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La Codhey advierte sobre posibles arrestos arbitrarios

El presidente de la Codhey

El ombudsman habla del bando contra el acoso

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) advirtió que, si bien la reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno que castiga el acoso callejero en esta ciudad es evidentemente una acción que busca frenar la violencia contra las mujeres, también puede violar derechos humanos.

La Codhey indicó que el problema serían las posibles detenciones y arrestos arbitrarios.

Entrevistado por “Notimex”, el ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana señaló que el nuevo reglamento es un mensaje claro de que las expresiones de violencia, principalmente contra las mujeres y que estaban “normalizadas” en la sociedad, no se tolerarán y serán sancionadas.

“Las reformas del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, referente al acoso en la vía pública, representan un paso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y con diferente preferencia sexual u origen étnico”, apuntó.

“Se espera que el reglamento inhiba las conductas de agresión física y verbal, y que la gente que continúe con las mismas, esté consciente de que enfrentarán consecuencias”, expuso.

Sin embargo, puntualizó que, tras un análisis del marco normativo, será necesario establecer un programa de capacitación y profesionalización constante del personal que hará efectivo dicho reglamento a fin de evitar impunidad y detenciones arbitrarias.

“La capacitación daría al personal encargado de la aplicación los elementos necesarios para realizar las detenciones fundamentadas en el marco normativo vigente, y no en un criterio personal”, añadió.

Hay puntos que tendrían que estar muy claros como saber cuándo se trata de un caso en flagrancia y cuándo no; cuando se trate del primer caso, se deberá poner inmediatamente al presunto infractor a disposición del juez calificador en Turno.

Al ser presentado ante el juez, debe entregarse igual un informe policial homologado, certificado médico del señalado para constatar su estado físico y mental, acta de denuncia circunstanciada, constancia de lesiones si hubiere e inventario de pertenencias personales.

Así como cualquier otro objeto que se ocupe en la detención, para que previo conocimiento y análisis de las circunstancias, se determine la responsabilidad o no de la persona.

“Y cuando no exista flagrancia, los hechos se deberán hacer del conocimiento del Juez Calificador en turno, a través de la denuncia para el ofrecimiento de las pruebas que acrediten dicha circunstancia”, dijo Sabido Santana.

De no cumplirse con esos protocolos, se podrían dar detenciones arbitrarias que son violatorias de los derechos humanos de las personas.

El reglamento entró en vigor el pasado 14 de septiembre y desde entonces cuatro personas han sido detenidas y encarceladas en periodos que van de 24 a 36 horas de arresto.

La pena de cárcel, según la norma, es inconmutable, es decir, no puede ser cambiada por nada, por lo que la persona que sea detenida y en su caso se le compruebe que cometió acoso callejero, permanecerá encerrado hasta 36 horas.

Algunos puntos controvertidos es que entre las acciones que se sanciona están las “miradas lascivas”.

Por su parte, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, Luis Edwin Mugarte, coincidió en que sancionar las “miradas lascivas” con cárcel exige una gran capacidad de los jueces calificadores para determinar cuándo una mirada deja de ser una mirada normal para convertirse en “lasciva”.

El Ayuntamiento de Mérida, creador de esta ley contra el acoso callejero, puso como requisito para ser juez calificador ser mayor de 28 años, por lo que asegura que se establecieron protocolos para para determinar de manera adecuada los procedimientos en donde hubiera detenidos para respetar sus derechos humanos.

El Reglamento también pone como garantías que se capacitó a los elementos de la Policía Municipal de Mérida para evitar detenciones arbitrarias.

 

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