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Cárceles irregulares

Una de las cárceles municipales que inspeccionó la Codhey en 2019. El año pasado revisó a 44 de ellas

La Codhey ve que es clave hacer este año inspecciones

De nuevo las cárceles de Yucatán están en el ojo del huracán y la polémica, pues recientemente una persona falleció bajo custodia de las autoridades policiales de Dzilam González.

Para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhey), el problema es complejo porque no solo son cuestiones de infraestructura con que deben contar estos sitios, sino también protocolos que muchas veces no se cumplen, advirtió el presidente de la institución, Miguel Sabido Santana.

Debido a la pandemia de Covid-19, el año pasado la Codhey solo pudo revisar 44 de las 106 cárceles municipales de la entidad, de ahí la importancia de que en este 2021 se lleve al cabo una revisión de todos estos espacios los cuales deben cumplir con condiciones físicas y de infraestructura elementales, además de protocolos de operación y capacitación de su personal policíaco.

Entrevistado vía telefónica por el Diario, el presidente de la Codhey recordó que de años atrás se efectúan revisiones periódicas de las cárceles municipales, como resultado de estas visitas y sus respectivas recomendaciones la incidencia de muertes de personas detenidas en esos espacios habían tendido a bajar, de hecho el año pasado se tuvo conocimiento de ocho casos.

En lo que va del 2021 se han reportado dos casos, este de Dzilam González y otra en la cárcel de Tekal de Venegas hace casi dos meses.

“Las inspecciones nos permiten conocer la situación que prevalece en las cárceles municipales, conocemos cómo se encuentran físicamente, con qué infraestructura cuentan y, sobre todo, cómo se manejan y en manos de quienes están, a veces señalamos algunas cosas y se corrigen, pero otras no”, explicó.

Según se informó, las cárceles no siempre reúnen condiciones físicas adecuadas, pero el verdadero problema reside en la forma en que esos sitios se manejan al violarse derechos humanos fundamentales entre los detenidos y es ahí donde los protocolos se hacen presentes.

“Los detenidos tienen derecho a un trato digno, un espacio limpio, seguro, confortable, con facilidades de comunicación, valoración médica, alimentos; esto no se cumple en todos los casos, por lo que es común que ocurran situaciones donde los detenidos ven violados sus derechos”, comentó el entrevistado.

“Cualquiera puede caer en una cárcel, sus derechos deben estar garantizados desde su detención”, subrayó.

Entre las irregularidades que se cometen en las cárceles, más allá de las carencias de infraestructura, está que a los detenidos se les despoja de sus ropas presuntamente para evitar que las utilicen para atentar contra su vida, no se dividen las áreas de detención entre hombres y mujeres o entre adultos y menores.

A veces no se les procura una separación que, en estos tiempos de Covid, garantice sana distancia entre los detenidos, no hay una valoración médica que certifique el estado físico o de salud en que se encuentra el detenido al ingresar y no se lleva un registro de detenidos.

De las 44 cárceles revisadas por la Codhey en 2020, solo las de Mérida, Tizimín, Valladolid, Umán y Buctzotz ofrecieron condiciones dentro del rango de lo aceptable para garantizar los derechos humanos de los detenidos.

La otra cara de la moneda fueron las cárceles de Peto, Sanahcat, Halachó, Acanceh, Chapab, Mocochá, Dzán y Tahdziú, cuya infraestructura es deficiente y los protocolos para los detenidos no ofrecen garantía de derechos humanos al detenido.— Emanuel Rincón Becerra

El entrevistado consideró que las cárceles que más se preocupan por los derechos humanos de los detenidos están en municipios grandes que cuentan con recursos y presupuestos para tal fin.

 

Comisión estatal Cárceles

El presidente de la Codhey se refirió a las violaciones a los derechos humanos que se dan en las cárceles yucatecas.

Capacitación

Las rotaciones en el personal de las fuerzas policiales hace muy difícil aplicar programas de capacitación de derechos humanos como los que promueve y ofrece la Codhey a los municipios, además que el personal de la Policía Municipal debe estar debidamente acreditado, certificado y capacitado por la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Renuncias

Este proceso tiene costo y los ayuntamientos no siempre están dispuestos a cubrirlo, ya que es muy común que los policías renuncien a sus cargos y se vayan a otros municipios a trabajar.

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