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La comunidad LGBT+ habla del caso José Eduardo

Una de las protestas en la sede de la Comuna meridana por el caso José Eduardo Ravelo

Apenas unas horas después de presentarse Dora María Ravelo Echevarría, madre de José Eduardo, a las puertas del Palacio de Gobierno con un ataúd donde presuntamente yacía el cuerpo del joven, colectivos LGBT+ salieron a las calles de Mérida para exigir justicia, alegando discriminación por orientación sexual.

Según la cronología del caso, la madre declaró poco después de la muerte del joven que en el hospital O’Horán habría sufrido discriminación, pues fue cuestionado sobre su orientación sexual durante el examen médico, lo que habría dado pie a la versión de que no recibió la atención adecuada.

Como respuesta ante estos señalamientos, el colectivo decidió salir a las calles a manifestarse y acusar a las autoridades, también por medio de redes sociales, de discriminar al joven por su orientación sexual.

Ante estos señalamientos, se buscó a integrantes de la comunidad para que expresaran sus impresiones sobre el asunto, pero algunos grupos se limitaron a señalar que no conocían a profundidad el caso y solo se limitaban a compartir la información de las redes sociales.

Amelia Ojeda, de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C (Unasse), señaló que no tenían información o comentarios que realizar, ya que no están dando seguimiento al caso.

El activista Alex Ouré reconoció que el nombre de José Eduardo trascendió cuando el caso fue denunciado por su propia madre, al manifestarse frente a Palacio de Gobierno con el cuerpo de su hijo en un féretro.

Ouré explica que en una sociedad incluyente, en un estado de derecho, en un marco normativo de igualdad, ya no tiene cabida preguntar la orientación sexual de alguien para determinar si se le brinda o no atención médica como en el caso de José Eduardo.

“Preguntar la orientación sexual no tiene cabida, era una persona que requería ayuda médica, preguntar si era gay es discriminante. Ser gay no era relevante ante la situación que estaba afrontando, la atención médica no se puede condicionar a la orientación sexual de la persona, y ese solo hecho tocó fibras muy sensibles en una comunidad agraviada en sus derechos y que poco a poco los ha ido conquistando. Era evidente que ante un crimen como éste la comunidad LGBT+ se iba a solidarizar y manifestarse”, comentó.

“No se trata de señalar si formaba o no parte de la comunidad; fue el trato y la situación que vivió lo que movió a este grupo a salir a manifestarse y exigir justicia para José Eduardo”, dijo.

El entrevistado comentó también que la discriminación en los servicios médicos y el trato que reciben de los elementos de las corporaciones policiacas se han convertido en situaciones condenables por la comunidad LGBT+.

“Molestia, frustración son sentimientos que afloraron con el caso de José Eduardo Ravelo, porque se vulneraron sus derechos; primero a recibir atención médica y ahora porque no se le está haciendo justicia, de ahí la importancia de que la Fiscalía General de la República esté interviniendo, para alcanzar justicia para él”.

“Esclarecer este crimen y sancionar a los responsables es necesario; de otro modo lo único que se logrará es que los principales actores involucrados en el caso sean siempre señalados por no hacer lo que les correspondía y ahí estarán por siempre los colectivos de la comunidad LGBT+ recordándoselo: si no hay justicia, por lo menos haya memoria”.

Por su parte, Kalycho Escoffié Duarte, abogada del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, señaló que el caso puede calificarse como de “discriminación por asociación”, y no se soluciona solo por el derecho penal, porque fue hecha también por personal médico, y debe garantizarse que no se repita.

“Particularmente se ha reportado desde administraciones pasadas que elementos de policía municipal han hostigado a personas trans y a otros grupos de la comunidad LGBT, pero también hay reportes de la estatal; creemos que la formación policiaca de ambas corporaciones debe incluir este tema y de otros grupos, como los indígenas, para evitar que reproduzcan prejuicios y violencia institucional contra esos sectores”, añadió.

“Jurídicamente en Yucatán no hay delito de odio, lo que existe es delito de discriminación, que puede aplicar en casos en los que se genera una agresión en contra de una persona por su orientación sexual”, explicó.

“Sin embargo, hay que recordar que en este caso no existe registro de que José Eduardo, el joven victimado, se asumía homosexual, por lo que estaríamos en realidad ante un caso de discriminación por asociación”, concluyó.— Emanuel Rincón B.

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