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Enderezar lo torcido

El Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) sigue siendo el único vehículo con que cuentan millones de mexicanos que ganan bajos salarios para adquirir una casa propia. Imagen de un fraccionamiento en Mérida

Cuenta Carlos Martínez Velázquez (Tlaxcala, 1985) que cuando llegó a la dirección nacional del Infonavit —hace apenas ocho meses— se impuso como tarea principal enderezar todo lo que estaba de cabeza.

Conforme transcurre la conversación con el Diario afloran las medidas que este joven politólogo —egresado del ITAM y fundador de una asociación civil que vela por los derechos de los consumidores— está implantando para reestructurar un instituto que, perdido el rumbo y alineado con los intereses de los desarrolladores de vivienda, no sólo abdicó de su responsabilidad con los trabajadores, sino contribuyó a la destrucción de muchas ciudades, al secundar una irracional expansión del mercado de vivienda.

Alejado de su objetivo social… ¿sigue siendo relevante el Infonavit?

Tan relevante, que siete de cada 10 hipotecas en el país se colocan a través del instituto. Y esto tiene una razón particular: en México los bancos —que tienen como único objetivo alcanzar los más altos niveles de capitalización— no asumen los riesgos que sí corren en otras latitudes y cierran sus puertas a los trabajadores de bajos ingresos. De ahí la relevancia del Infonavit: es el único vehículo con que cuentan los que menos tienen para adquirir una casa: 60% de su cartera hipotecaria se adjudicó a trabajadores que ganan menos de $12,000 al mes, a quienes un banco no da crédito ni para consumo.

Sin embargo, se dice también que los trabajadores pagan y pagan y nunca baja la deuda.

Durante muchos años, el Infonavit se dedicó a otorgar créditos hipotecarios en salarios mínimos porque es lo adecuado cuando hay crisis y la inflación está desbocada. Sin embargo, desde 2004 el aumento de precios está controlado, por lo que no hay razón para seguir con ese esquema y el gobierno, pese a poder hacerlo, no hizo nada para arreglar los préstamos del pasado ni por dar los nuevos en pesos y a tasas fijas. Apenas en 2017, cuando se desindexó el salario mínimo de muchas variables de la economía, el Infonavit comenzó a otorgar créditos en pesos y ahora no sólo estamos fortaleciendo esa medida, sino estamos también arreglando todos los créditos metidos en problemas porque están en salarios mínimos. Con el programa Responsabilidad Compartida sumamos ya 50,000 conversiones para apoyar a gente que está al corriente y está pagando, no se trata de reestructurar créditos que han caído en morosidad, sino de hacer pagables los créditos activos, darles mejores condiciones a los clientes, lo que también es un hito dentro del staff financiero mexicano. El Infonavit es el único jugador del sistema que puede tomar estos riesgos y seguir siendo innovador, tiene 47 años, pero finalmente sigue siendo una startup cuando se trata de buscar opciones financieras para beneficiar a los trabajadores.

Usted tomó las riendas hace apenas ocho meses… ¿en qué estado recibió al Infonavit?

Había realidades distintas. El fondo de la vivienda era manejado con solvencia, con una utilidad de $20,000 millones en 2018. De ese fondo, que es una mutualidad de trabajadores, se desprende el Infonavit, al que la administración pasada aprobó para este año un presupuesto de $12,000 millones. Cuando revisé la parte administrativa caí en cuenta que los recursos se manejaban mal, que se gastaba sin razón y propuse rebajarle $2,000 millones a ese presupuesto…

¿Cómo van las cosas?

A la fecha ya reducimos $1,800 millones simplemente con hacer un histórico del gasto partida por partida, por ejemplo, el dinero para difusión aumentaba sin parar: de los $200 millones de 2010 se pasó a $800 millones en 2018, sin ninguna justificación. Lo que hicimos fue regresar a los montos de gasto de antes. Otro tema delicado eran las contrataciones de proveedores. En 2018, el 93% del presupuesto se ejerció en pura adjudicación directa, en lo que llevamos de este año hemos licitado el 55% del presupuesto. Le dimos la vuelta a las cosas con un simple ejercicio de disciplina, de concursar los contratos, lo que nos ha llevado a obtener el mismo servicio —en algunos casos con los mismos proveedores— a precios más bajos, con lo que nos hemos ahorrado mucho dinero. Y ese es el sentido social de la competencia, que debe llevar al menor precio, a la mejor calidad o a ambas. Entonces estamos gastando menos, gastando mejor.

¿En qué se traduce ese ahorro?

En que hay un mayor rendimiento en la compra de vivienda. La maravilla del fondo del Infonavit es que de alguna manera es como una tanda, todos los trabajadores del sector formal de México le meten 5% de su salario y forman con eso una “bolsa” que es el Infonavit. Esa “bolsa” tiene dos modalidades: uno, quien quiera una casa alza la mano y de allí de agarra el dinero para comprarla, pero el compromiso del trabajador es pagarla, porque el pago de esa casa va a generar un rendimiento, un premio para quienes no sacan una casa o para quienes retrasan su decisión de comprarla. O sea, todos los trabajadores se prestan entre ellos y esos préstamos generan rendimientos por un lado y por otro el compromiso de pago. Son relaciones entre quienes ahorran y quienes necesitan un préstamo, el Infonavit es sólo un intermediario y mientras más barata, más eficiente resulte esa mediación, más dinero habrá para el fondo y eso se traduce en que hoy el fondo esté pagando un rendimiento del 7% cuando el año pasado pagaba 6.5%.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy el instituto?

Son muchos y en distintas escalas. En el plano administrativo es ordenar los procesos de compra. Al llegar pedí a la Comisión Federal de Competencia Económica que dictaminara si la normativa de compras era propicia para generar condiciones de competencia en el mercado. La respuesta fue: “No, incluso incentiva a que haya adjudicaciones directas y opacidad en las contrataciones”. Así pues, uno de mis retos más grandes es poner orden en las compras y generar competencia, para entablar una relación más transparente con los proveedores. Esto es especialmente importante en el tema de la cobranza administrativa. El Infonavit nunca había licitado el servicio de cobranza, era pura adjudicación directa y descubrimos que había muchos despachos que tenían como único cliente al instituto, lo que no es bueno porque envicia la relación. Este año, por primera vez en la historia del instituto, realizamos una licitación pública y abierta y pusimos como uno de los requisitos definitorios que el contrato con Infonavit no represente más del 25% de los ingresos de la compañía. Relaciones sanas permiten la rendición de cuentas.

Pero no todo cae en el terreno de lo administrativo…

Efectivamente, los otros retos tienen que ver con lo social y con la vivienda, que son la razón de ser del Infonavit. Por eso separé al principio de la entrevista lo que es el fondo de vivienda y lo que es el instituto. Al Infonavit le falta orden administrativo, pero en la parte de la vivienda, del crédito, en la parte más social, el principal reto es cómo hacer para garantizar que la gente pueda pagar. Es una pregunta que me hago todos los días.

Y que es además una de las principales críticas que se le hacen al Infonavit…

Por supuesto, porque hasta hace poco el principal interés de los que dirigían el instituto era la rentabilidad. Pero esa no debe ser la mayor preocupación de una institución como la nuestra, sino cómo hacer para que la gente pueda conservar un patrimonio, para que pueda tener una escritura. Hay que entender que una propiedad produce actividad económica, porque esa casa se puede vender o heredar, es un ahorro, un patrimonio. El objetivo del Infonavit debe ser, siempre, que sus derechohabientes puedan pagar y conseguir una escritura, porque hacer más rentable al instituto, que tiene una escala que nadie más posee en el mercado, es relativamente fácil, lo difícil es que esté sano administrativamente y que la gente pueda tener su casa.

Por eso lanzaron el programa Responsabilidad Compartida…

Así es. Y por eso estamos diseñando más programas que logren hacer más flexible el uso del dinero. Porque al final todos esos recursos son de los trabajadores, nosotros lo que tenemos que ver es cómo los pueden usar mejor, pero que los usen, porque mucha gente ni siquiera sabe que al estar en una empresa formal tiene una cuenta abierta del Infonavit y que a esa cuenta se le está depositando dinero.

O sea, de lo que se trata es de poner el acento en la generación de bienestar

Como yo lo veo es que antes el Infonavit estaba dedicado a ver cómo se construían más casas, cómo se atendía a los desarrolladores de vivienda. Estaba haciendo las cosas al revés, porque el Infonavit es una prestación de los trabajadores, no de los desarrolladores. El instituto en lo que tiene que enfocarse es en cómo la gente puede pagar su crédito, cómo puede usar su dinero. Tiene que estar del lado de la demanda, no del de la oferta. Y eso es lo que estamos haciendo: dejar de pensar en los desarrolladores para pensar en los trabajadores.

¿Cómo afrontan el desafío de las casas abandonadas?

Es uno de los temas más graves que nos encontramos porque en este asunto lo que el Infonavit hacía era esconder el polvo debajo de la alfombra. Cada año se acumulaban más y más casas con dictamen de abandono, tanto, que se generó una “industria” especulativa basada en la recuperación de las garantías hipotecarias a través de juicios masivos que se llevaban a cabo en una jurisdicción distinta: en Yucatán, por ejemplo, hay 4,000 familias cuyos casos fueron ventilados en Coahuila o Nayarit. Hemos descubierto contubernios entre despachos para sacar los casos de manera exprés y luego vender las casas recuperadas en las subastas del instituto. Estamos cooperando con la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales para transparentar esto.

Las subastas eran entonces una forma de deshacerse del problema

Pero también de no reconocer que durante años se financió vivienda sin ton ni son y se destruyeron las ciudades de México. Hoy las viviendas abandonadas son la cicatriz de una herida que se abrió en el territorio y que generó un rompimiento social al construir las casas en zonas alejadas, sin infraestructura urbana… Infonavit ha detectado en el país más de 650,000 casas abandonadas, en las que caben 2.2 millones de personas. Es verdaderamente escandaloso que se haya permitido esto y que en lugar de tomar cartas se haya querido solucionar el asunto activando una maquinaria de cobranza. Por eso cancelé las subastas y los procedimientos masivos de recuperación de cartera.

En Yucatán una mafia inmobliaria ha perpetrado despojos, en algunos casos viviendas del Infonavit. ¿Qué hace el instituto al respecto?

Ese delito prospera al amparo de la complicidad de notarios, despachos y empresas inmobiliarias, que han creado un esquema tan complejo que a veces es difícil detectar quién dentro del Infonavit está involucrado. Finalmente, las instancias locales son las que tienen que hacerse cargo de la investigación, hay estados en los que los consejos de la judicatura han destituido jueces, algunos de los cuales, como en Nayarit, han terminado en la cárcel. Lo importante es que actúen las autoridades locales, el Infonavit sólo puede abarcar lo que pasa adentro del instituto, pero estamos en la mejor disposición de cooperar. Lo que está en juego es el patrimonio de las familias, así que hay que llegar al fondo del asunto.

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