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En Yucatán hay pocas denuncias sobre corrupción

El magistrado Ricardo Ávila Heredia en la clausura de la Semana Anticorrupción 2019. Un informe oficial arroja que Yucatán es el último lugar nacional en número de denuncias presentadas contra actos de corrupción

Escasos resultados

Los órganos responsables de investigar y sancionar los actos de corrupción en Yucatán muestran poca eficacia, pese a las alarmantes señales de desvío de recursos públicos en el estado.

De acuerdo con un informe oficial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán (Feccey), en 2018, cuando ésta era Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el número de carpetas de investigación iniciado fue de 40 y ninguna de esas carpetas fue judicializada.

Ayer informamos, en la primera parte de este reporte, que según diversos documentos oficiales, uno de cada diez pesos del presupuesto del gobierno del Estado y los municipios se malversaría cada año debido a la corrupción de funcionarios coludidos con particulares.

El estatus procesal de las carpetas de investigación iniciadas por la Feccey en 2018 fue el siguiente: archivo temporal, con cuatro carpetas; incompetencia por especialidad, 15; acumulación, una; abuso de autoridad, dos; no ejercicio de la acción penal, siete, y carpetas en trámite, 11.

En 2019 la Feccey aumentó mucho la apertura de carpetas de investigación y llegó a 149.

Estas carpetas se derivaron de denuncias interpuestas por seis particulares y 143 por entidades públicas, divididas así: denuncias interpuestas por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán (Secogey), seis; por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), 76 (14 de estas denuncias fueron interpuestas por ese organismo ante otras agencias del Ministerio Público en años anteriores, mismas que luego fueron turnadas a la actual Fiscalía); denuncias interpuestas por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY), una, y por otros entes públicos, 60.

Fin de diligencias

De todas estas carpetas se determinó el cierre de la investigación en 33 casos, por las siguientes razones: no ejercicio de la acción penal, 17; archivo temporal, cuatro; abstención de investigar, una; incompetencia, cuatro; acumulación, dos; criterios de oportunidad, una, y judicializadas, apenas cuatro.

De estas cuatro carpetas, en todas hubo solicitud de audiencia inicial y el número de personas vinculadas a proceso por hechos de corrupción también fue de cuatro, dos por cohecho y otras dos por ejercicio ilícito del servicio público.

En todos los casos se llegó a un acuerdo reparatorio.

Otra muestra de la poca eficacia en las investigaciones contra la corrupción aparece en un informe de 2019 de la Secogey.

Este documento está en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia. En él la dependencia reconoce la existencia de 249 expedientes de investigación, de los cuales “69 están concluidos y el resto, 180, en proceso”.

También informa que se encuentran “en trámite” 141 carpetas de investigación, provenientes de 38 informes de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, recibidos de la ASEY, correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2017.

El documento de la Secogey admite que en 2019 esa dependencia “atendió 310 procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de rezago de la administración gubernamental anterior (la de Rolando Zapata Bello), dictaminándose la prescripción o no competencia de la totalidad de ellos”.

La debilidad de los organismos oficiales anticorrupción se expresa sobre todo en los municipios.

Según el último Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, del Inegi, al cierre de 2018 las instituciones de la administración pública municipal de Yucatán que contaban con órganos internos de control ascendían a 38 municipios.

Sin embargo, un análisis del SEAY demostró después que para inicios de 2020 solo 11 municipios yucatecos contaban con contralores municipales con nombramiento. Éstos son Chacsinkín, Dzemul, Dzilam González, Izamal, Kanasín, Mérida, Progreso, Telchac Pueblo, Umán, Valladolid y Yobaín.

El mismo censo señala que a fines de 2018 solo cuatro municipios de Yucatán dijeron que cuentan con planes anticorrupción o similares: Hoctún, Espita, Calotmul y Río Lagartos. En octubre de 2019 el Ayuntamiento de Mérida anunció la instalación de su Consejo Municipal Anticorrupción.

Sin “señales de alerta”

De acuerdo con el SEAY, la ausencia de órganos internos de control en la gran mayoría de los municipios “sin duda ocasiona que las actividades institucionales carezcan de señales de alerta que identifiquen con oportunidad y precisión riesgos de corrupción, generando además dificultades en la ejecución de los planes establecidos que permiten dar alcance a las metas u objetivos de las instituciones”.

Esta falta de eficacia de los organismos institucionales de combate a la corrupción propicia que el ciudadano se abstenga de denunciar actos deshonestos de los servidores públicos, pues “cree que la denuncia no sirve de nada o ésta se tarda mucho en dar resultados”, señala el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.

Debido a esto, Yucatán ocupa el último lugar en el país en número de denuncias presentadas contra actos de corrupción.

En 2019, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del Inegi, Yucatán registró apenas 67 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipal, contra 50,713 del resto del país.— HERNÁN CASARES CÁMARA

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