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Está concluido el conflicto en la Procuraduría Agraria, afirma el encargado

Luego de algunas semanas cerrada por una toma a cargo de ejidatarios, la Procuraduría Agraria en Yucatán reanudó sus actividades hoy y de inmediato llegaron varias personas para realizar trámites diversos (Foto de Joaquín Chan)
Luego de algunas semanas cerrada por una toma a cargo de ejidatarios, la Procuraduría Agraria en Yucatán reanudó sus actividades hoy y de inmediato llegaron varias personas para realizar trámites diversos (Foto de Joaquín Chan)
Felipe de la Cruz Díaz García, encargado de la Procuraduría Agraria en Yucatán (Foto de Joaquín Chan)
Luego de algunas semanas cerrada por una toma a cargo de ejidatarios, la Procuraduría Agraria en Yucatán reanudó sus actividades hoy y de inmediato llegaron varias personas para realizar trámites diversos (Foto de Joaquín Chan)
Luego de algunas semanas cerrada por una toma a cargo de ejidatarios, la Procuraduría Agraria en Yucatán reanudó sus actividades hoy y de inmediato llegaron varias personas para realizar trámites diversos (Foto de Joaquín Chan)

MÉRIDA.— “El conflicto está concluido. A partir de hoy trabajamos de manera normal, de 9 de la mañana a 6 de la tarde”, informó el encargado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Felipe de la Cruz Díaz García.

El funcionario anticipó que próximamente la dependencia federal dará un posicionamiento oficial sobre el conflicto que derivó en la toma del edificio de la Procuraduría Agraria.

La toma estuvo a cargo de un grupo de campesinos que demandaban la salida de Alfredo Ramírez Gómez porque pensaban que era el responsable de esta representación en el Estado.

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Los inconformes se equivocaron porque Ramírez Gómez renunció como delegado federal el 31 de mayo de 2019, como parte de la desaparición de esta figura en la administración pública federal, según detalló Joaquín Díaz Mena, representante del Gobierno Federal en el Estado.

Después de ocho días de permanecer cerrada al público por el bloqueo que realizaron los campesinos, liderados por el asesor agrario Salvador Arteaga Trillo, la Procuraduría Agraria reanudó sus labores hoy en la mañana.

Comienza el arribo de personas a realizar trámites

Desde antes de que abriera llegaron seis personas que por la toma de las oficinas no habían realizado sus trámites pendientes.

El primero que se paró junto a la puerta de acceso fue Abelardo Góngora Uitzil, de Chocholá, quien necesita transferir los derechos agrarios de su fallecido padre a su madre para que ésta goce de plenos derechos ejidales.

El cambio de una letra en el segundo apellido de su padre ha impedido concretar este trámite ante el Registro Agrario Nacional.

“En el acta ejidal escribieron el apellido 'Chim' en vez de 'Chin' y eso hace que rebote el trámite en el RAN”, relató durante una plática en la antesala de la Procuraduría Agraria.

Solo esperaban a que abriera

Los empleados primero abrieron la puerta del zaguán de la calle 63 (con 66), que sirve de estacionamiento a los automóviles de los funcionarios. Apenas se abrió la puerta ingresaron las personas que esperaban una asistencia jurídica para solucionar sus pendientes.

Algunas tendrían que esperar un largo proceso administrativo porque, según uno de los casos, era un error atribuido a la visitadora agraria Diana Alcázar, quien cambió el apellido de uno de los directivos electos de Cheumán, comisaría de Mérida.

Errores de una visitadora agraria

Esto impedía validar el acta de asamblea y su reconocimiento legal como autoridad del ejido.

“Cometió varios errores la visitadora”, dijo Laurentino Cumí y Che, comisario ejidal de esa población. “Echó a perder el acta de asamblea y rebotó en el RAN. Puso mal el apellido del tesorero. Su nombre es Francisco Ucán Canché, y ella le puso Francisco Ucán Sánchez”.

“Cambió el color de mi planilla que ganó, la mía era azul y le puso roja. No lo han corregido y mientras no se inscriba en el RAN no eres nadie para ellos”.

Admiten que hay quejas contra los visitadores

El encargado de la Procuraduría Agraria en el Estado accedió a una entrevista con el Diario en su despacho y admitió que hay varias quejas contra el trabajo de los visitadores, pero aclaró que no se puede suspender ni pedir la renuncia de esos trabajadores porque la representación carece de facultades para ello.

Además, añadió, las quejas solamente son verbales y carecen de un sustento con pruebas contundentes.

“Las quejas no funcionan así, sólo con decirlo públicamente”, explicó.

Proceso para atender las quejas

“Se necesita que el interesado interponga una denuncia formal ante el órgano interno de control contra el servidor público y hay que sustanciarla con pruebas”.

“Ni aquí se realiza la investigación, la hacen las oficinas centrales y ellos son los que resuelven si procede o no”, continuó.

“Si encuentran elementos de culpabilidad aplican las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades; si es grave, podría interponer una denuncia penal”.

Complicada la obtención de pruebas

Dijo que las quejas por los conflictos agrarios son de eventos que tienen varios años y es complicado la verificación y obtención de pruebas para revertir las actas de asambleas.

Además, los ejidatarios confunden las funciones de la Procuraduría Agraria porque creen que puede resolver como una autoridad jurisdiccional sus conflictos, cuando en realidad solamente los asesora, los representa y valida sus asambleas.

“Mi compromiso es con la legalidad. Voy a aplicar lo que marca la ley y las
normas agrarias”, indicó.

Principales conflictos ejidales

“Estoy en esta Procuraduría desde 2006 y sé que los principales conflictos ejidales son por la tierra de la zona metropolitana que rodea a Mérida porque tiene plusvalía”, subrayó.

“Esta Procuraduría no tiene preferencia por ningún grupo ejidal o empresarial, tenemos la obligación de escuchar a ambas partes y orientarlas sobre la legislación aplicable”.

“Los asesoramos en los procedimientos y la conciliación, pero a veces no es fácil, no se logra y se tiene que recurrir a los tribunales”.

Reuniones informativas con los ejidos

Confirma que la Procuraduría Agraria realiza reuniones informativas con los ejidos para que los campesinos revaloren sus tierras, les recomienda que no las venda, aunque la propia ley agraria lo permite.

Sin embargo, les sugiere que en cualquier operación relacionada con las tierras ejidales realicen un contrato de prestación de servicio para que tengan un instrumento jurídico que los respalde.

También les aconseja que antes de cualquier trato económico realicen un peritaje de valuación para que tengan un precio base de referencia y no mal vendan sus tierras.

Los tratos verbales, un problema

“Lo que ha ocurrido desde siempre es que los tratos son verbales y cuando una parte no cumple con el pacto surgen los conflictos en el ejido”, explicó.

“En todos los casos se manejan las operaciones como cambio de destino, asignación de parcelas y autorización de dominio pleno”.

“En ninguna de estas figuras se ve la intención de venta, pero en realidad son operaciones de intercambio económico que tiene como fin la venta de las tierras”.

Revisión para recibir el edificio

El encargado de la PA relató las tres reuniones previas que sostuvo el martes con la intermediación de Díaz Mena e informó que en realidad desde ese mismo día por la tarde recuperaron las oficinas.

Realizaron una minuciosa revisión y constataron que no había daños y no abrieron oficinas, por lo tanto aceptaron la devolución del edificio, pero se tendrá que formalizar con un acuerdo conciliatorio en la Fiscalía General de la República donde interpuso una denuncia por el secuestro de las oficinas.

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