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Evalúan al Poder Judicial

Fátima Gamboa

Lo reprueban por no subir sus fallos a su sitio digital

Con 47.5 de 100 puntos, el Poder Judicial de Yucatán reprobó en transparencia, de acuerdo con el informe “ (In)justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México. Caso Yucatán”, presentado ayer en el Auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Olimpo.

Con ello el Poder Judicial de Yucatán fue el mejor calificado, pues todos los poderes judiciales de México están reprobados en Justicia Abierta, ninguno logró ni el 50% del puntaje.

Organizado por Equis Justicia para las Mujeres con la Red de Justicia, Apis, Unasse y el Instituto Nacional de Transparencia, Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de Equis Justicia, destacó que para elaborar la evaluación, lo que se hizo fue hacer solicitudes de acceso a la información al propio Poder Judicial, es decir, el informe se hace con las propias respuestas oficiales del Poder Judicial y ellas las evaluaron de 100 a 0 puntos.

“El resultado general es que el Poder Judicial de Yucatán reprueba en transparencia, porque solamente obtuvo 47.5 de 100 puntos”.

“Presentamos ¿qué tanto el poder judicial de Yucatán transparenta las sentencias?, ¿Si utiliza criterios de máxima publicidad para transparentarlas? , ¿si tiene presupuesto su unidad de transparencia? y sobre todo, evaluamos ¿cuáles son los mecanismos o no, de participación ciudadana que tiene el Poder Judicial”.

Se le preguntó a Yucatán si contaba con un registro de las sentencias que emitió en 2017, a nivel nacional, más de la mitad de los poderes judiciales no cumplen y no tienen registro de cuantas sentencias emiten.

En el caso de Yucatán si tienen registro y emitió 1,425 sentencias, ese fue su resultado y fue calificado bien porque tiene la información. De esas 1,425 sentencias se preguntó cuántas habían hecho transparentes, es decir, cuantas habían publicado en su portal de transparencia y únicamente había hecho 13% de ellas, lo que quiere decir que el 80% de las sentencias que jueces emiten en Yucatán no se pueden conocer a través de la transparencia.— Luis Iván Alpuche Escalante

Precisó que no las publican porque Yucatán utiliza el criterio de sólo publicar las sentencias constitucionales o relevantes que sientan precedentes.

Esto, dijo, es problemático porque es muy poca la cantidad de sentencias que son constitucionales y las que le importan a la ciudadanía son las de primera instancia, las de divorcio, de feminicidio, violencia sexual, son esas que el poder judicial no considera importantes, que no está publicando y que son las que se emiten día a día en los municipios y Mérida.

“También se le preguntó al Poder Judicial cuales son los mecanismos de participación ciudadana que tienen, y contestaron que han hecho eventos con academia, que hay concursos de litigación oral con estudiantes, reuniones con la cámara de empresarios y comercio, pero ojo, eso no es participación ciudadana”, dijo.

“Debemos entender como participación ciudadana en el Poder Judicial un camino de doble vía en donde haya una colaboración y un dialogo con sociedad civil y que a través de eso, tenga por objeto mejorar la impartición de justicia”, dijo Fátima Gamboa.

Precisó que un observatorio de sentencias judiciales en donde las sentencias sean analizadas por sociedad civil, es participación ciudadana, lo mismo que un buzón de quejas donde haya quejas, sociedad civil y actores importantes que les importe el tema y se tomen decisiones sobre qué hacer con esas deficiencias en la atención de justicia.

La ponente destacó que sí no hay una devolución, una retroalimentación y una evaluación de sociedad civil al trabajo del poder judicial no hay participación ciudadana y eso lo debe tener muy claro el poder judicial porque incluso en su respuesta les dijo que no están obligados a establecer mecanismos de participación ciudadana.

“Un poder judicial sin participación ciudadana es uno que carece de legitimidad, puesto que ellos no son escogidos a través del voto y lo que lo legitima ante la sociedad son sus resoluciones y la sentencia es el documento más importante de lo que hacen y por eso todas las sentencias tendrían que estar públicas”, comentó.

En el evento Amelia Ojeda Sosa de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal, A. C. (Unasse), presentó un informe que se llama No es Justicia, en el cual se analizaron sentencias de Yucatán y lo que dice es que se advirtieron deficiencias, las cuales son que los jueces y juezas aun no comprenden que es juzgar con perspectiva de género.

“Están resolviendo en base a creencias personales, en base a estereotipos y prejuicios, cuando resuelven no utilizan evidencia, no se fundamentan o sustentan en peritajes, sino solo se avientan argumentaciones que carecen de toda técnica jurídica, pero lo más grave es que son contrarias a los estándares de derechos humanos”.

Joel Salas, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia habló sobre visibilizar el informe de injusticia abierta como un punto de partida en el cual los poderes judiciales pueden tomarlo como un ejercicio de apertura y autocritica para poder, a partir del informe y áreas de oportunidad, poder mejorar la forma en como el Poder Judicial se relaciona con la ciudadanía.

Recordó que Yucatán es uno de los tres estados que todavía no forman parte de los ejercicios locales de gobierno abierto.

“Eso justo va a cambiar hoy al suscribir la declaratoria de gobierno abierto. Hacemos un respetuoso llamado tanto a sociedad civil como al Poder Judicial y al órgano garante local para que en los siguientes pasos que se tengan que dar, donde uno es instalar el grupo de negociación entre sociedad civil, autoridades y el órgano garante, que pueda quedar el poder judicial, para que haya compromisos de justicia abierta más allá de la publicación de las sentencias.

La diputada Kathia Bolio Pinelo habló igual en el evento y dijo que preside una comisión que a solicitud de su bancada es de nueva creación: El desarrollo humano e inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad, en la cual entran jóvenes, personas con discapacidad, niñas, niños, personas de la etnia maya o mayahablantes y adultos mayores.

“Ayer votamos herramientas que le hacen falta a jueces, ministros y magistrados para que ya no se hagan patos con el derecho a recibir justicia de mujeres, discapacitados, adultos mayores, mayahablantes y en general de todos los grupos vulnerables”, dijo.

Detalló que se agregan tres nuevos delitos al Código Penal de Yucatán y a la ley de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia, como la violencia laboral, violencia obstétrica y violencia por parentesco, los cuales no estaban considerados.

 

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