infraestructura CER "goza en principio de la presunción de legalidad y validez, típica de todo acto administrativo".

"No bastaría deducir la pretensión de que existen irregularidades en dicha actividad, sino que, todo caso, correspondería a quien las denuncie demostrar esa falta de regularidad en el acto".

El ingeniero Jorge Toledo Fuentes en sus oficinas (Foto de Fernando Acosta)
El ingeniero Jorge Toledo Fuentes en sus oficinas (Foto de Fernando Acosta)

Ante esta respuesta, los abogados de Toledo Fuentes argumentaron que ésta es una aseveración falsa porque el artículo 111 de la Lopscey le otorga a la autoridad que conozca del recurso de inconformidad planteados, la posibilidad de decretar la suspensión que solicita el inconforme e incluso de manera oficiosa cuando se advierta la existencia o presunción de actos contrarios a la ley, como ocurre en este caso.

Además, subrayaron los abogados, la ley también prevé en el supuesto de decretar la suspensión provisional de los acto denunciados la exhibición de una fianza del inconforme para garantizar algún daño o indemnización que pudiera ocurrir si no obtuviera mediante resolución la anulación de los actos que se consideran ilegales.

¿Reubicación de las torres?

Respecto a los señalamientos de Montalvo Duarte de que no es posible la suspensión de la reubicación de las torres de alta tensión por los daños que causaría a la población, Toledo Fuentes dijo que estas afirmaciones también son falsas.

"En los trabajos objeto de la licitación no existe ningún componente de trabajo que implique la reubicación de las líneas como tal y mucho menos mover las torres que sostienen las líneas de transmisión eléctrica, toda vez que de conformidad con el plano del proyecto proporcionado precisamente por el Idefeey, éste no indica reubicación de líneas ni modificación de la trayectoria de las líneas"

El objetivo de estas obras, indicó Toledo, consiste en la construcción de una cimentación de estructura nueva sobre la misma trayectoria de las líneas y elevar el nivel de altura de las torres, en atención a la construcción del paso vehicular, "como se muestra en el plano del proyecto de la obra, de donde se puede apreciar la inexistencia de la reubicación de líneas".

Se trata de construir una cimentación nueva, de modo que cuando se vayan a elevar más esas líneas se tendría que realizar una "libranza", es decir, una suspensión de la energía eléctrica por la CFE por un periodo de seis horas para poder maniobrar la línea y ponerla en su nuevo nivel y cuando eso ocurra es porque ya se encuentran construidas las nuevas bases que soportarán las torres.

Manifestación "dolosa" del Idefeey

Como se puede observar, añadió Toledo Fuentes, la ejecución de esos trabajos en ningún momento implica la suspensión de energía eléctrica en la zona como "dolosamente" manifiesta el director del Idefeey.

Además, continuó, es importante dejar en claro que las obras en las líneas de media y alta tensión no afectará el suministro de energía en la zona porque el oriente de Mérida y las poblaciones comprendidas entre esta parte de la ciudad hasta Sisal y Celestún son alimentadas por otras subestaciones.

Toledo Fuentes mostró el catalogo de conceptos, es decir, el documento entregado por el Idefeey al adquirir las bases de la convocatoria para participar en la licitación y que sirve para que el licitante presente sus propuestas.

"De ese documento no se desprende ningún concepto de reubicación, es decir, no existe ninguna actividad o trabajo que signifique mover de lugar o reubicar alguna torre, a pesar de que el nombre de la obra así lo diga"

Esto demuestra, añadió Toledo Fuentes, que el Idefeey y la Contraloría se basaron de supuestos no comprobados para no detener la adjudicación de una obra a todas luces irregular.

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