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Como una bola de nieve

Foto: Megamedia

Intereses de la deuda asfixian las finanzas estatales

La deuda pública directa en Yucatán es hoy de $7,620 millones y aumentará a $9,300 millones, en cifras redondas, si finalmente el Congreso del Estado aprueba la iniciativa del Ejecutivo para contratar un nuevo empréstito de $1,728 millones.

Al cierre de 2019, de acuerdo con los informes financieros del gobierno del Estado, el endeudamiento directo era de $4,115 millones, pero hasta ese momento solo se reflejaba una disposición de $615 millones del préstamo de hasta $2,620 millones autorizado para el programa Yucatán Seguro.

De considerarse el total de ese crédito, porque al comenzar 2020 seguía abierta la cartera, el monto total sería de $6,120 millones.

A esta cantidad, como indicamos en amplia entrega en yucatan.com.mx el martes pasado, hay que agregarle los $1,500 millones de una ampliación presupuestal para el ejercicio 2020, que elevan a $7,620 millones los compromisos de pago previos al debate de la nueva solicitud de $1,728 millones.

Esa ampliación presupuestal implica recursos adicionales que el Ejecutivo utilizará con motivo de la emergencia por el Covid-19 y los tendrá que cubrir durante la presente ad ministración.

Como ya hemos informado, oficialmente esos $1,500 millones representan un sobregiro que se le autorizó al gobierno en su presupuesto de este año, lo cual le permitirá reportar un “balance presupuestario de recursos disponibles negativo”.

De aprobarse los $1,728 millones de la iniciativa que está en debate en el Congreso, para un plan de reactivación económica con el cual el gobierno hará frente a la crisis del Covid-19, la suma crecerá a $9,340 millones. Esto, insistimos, considerando el uso total del préstamo para Yucatán Seguro.

Así, de 2007 a 2020 el endeudamiento habrá aumentado en $9,000 millones, aunque hay que recordar que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco dejó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) con un boquete de $2,125 millones.

La “deuda oculta”

La información sobre el Isstey no es registrada como deuda en la Cuenta Pública, que solo considera como tal los compromisos con bancos. Es, junto con los pagos pendientes a proveedores y otras obligaciones financieras, la “deuda oculta” que han señalado asociaciones civiles.

En un análisis sobre la situación financiera del Estado que dieron a conocer a fines de 2014, el Centro para la Competitividad de Yucatán y la Coparmex Mérida indicaron que todos los pasivos del gobierno —deuda bancaria, pagos a proveedores, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), compromisos con el Isstey, etcétera— son una bola de nieve cada vez mayor que asfixia las finanzas públicas.

El PPS que dio pie a la construcción del Gran Museo del Mundo Maya es un ejemplo de la pesada carga para el erario.

En 2010, cuando Ivonne Ortega pidió al Congreso autorización para firmar el contrato de la construcción, dejando como garantía las participaciones federales, informó que la obra costaría $411 millones y el pago anual sería de $33 millones.

La cantidad resultó once veces mayor de lo que se informó en ese momento. Desde 2013 los yucatecos pagan por ese museo —considerado un elefante blanco por su escasa, casi nula utilidad— unos $260 millones anuales y lo seguirán haciendo durante 21 años.

En lo que compete a la actual administración, la ampliación presupuestal solicitada en marzo pasado implica presiones adicionales, pues se trata de un compromiso a corto plazo.

De acuerdo con el decreto 199/200 publicado en el Diario Oficial del Estado, el Ejecutivo está autorizado a obtener un sobregiro de $1,500 millones en el presente ejercicio fiscal, con motivo de la pandemia.

Si se reparten los $1,500 millones en los cuatro años que restarán a la actual administración a partir de 2021 se obtiene que en cada ejercicio habría que considerar unos $370 millones extra en las obligaciones de pago.

Un costo muy alto

Un concepto que ejerce otro tipo de presión es el pago de intereses, que a la larga conduce a un crecimiento considerable del endeudamiento, en una proporción que duplica y hasta triplica las obligaciones originales.

Según los informes de las finanzas públicas del Estado, en 2008, primer año completo de Ivonne Ortega en el gobierno, la deuda directa era ya de $449 millones.

Por esa cantidad, en ese ejercicio se pagaron poco más de $55 millones por amortización de capital y $26 millones por el costo del servicio de la deuda, es decir, intereses.

La tendencia de pago capital-intereses se invirtió en los años siguientes. En 2011 el endeudamiento con los bancos era ya de 1,663 millones de pesos. Esa vez se pagaron $50 millones de amortización de capital y $118 millones —más del doble— por intereses.

Los años de relevo

2012, año de transición en el Poder Ejecutivo, cerró con un endeudamiento bancario de $2,256 millones. El pago de amortización de capital a lo largo del ejercicio fue de apenas $31 millones y el de intereses se disparó a $132 millones.

2018 fue otro año de transición en el Palacio de Gobierno, que significó un cierre con deuda pública directa de $3,621 millones. La deuda con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se mantenía estable en $306 millones.

Para atender las amortizaciones de la deuda directa heredada en el cuarto trimestre de ese año, que correspondió a los primeros meses de gestión de Mauricio Vila, el Ejecutivo pagó $28.11 millones, contra $82.25 millones que representó la erogación por intereses.

Esos pagos son similares a los que hizo la administración anterior en el trimestre de su despedida, de julio a septiembre. Fueron $26.93 millones de capital más $81.37 millones de intereses. En la deuda con garantía del Fondo de Apoyo se erogaron $6.42 millones por costo del servicio de la deuda.

Al terminar 2019, la deuda pública directa presentaba un saldo de $4,115 millones. Solo de octubre a diciembre se cubrieron $32 millones por amortizaciones al capital y $78 millones por réditos.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Deuda pública Intereses

Más apuntes sobre la deuda pública y la carga adicional que significa el pago de intereses.

Impacto en el presupuesto

En 2018 se solicitó y aprobó para amortización de la deuda y el pago de intereses un monto anual de 447 millones de pesos.

Lo más reciente

En 2020, ya con el crédito de $2,600 millones cuya contratación se solicitó al Congreso en 2019, para el programa Yucatán Seguro, se autorizaron $927 millones para esos conceptos.

Lo que vendría

La aprobación del nuevo préstamo de $1,728 millones, cuya iniciativa está todavía en manos del Poder Legislativo, implicaría un significativo aumento en el costo del servicio de la deuda.

Más compromisos

Si se añaden $370 millones que se tendrían que desembolsar cada año de 2021 a 2024, para cubrir la ampliación presupuestal del ejercicio de 2020, el Estado tendría que erogar más de mil millones de pesos anuales para cumplir sus compromisos de financiamiento.

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