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Exregidores de Progreso hoy podrían ser vinculados a proceso por cohecho

Sesión del Cabildo progreseño el 4 de marzo de 2016

La audiencia de control prevista para hoy lunes en la que los 11 exintegrantes del Cabildo de Progreso de 2015 al 2018 (entre ellos el exalcalde José Isabel Cortés Góngora), como parte del proceso que se les sigue por el presunto delito de cohecho, no sería concluyente ni exoneraría a nadie en caso de que se determine la vinculación o no vinculación a proceso, como señalamos en nota publicada el pasado viernes.

Lo que arrojará esa audiencia es si se otorga o no a la Fiscalía que realice la investigación judicializada o formalizada en contra de los imputados (hasta seis meses), para seguir investigando y aportar más datos de prueba y, en su caso, acusar y pedir que se abra un juicio oral ante el tribunal.

Omar Edmundo Suárez Piña, catedrático de la Facultad de Derecho de la Uady, en entrevista con el Diario nos proporciona elementos para entender la complejidad que encierra un proceso de esta naturaleza antes de siquiera un juicio se lleve al cabo.

Hasta el momento, y de acuerdo a lo explicado ampliamente por el licenciado Suárez Piña, todas las etapas del caso se están llevando conforme a la ley; ya se ha realizado la audiencia de imputación ante un juez de control, en la cual se le ha informado a los exediles por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el hecho que se les atribuye.

También la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador y los datos de prueba que existen en su contra.

Lo anterior es en términos de la fracción III del apartado B del artículo 20 Constitucional y artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El juez le ha preguntado a los imputados si entiende la imputación y si es su deseo contestar al cargo, expresándole su derecho de guardar silencio y que el mismo no sea utilizado en su contra.

Vinculación a proceso

Se ha verificado la audiencia en la cual la Fiscalía le ha pedido al juez de control que vincule a proceso a los imputados, narrando los antecedentes del asunto, del tipo de delito por el cual espera continuar la investigación, el grado de participación y los datos de prueba que a su juicio justifican la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó.

El juez ha cuestionado al imputado acerca si gusta declarar o se reversa el derecho a declarar, así como si quieren que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de 72 horas o si lo solicita hasta en 144 horas, en términos del artículo 19 constitucional y artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En este caso los imputados solicitaron el plazo de 144 horas (que vencen hoy, fecha que se ha fijado para que continúe con audiencia de vinculación de proceso), por lo que se suspendió la audiencia de vinculación a proceso y se abrió la audiencia de medidas cautelares que garanticen que los imputados no podrán sustraerse a la acción de la justicia, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del proceso.

El artículo 262 Bis del Código Penal del Estado de Yucatán establece que Comete el delito de cohecho:

1) El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.

2) El que directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona, dé, prometa u ofrezca dinero, algún bien o servicio o cualquier otra dádiva a un servidor público, para que haga o deje de hacer algo lícito o ilícito relacionado con sus funciones.

3) El legislador estatal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, o b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione o solicite a nombre o en representación del legislador estatal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción.

Los castigos

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

1) Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda de 500 unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días-multa.

2) Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a 14 años de prisión y de 100 a 150 días-multa.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádiva entregados o recibidos, éstos se aplicarán a beneficio del erario estatal.

Igualmente refiere que hoy, al reanudarse la audiencia de vinculación a proceso, se comenzará con la presentación de los datos de prueba ofertados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los mismos que hayan sido ofrecidos por los imputados o su defensor.

Posteriormente la defensa tendrá el uso de la voz para hablar por los imputados, y exponer los argumentos de defensa, así como su estrategia, pudiendo invocar alguna causa de exclusión del delito o invocar una causa de extinción de la acción penal en términos del artículo 21 constitucional y de la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, así como cualquier argumento que considere adecuado para la defensa de sus representados.

La Fiscalía, el asesor jurídico victimal (en representación de la víctima u ofendido) y la defensa en esa audiencia debatirán sus argumentos ante el juez de control, quien al final de la misma dictará una resolución que puede ser en dos sentidos: vincular a proceso o no vincular a proceso a los imputados.

En esa audiencia deben respetarse los derechos humanos de las partes, como son el de igualdad de armas, debido proceso, garantías judiciales, acceso a la justicia, presunción de inocencia, derecho a una defensa adecuada y técnica, derecho a la reparación del daño entre otros previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 apartado A, B y C y 21 de la Constitución Mexicana y artículo 8o. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Asimismo, observarse los principios que rigen al proceso penal como son publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, y presunción de inocencia, comentó.

El proceso penal considera salidas alternas al proceso, como el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, así como una forma de terminación anticipada del proceso, que es el procedimiento abreviado.— Emanuel Rincón Becerra

Caso/ Cabildo de Progreso

A continuación se dan algunas consideraciones sobre la figura de la vinculación a proceso.

Certeza

La vinculación a proceso es una figura que dicta el juez de control si se cumple el estándar probatorio que establece el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, el cual garantiza a los presuntos responsables que en un término no mayor a seis meses tendrán la certeza de saber si su caso se llevará a juicio, según los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía.

No es exoneración

Para el caso de que se dicte la no vinculación a proceso, que por el momento no se le siga una investigación judicializada, de ninguna manera quiere decir que se les exonera porque aún no se les ha juzgado y la Fiscalía puede seguir investigando mientras no dicte el sobreseimiento.

Juicio

Si se dicta la vinculación a proceso, la Fiscalía tiene hasta seis meses para continuar con la investigación complementaria y, una vez cerrada la misma, la Fiscalía podrá presentar el escrito de acusación y se abrirá la audiencia intermedia, en la cual se depuran los medios de pruebas ofertados por las partes en su descubrimiento probatorio, con el juez de control que dictará el auto de apertura a juicio oral; éste será ante tres jueces que no hayan tenido conocimiento alguno del asunto hasta ese momento.

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