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Filiberto Pinelo Sansores: Muchas caretas a punto de caer

No es menor el número de quienes se han puesto a temblar por lo que pueda declarar Emilio Lozoya en el juicio que ya se le inició en torno a algunos de los atracos cometidos durante la época de oro del saqueo a la nación, tan añorada por sus beneficiarios y tan repudiada por el pueblo que, harto, votó contra quienes la practicaban hace, apenas, dos años.

Muchos comenzaron ya a curarse en salud, sobre todo los “representantes” del pueblo que aprobaron en las Cámaras las reformas “estructurales” de Peña Nieto, a cambio de sobornos.

Por supuesto que quienes se encuentran en esta tesitura buscan descarrilar el juicio, aun antes de comenzar, pretendiendo hacer creer que es una farsa o esgrimiendo supuestos argumentos como el de que los tiempos de vigencia de los delitos ya caducaron.

Inaudito es, también, que haya columnistas que se dicen guardianes de la honestidad que debe imperar entre los gobernantes y cuando se sienta en la silla de los acusados a un político corrupto, lo defienden, si no abiertamente, sí usando la argucia de poner en duda, a priori, la intención del juzgador.

Notable es, también, el esfuerzo que muchos hacen por descalificar pruebas y declaraciones que exhiben a quienes se beneficiaron de los actos de corrupción —con el fin de protegerlos—, pues en los acusados fincan su esperanza de que regrese el antiguo régimen, para seguir medrando al amparo del poder. Les molesta que Lozoya hable, lo quisieran mudo, pues lo que dirá será un golpe demoledor contra el viejo y corrupto sistema.

Están tratando de sembrar en la opinión pública la idea de que se trata de un montaje que no tiene el propósito de hacer justicia sino de usar el evento como un medio para llevar agua al molino de la Cuarta Transformación. No tienen ninguna prueba de sus dichos, pero les da lo mismo. Llevados por un odio irracional dan por ciertos hechos que solo se los imaginan.

Una editorialista escribió: “Lozoya quizás custodia material que AMLO utilizará con un claro fin electoral”. Y más adelante asienta: “Ambos se necesitan. Lozoya necesita a AMLO para reducir su condena o convertirse en testigo protegido; hablará o callará según se lo pida el Presidente. Y AMLO necesita a Lozoya para perseguir al Prian, desacreditar la reforma energética, mantener en vilo a Peña Nieto, e ir tras él si ante la crisis creciente necesita un distractor eficiente” (Denise Dresser, D. de Yuc., 27-07-20). ¿Pruebas? Ninguna.

Otro tampoco se midió: “Parodias aparte —dijo—, el único pacto que va quedando cada día más claro es el que hay entre AMLO y Lozoya. Se necesitan mutuamente. El exfuncionario requiere desesperadamente el favor presidencial para que no le armen un proceso muy duro, a él y a su familia que tienen de rehén”. (Pablo Hiriart, 28-07-20).

Estos mismos comentaristas arman gran escándalo porque “este gobierno no es capaz de meter a la cárcel a los corruptos” —cosa falsa porque ya hay varios ahí y otros están detenidos en espera de extradición—; pero en el momento que agarran a uno que pone en peligro el andamiaje entero de la corrupción, como en el caso de Lozoya, se olvidan de sus exigencias y ponen a la vista sus propios intereses que ven en tal hecho la posibilidad del entierro definitivo del sistema en que cifraban sus esperanzas de regreso al viejo orden.

¿De qué se trata? De entorpecer la dinámica que conduce a escarbar en las profundidades del mundo delictivo de las altas esferas políticas del país y saber quiénes nos saquearon, en qué proporción lo hicieron, con quiénes dividieron el botín y, en lo posible, resarcir el daño y recibir el castigo merecido.

Siendo de interés público el saneo de la vida institucional de México, ningún pretexto es válido para tratar de evitar que ello ocurra en aras de intereses de secta. Independientemente de a quién beneficiará en lo individual o político el que se sepa quiénes fueron los corruptos del pasado, el pueblo será el mayor beneficiado por la satisfacción de su derecho a la verdad, a saber si es cierto que los sobornos de Odebrecht fueron a dar a bolsas privadas y a campañas políticas y si lo es también que millonarias cantidades de dinero fueron repartidas entre legisladores corruptos por levantar la mano.

El miedo no anda en burro. Es obvio que van a salir a la luz nombres, documentos, cantidades, conceptos, grabaciones, etc., en el juicio y muchas caretas caerán. Estamos frente a un acontecimiento inédito que pondrá en su lugar a muchos que hoy presumen de honorables. Los motivos que tenga el acusado para declarar pasan a segundo término cuando se trata de saber la verdad.

El caso Lozoya expone la podredumbre en que navegaron tirios y troyanos, agarrados de la mano, durante la larga noche de los regímenes corruptos en nuestro país. Aquéllos que le disputaron al PRI el poder del Estado esgrimiendo como ariete su decencia —la que solían comparar con el cínico proceder robalo-todo de sus adversarios— y no bien pusieron pie en Palacio empezaron a mostrar el falso oro del que estaban hechos; Vicente Fox, enderezó sus quebradas finanzas y se volvió próspero empresario una vez que dejó la presidencia. Felipe Calderón lo sucedió mediante un megafraude electoral en que su operadora Elba Esther Gordillo —mediante operaciones de lavado de dinero a través del SNTE— se dedicó a comprar gobernadores para alterar el voto en favor de él, en sus respectivas entidades, como demostró su conversación telefónica filtrada con el narco gobernador priista de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, el día de las elecciones.

El affaire Odebrecht no comenzó con Lozoya y Peña; se remonta al periodo anterior. Esta empresa empezó a operar desde tiempos de Calderón, quien llegó a la presidencia “haiga sido como haiga sido”, al grado de que una sesión de Consejo de la Empresa se efectuó en Los Pinos y de que le fue concedida la construcción de una planta, Etileno XXI, acompañada de un contrato leonino que le permitió recibir gas de Pemex a precios de regalo a costa de que plantas de la paraestatal dejaran de recibirlo, ocasionándole a ésta una pérdida que, en 2016, ascendió a mil 935 millones de pesos. Es pues larga la lista de involucrados en hechos delictivos de cuello blanco que pueden salir a la luz en esta saga. Que nadie se espante. La sociedad lo requiere.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

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