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Error de “la mano dura”

El caso de José Eduardo Ravelo visibilizó el tema de la violencia policíaca en Yucatán

Incompatibles los abusos con la paz pregonada, dicen

Es innegable que, a pesar de las cifras positivas en la incidencia de delitos, hay problemas importantes en el modelo de seguridad pública de Yucatán, afirma el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

Hace falta, subraya, una perspectiva integral de seguridad que reconozca la importancia de la protección y respeto a los derechos humanos.

Representantes de la asociación civil recalcan que Yucatán está a tiempo de replantear su modelo de seguridad, sin esperar que la situación se torne peligrosa como ha ocurrido en Quintana Roo.

Y en ese replanteamiento, enfatizan, es conveniente y necesaria la participación de la sociedad.

Estos conceptos son parte de los temas abordados en el foro en que se presentó, el martes pasado en Ciudad de México, el documento “La paz como mito: el insostenible modelo de seguridad pública de Yucatán”.

En el foro, como ya informamos, fueron ponentes los doctores Raúl Benítez Manaut, Sergio Aguayo Quezada y Jorge Fernández Mendiburu. Los dos primeros son integrantes de Casede —Raúl Benítez es el presidente del colectivo— y el tercero es asesor de Grupo Indignación y profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sergio Aguayo dijo que la seguridad es muy importante para dejarla solo en manos de policías y fiscales.

“Creo que están cometiendo el error (en Yucatán) de otros lugares, de desentenderse los ciudadanos y creer que basta la mano dura...”, apuntó. “Es gravísimo, lo peor que se puede hacer”.

El investigador del Colegio de México agregó que se necesitan buenos fiscales y buenos policías, pero también que cámaras empresariales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general asuman su papel de monitorear las piezas del aparato policíaco.

Desmitificación

En el análisis, del cual hemos publicado amplios detalles, se formulan los siguientes comentarios después de repasar la situación en torno a la seguridad:

—En este documento de trabajo hemos revisado elementos que desmitifican el discurso de paz utilizado por el gobierno de Yucatán para legitimar su estrategia de seguridad. El caso que ha provocado más notoriedad es el de José Eduardo Ravelo (Echevarría, joven que murió días después de ser detenido por agentes de la Policía Municipal de Mérida).

—Las violaciones a derechos humanos y la represión de la protesta social son incompatibles con este discurso. Estas acciones ilegales no son necesarias para garantizar la paz.

Factores ignorados

—El caso de Yucatán muestra que (esas acciones) tampoco son suficientes: la paz en el Estado es frágil y existen indicadores de descomposición que actualmente son ignorados por las autoridades locales.

—En consecuencia, aunque en términos relativos sus índices de paz pueden llevar a ver a Yucatán como un modelo en materia de seguridad, mucha más atención habría que poner en lo que ocurre en ese Estado.

Doble problema

—Hay pocas fuentes de información oficial sobre las violaciones a derechos humanos, lo cual evidencia un doble problema.

a) Primero, no existe una voluntad institucional de documentar y rendir cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública.

b) Por otro lado, la falta de datos claros y actualizados impide dimensionar el problema y tomar medidas para actuar en consecuencia.

—Es preocupante que las autoridades no hayan reconocido que existe un problema institucional en las corporaciones de seguridad pública en el Estado.

—El gobierno del Estado, el Congreso local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán frecuentemente usan eufemismos para ignorar o evadir las responsabilidades cuando un caso de violencia policial se hace público.

—Ya sea por falta de capacitación o sensibilización, no nombrar la tortura, las detenciones arbitrarias y/o ilegales, así como las muertes en custodia, implica que las reparaciones a las víctimas y las sanciones a los responsables no cumplan sus objetivos.

—Gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación, así como organizaciones de la sociedad civil, activistas y las víctimas, se han detonado discusiones públicas, serias y objetivas sobre la realidad de Yucatán en materia de seguridad.

—Hay una deuda pendiente de parte de las instituciones académicas y otros sectores, como los Colegios de Abogadas y Abogados.

Premisa fallida

Al principio del análisis se señala que el propósito del documento es mostrar que, cuando se analiza con detenimiento, el caso de Yucatán exhibe que la premisa de que lo importante son los buenos resultados, “independientemente de cualquier otra consideración”, es incompatible con una auténtica política de construcción de paz.— ÁNGEL NOH ESTRADA

 

Seguridad Pormenores

Más detalles sobre el análisis del modelo de seguridad pública de Yucatán:

Algo incompatible

El propósito del documento es mostrar que, cuando se analiza con detenimiento, el caso de Yucatán exhibe que la premisa de que lo importante son los buenos resultados, “independientemente de cualquier otra consideración”, es incompatible con una auténtica política de construcción de paz, dice el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Un mito que cae

Se hace hincapié en que las violaciones a derechos humanos por parte de la policía desmitifican el discurso de paz que promueve el gobierno yucateco, “que ha sido avalado sin reservas por el presidente (Andrés Manuel López Obrador)”.

Discurso y realidad

El texto también dice que el discurso de que estas violaciones inhiben la comisión de otros delitos no es respaldado por las evidencias disponibles. Las estadísticas reflejan otra realidad.

 

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