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La ASF halla más operaciones poco claras del Idefeey

La sede de la ESAY

Contrato irregular por $12 millones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más anomalías cometidas por el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey) en el manejo de recursos federales entregados al gobierno del Estado el año pasado.

En un nuevo caso se descubrieron irregularidades de ese instituto yucateco en la administración de un contrato de obra por 12 millones 63 mil pesos, asignado a la empresa capitalina Promologistics, S.A. de C.V., que obligó a la Auditoría Superior a pedir al gobierno yucateco una investigación del asunto y un castigo a los responsables.

Ayer publicamos que la ASF reveló que el Idefeey entregó un contrato por cuatro millones 430 mil 800 pesos a la compañía Next Cloud S.A. de C.V., de Ciudad de México, para dotar de equipo a la Universidad Tecnológica del Poniente, que “no se ajustó a los montos mínimos y máximos correspondientes ni acreditó el supuesto de la excepción a la licitación pública, en incumplimiento de la Ley”.

De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2020-A-31000-19-1455-2021 1455-DS-GF, realizada por la ASF y dada a conocer el 30 de junio, el Idefeey convocó a la licitación pública nacional LO-931037999-E106-2020 el 17 de diciembre de 2020, para realizar trabajos de “mejoramiento en la Universidad de las Artes de Yucatán” (Escuela Superior de Artes de Yucatán), a la que solo se presentaron dos empresas.

El fallo, que favoreció a Promologistics, se dio a conocer el 18 de enero de 2021, aunque los recursos de ese contrato corresponden al presupuesto de 2020 del programa Escuelas al Cien, transferido por la Federación al gobierno yucateco y ejercido por el Idefeey.

La fecha de inicio de ese contrato fue el 3 de febrero de este año y debe de concluir el 3 de agosto.

En su revisión, la ASF detectó que en este caso, el Idefeey formalizó convenios modificatorios con Promologistics, después de la vigencia del contrato (es decir, de su firma), en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras.

Por este motivo, la ASF emitió una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, formalizaron esos convenios modificatorios”.

Aunque la auditoría de la ASF no lo dice, otros informes oficiales obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, muestran que el Idefeey entregó ese contrato —que tiene que ver con trabajos en la estructura principal de la Universidad y con sus cimientos, muros, cubiertas, etcétera— a una empresa capitalina cuya principal actividad es la logística y el almacenamiento.

No queda claro por qué el Idefeey acudió a una empresa foránea de estas características para realizar obras de remozamiento de un edificio, cuando en Yucatán hay muchas compañías capacitadas para esa tarea.

No obstante esto, el Idefeey adjudicó a Promologistics otros contratos, como el de “adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes”, por un monto de tres millones 22 mil 241 pesos.

También le asignó el contrato para la “adquisición de equipo especializado y mobiliario para los laboratorios del Instituto Tecnológico de Tizimín”, por cinco millones 562 mil 983 pesos y uno más, en 2019, para la compra de “mobiliario y equipamiento para la sala Mediz Bolio y hub emprendedor del Instituto Tecnológico de Mérida”, por cinco millones 702 mil 706 pesos.

Reporteros de Central 9 comprobaron que el domicilio fiscal de Promologistics —avenida Constituyentes, número 908, colonia Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de Ciudad de México—, es el mismo domicilio fiscal de la empresa Next Cloud, señalada por la ASF, como ya informamos, por recibir del Idefeey contratos sin licitación, como exige la ley.

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Ayer en la tarde el gobierno del Estado, a través de la Dirección de Comunicación Social, nos envió un escrito sobre la nota publicada el jueves que habla de la revisión realizada por la ASF al programa “Escuelas al Cien”, operado en Yucatán por el Idefeey.

Este escrito dice que “el documento oficial de la ASF de la revisión 2020-A-31000-19-1455-2021-1455-DS-GF, publicado en la página de internet de la dependencia, señala textualmente que el Gobierno del Estado realizó un ejercicio razonable de los recursos de ese programa en 2020, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.

Añade que esa auditoría “fue de cumplimiento de los recursos del fondo Escuelas al Cien, de un total de 32 millones 741 mil 231.23 pesos. De esa cantidad, la propia ASF determinó que el 95.4% se ejerció sin observación. Sólo el 4.5% —un millón 483 mil, 700 pesos con 65 centavos— se encuentra aún en periodo de solventación”.

“Según la Ley, el Idefeey tiene hasta el 3 de septiembre próximo para presentar los aclaraciones pertinentes, tal y como lo establece el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.

El documento del gobierno afirma que “como nos ha caracterizado, esta administración estatal está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Estaremos atentos a lo que determine la autoridad en la materia, que es la ASF, y adoptaremos las recomendaciones de mejora en cuanto a la eficiencia en el ejercicio de los recursos. En caso de determinarse alguna irregularidad derivada de las observaciones emitidas, se procederá a actuar conforme a la Ley”.

Sin embargo, sobre este asunto, el Diario precisa que, en efecto, la ASF habla de un millón 483 mil, 700 pesos como la cantidad a solventar, pero eso es lo menos importante de la auditoría.

Luego de la revisión, la ASF indica que “se determinaron doce resultados, de los cuales en cuatro no se detectaron irregularidades y los ocho restantes generaron dos recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones”.

Dice también que “una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Idefeey relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 24 puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto en un nivel bajo”.

Asimismo, en la página 10, párrafo dos de su informe, la ASF señala textualmente que “en el ejercicio de los recursos (del programa Escuelas al Cien) el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adjudicación de contratos, convenios modificatorios después de la vigencia de los contratos; estos carecieron de acta de finiquito, falta de aplicación de penas convencionales a los contratistas, acta entrega recepción y bitácoras de obra, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma”.

Además, en su escrito de ayer el gobierno estatal no aclara por qué el Idefeey adjudicó a la empresa Next Cloud S.A. de C.V. un contrato por cuatro millones 430 mil, 800 pesos, sin licitación pública nacional, como marca la ley, ni por qué aprobó convenios modificatorios ilegales al contrato que firmó con Promologistics, S.A. de C.V.

Tampoco explica los motivos para contratar a esas dos empresas, ambas de Ciudad de México, que comparten el mismo domicilio fiscal y cuyas actividades principales —la logística y la venta de sistemas de control interno— están muy lejos de los objetivos de los contratos que firmaron con el Idefeey. (Continuará).— HERNÁN Javier CASARES CÁMARA.

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