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Investigación federal contra exalcaldes y exfuncionarios estatales

Fachada del Palacio de Motul. El caso del exalcalde de ese municipio se encuentra entre las investigaciones

Fiscalía Especial Anticorrupción turna doce casos

El fiscal especial en Combate a la Corrupción en Yucatán, José Enrique Goff Ailloud, informó derivado de los procedimientos iniciados con motivo de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado contra funcionarios de anteriores comunas, se solicitaron audiencias ante el Poder Judicial estatal por controles judiciales relativos a actos de investigación y audiencias iniciales para imputación.

“Sin embargo, en estos casos, la autoridad judicial estatal se declaró incompetente para resolver, pues consideró que los procedimientos debían ser continuados por las instancias federales, ya que los recursos que presuntamente fueron manejados o aplicados de manera indebida pertenecían a los Fondos de Aportaciones Federales”, precisó.

Indicó que los jueces de control señalaron que si bien de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal las aportaciones federales constituyen una transferencia de recursos a las haciendas públicas de los estados y municipios, no pierden su naturaleza federal y por ello la competencia para conocer de los procedimientos relativos su manejo indebido, y en su caso ejercitar las acciones penales, debe corresponder a las autoridades de esa esfera, independientemente que la afectación la haya sufrido el estado o el municipio.

“En virtud de lo anterior esta Fiscalía Especializada hasta el momento declinó la competencia a favor de la Federación en 12 carpetas de investigación derivadas de denuncias en las que se involucra a servidores públicos de administraciones municipales anteriores, a fin de que continúe en el conocimiento, ya sea la delegación en Yucatán de la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Federal, según corresponda”, explicó.

Goff Ailloud agregó que igual está pendiente la consulta de competencia en 55 casos más, a fin de que la Federación señale si sería esa instancia la que continuaría el conocimiento de estos asuntos, y los que ya remitió a la Federación se relacionan con los municipios de Quintana Roo, Maxcanú, Peto, Muxupip, Ticul, Tixpéual, Motul, Baca, Espita y Kinchil.

Por otra parte, el fiscal dio a conocer que en relación con las denuncias interpuestas a principios del año pasado contra servidores públicos de la anterior administración estatal, en dos casos se confirmó que se trataba de recursos relacionados con el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es decir, siguió, son fondos de aportaciones federales, de modo que se ordenó la remisión de las carpetas de investigación correspondientes, declinándose la competencia a favor de la Fiscalía Anticorrupción Federal.

“Uno de los casos corresponde a un posible manejo o aplicación indebida de recursos relacionados con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por un monto de $61.000,541.81, mientras que el otro caso se relaciona con recursos federales que fueron asignados a la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado por un posible manejo o aplicación indebida de $28.101,190, existiendo procedimientos relacionados con este hecho ante la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal y la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El Fiscal destacó que ambas carpetas presentan avances importantes en su integración, pues hasta el momento se han efectuado más de 260 actos de investigación, entre ellos, entrevistas, inspecciones, informes policiales y periciales, aseguramientos, así como declaraciones de personas directamente relacionadas con los hechos, de modo que corresponderá ahora a la autoridad federal concluir con las investigaciones y proceder conforme a derecho corresponda.

Carpetas Avance

El Fiscal dijo que las dos carpetas de casos estatales tienen un importante avance.

Actos de investigación

Hasta el momento se han efectuado más de 260 actos de investigación, entre ellos, entrevistas, inspecciones, informes policiales y periciales, aseguramientos, así como declaraciones de personas directamente relacionadas con los hechos, así que corresponderá ahora a la autoridad federal concluir las investigaciones y proceder conforme a derecho, dijo.

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