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Dinero “en seguimiento”

Eduardo Mendoza Mézquita, secretario de Salud en la anterior administración estatal, en Tekax. Una investigación de la ASF reveló que se gastaron $67 millones en su gestión que no se justificaron

La ASF detecta gasto en la SSY aún no justificado

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) en el gobierno anterior gastaron más de 67 millones de pesos de recursos federales sin comprobar, dinero que esa dependencia aún no devuelve, revela una investigación de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con ese organismo, ese año la administración de Rolando Zapata Bello recibió $2,001 millones 267 mil 200 de la Federación, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), así como otros ingresos de beneficios diversos por $257,400. Estos recursos generaron rendimientos financieros en las cuentas bancarias del gobierno por $68,200, para un total disponible de $2,001 millones 592 mil 800.

El 31 de diciembre de 2018, el gobierno del Estado reportó haber comprometido pagos por el 100 por ciento de esa cantidad, aunque en realidad solo liquidó cuentas por $1,934 millones 335 mil 100. De este modo, dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quedaron recursos disponibles no pagados por 67 millones 257 mil 700 pesos, por lo que ese organismo solicitó al gobierno yucateco presentar la documentación que acredite el pago de esa cantidad o devolver el dinero a la Tesorería de la Federación.

Hasta ahora no ha ocurrido ninguna de las dos cosas y la auditoría continúa “en seguimiento”.

Esta es la primera vez que se habla con detalles de este presunto nuevo desvío en el Sector Salud de Yucatán.

En enero de 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó 26 denuncias, seis de ellas por “irregularidades financieras”, que representan un quebranto de al menos $533 millones, cometidos en varias oficinas del gobierno de Zapata Bello, entre ellas algunas relacionadas con dependencias del Sector Salud.

Investigaciones

Las denuncias se hicieron ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (en los casos de índole penal) y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

En 2018, el exgobernador Patricio Patrón Laviada denunció a la administración de Zapata Bello por desviar más de 160 millones de pesos destinados a la salud, sobre todo entre 2015 y 2016, a través de la contratación de 61 empresas “fantasmas”.

Ninguna de estas denuncias ha prosperado.

El Fassa es un fondo federal cuyo principal objetivo es aportar dinero de la Federación a los gobiernos estatales y municipales para que éstos puedan dar servicios de salud a la población más vulnerable que no cuenta con empleo formal, o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios públicos de salud.

Además del presunto desvío de más de $67 millones en los SSY, la Auditoría Superior, en su auditoría de cumplimiento 2018-A-31000-19-1509-2019, detectó otras graves irregularidades, entre ellas el intento de esa dependencia, dirigida entonces por Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, de “jinetear” los intereses generados por las aportaciones federales.

De acuerdo con la investigación, los SSY se atrasaron en 2018 de 6 a 24 días en transferir el dinero enviado por la Federación a través del Fassa a una cuenta bancaria específica, lo que generó rendimientos no declarados hasta el 31 de enero de 2018, de $5.8 millones. La administración de Vila Dosal devolvió ese dinero a la Tesorería de la Federación en dos pagos: el 15 de enero y el 27 de febrero de 2019, dice el informe de la ASF.

Los SSY en el gobierno pasado quisieron también escamotear, y en parte lo lograron, el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social del SAR-Fovissste, correspondientes al segundo semestre de 2018 por un monto de $73 millones 971 mil 200 de los cuales $45 millones 642 mil 400 correspondían a recursos del Fondo.

Solo fue como consecuencia de la intervención de la ASF que el sucesor de Zapata Bello hizo el pago extemporáneo de esas cuotas y aportaciones por $30 millones 814 mil 600, dejando pendiente de pagar $14 millones 827 mil 800.

Asimismo, la ASF analizó una muestra de 1,711 servidores públicos adscritos al Hospital O´Horán y descubrió que 148 de ellos no pudieron ser localizados en su centro de trabajo, aunque las autoridades “presentaron su justificación mediante un documento oficial”.

Personal

A esta lista se añade otra de 34 empleados de la los SSY comisionados al sindicato, pero que cobraban sus sueldos con dinero del Fondo, que no está diseñado para eso. En este caso, empero, el gobierno justificó ese pago con una autorización por escrito firmada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud federal.

Además, la ASF revisó 160 expedientes de personal y encontró que cinco empleados no acreditaron el perfil requerido para la plaza bajo la cual cobraron en 2018, con recursos del Fondo, la cantidad de un millón 849 mil, 300 pesos, equivalentes a sueldos de $30,821 mensuales.

Otras observaciones hechas por la ASF a los Servicios de Salud de Yucatán del gobierno pasado fueron que éstos no acreditaron haber realizado acciones para comprobar su compromiso con los valores éticos, como la emisión de un código de conducta ni de un mecanismo de denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional. Tampoco acreditaron haber realizado acciones que formen parte de la responsabilidad de la vigilancia y supervisión de control.— HERNÁN CASARES CÁMARA

La auditoría de la ASF concluye, luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno a los SSY, que esta dependencia obtuvo una calificación de 11.7 puntos en una escala de 100, “lo que la ubica en un nivel bajo de gestión”.

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