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La disputa territorial en la Península, ¿raja política o interés económico?

Un decreto del Congreso de Quintana Roo, calificado de unilateral e inconstitucional por los gobiernos de Yucatán y Campeche, pone de nuevo sobre el tapete de las discusiones un antiguo problema limítrofe en la Península que en esta ocasión tiene mayores implicaciones políticas.

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El asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá resolver sobre una controversia constitucional que interpuso Yucatán y ahora tiene como tercero interesado a Campeche.

Implicaciones políticas

“Hay que tener bien claro que el conflicto limítrofe es un tema político, más allá de las repercusiones económicas y sociales que pueda tener”, subraya el politólogo Juan Pablo Galicia Nahuatt.

“Es político no nada más porque incorpora a tres gobiernos estatales sino porque estos gobiernos, sobre todo los de Quintana Roo y Campeche, lo están usando como un revulsivo en sus agendas locales”.

Es “una vacilada”

Para el exgobernador Patricio Patrón Laviada, quien atravesó por un problema similar durante su mandato en el sexenio 2001-2007, el regreso de la disputa territorial a escena es “una vacilada” que no debe prosperar.

El exjefe del Ejecutivo recuerda que en su gestión hubo pláticas con los tres gobernadores involucrados y también se hicieron gestiones con la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados.

Finalmente se logró que las cosas quedaran como estaban antes del litigio.

¿Salida política o jurídica?

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien llevó el tema a la Cámara de Senadores hace dos semanas, considera que los tres gobiernos de la Península deben sentarse a dialogar y buscar una salida política al lío.

El gobierno yucateco dice que se ha enfocado más a las vías jurídicas para la defensa del territorio y se declara optimista sobre la decisión que tomará la Suprema Corte.

¿Qué está en juego?

El movimiento de límites que realizó el Congreso de Quintana Roo afecta a ocho municipios yucatecos, a los que “rasura” 4,800 kilómetros cuadrados.

Esos municipios son Tekax, Tzucacab, Peto, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Chichimilá, Valladolid y Chemax.

Se ubican en el sur y el oriente del Estado, donde hay grandes extensiones de tierras aptas para los cultivos agrícolas, en la primera zona, y atractivos turísticos naturales, en la segunda.

La afectación a Campeche es mayor, pues son poco más de cinco mil kilómetros cuadrados que esa entidad “pierde” frente a Quintana Roo.

La franja en disputa corresponde principalmente al municipio de Calakmul y su reserva natural.

Lo que reavivó el conflicto

Si bien es muy antiguo, el problema de límites de los tres estados peninsulares se reavivó cuando el Congreso de Quintana Roo aprobó, el 18 de febrero de 2019, el decreto 303, que reforma la Constitución Política de esa entidad y, como consecuencia, modifica las delimitaciones territoriales con Yucatán y Quintana Roo.

El decreto fue publicado por el Diario Oficial de Quintana Roo el 22 de marzo y entró en vigor ese mismo día.

Reacción de Yucatán

El 10 de junio, los tres Poderes del Estado de Yucatán interpusieron una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte, por la afectación al territorio yucateco.

Yucatán pidió la nulidad del decreto, con la base jurídica de que la Constitución federal no faculta a los estados a modificar unilateralmente sus límites, como lo hizo Quintana Roo. También pidió que se notificara a Campeche, como tercero interesado.

Todo queda en “stand by”

La Corte aceptó la demanda, ordenó notificar a Campeche y concedió la suspensión de la aplicación del decreto solicitada por Yucatán.

Esto significa dejar las cosas en el estado en que están mientras resuelve en definitiva la máxima tribuna jurídica del país.

Se fijó el 27 de febrero para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. La diligencia fue aplazada, a fin de perfeccionar las pruebas, y no hay fecha para su realización.

Términos de la suspensión

De acuerdo con documentos consultados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, son tres puntos básicos que abarca la suspensión que dictó la Suprema Corte a favor de Yucatán el 20 de agosto de 2019:

1).— Quintana Roo y Yucatán, incluyendo los ocho municipios yucatecos afectados por el decreto 303, “deberán abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales” o la jurisdicción de tales municipios.

2).— Las mismas partes deberán abstenerse de “crear nuevas autoridades dentro de las localidades antes mencionadas, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna”.

3).— Los estados y municipios involucrados deberán seguir desempeñando las funciones habituales y prestando servicios públicos en la franja territorial motivo de la controversia en los mismos términos en que lo hacían antes de la promulgación del decreto 303.

Tierra muy valiosa

“No estamos hablando nada más de un movimiento de tierras. Estamos hablando de tierra muy valiosa, de comunidades que han sido siempre yucatecas, campechanas y quintanarroenses”, subraya el senador Ramírez Marín al recalcar lo que está en juego.

En la zona de Valladolid, abunda el legislador, hay afectación a lagunas y cenotes. En el Sur, principalmente en el municipio de Tekax, está el territorio más fértil del Estado.

Le sacan provecho político

Juan Pablo Galicia, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subraya que el asunto es cien por ciento político y, a diferencia de lo que ocurre con Quintana Roo y Campeche, no estaba en la agenda de temas y mucho menos en la opinión pública de Yucatán porque es algo que a la entidad le llega de fuera.

Quintana Roo, explica el analista político, tiene una agenda dominada por la violencia y por asuntos ambientales.

Por eso el decreto de su Congreso vino a darle nueva perspectiva al papel del gobierno frente a la ciudadanía y los propios políticos.

Y explica que Campeche lo ha aprovechado también: el asunto le llegó de fuera, igual que a Yucatán, pero se aproximaba el Carnaval de la capital del Estado, cuyo alcalde (Eliseo Fernández Montufar, del PAN) “suena” como probable candidato a la gubernatura campechana.

Exaltación del espíritu localista

Entonces, justo en la víspera del Carnaval, el gobernador Carlos Miguel Aysa González (del PRI) anunció que defenderá hasta con la vida el territorio campechano y cerrará carreteras para bloquear el paso de productos quintanarroenses.

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“Enarbola el lío y lo convierte en tema de agenda dentro del Estado”, apunta el maestro Galicia, quien forma parte del cuerpo docente de la Universidad Modelo.

“Así, los demás temas (de Campeche) quedaron empañados al hablar el gobernador de inmolarse e invitar a los yucatecos a una lucha contra el gobierno quintanarroense”.

En cuanto al curso de la demanda en la Suprema Corte, Juan Pablo Galicia dice que se avizora un proceso judicial muy lento porque en esa instancia están “en cola” muchos asuntos prioritarios y el propio Poder Judicial de la Federación está inmerso en una reforma interna.

Torpedea la estrategia

“Se me antoja complicado que este asunto sea una prioridad para la Corte”, añade.

“Hasta cierto punto, esto entorpecerá la estrategia que sigue Yucatán en el litigio, porque mientras más tiempo se tarde en resolver se deja mayor margen de maniobra a los discursos políticos”.

“Me parece que va a tardar y los gobiernos de Campeche y Quintana Roo van a echar mano del tema cuando vuelvan a requerir un revulsivo”, enfatiza.

El avión y el Presidente

Pone como ejemplo de un revulsivo (persona o cosa que genera una reacción brusca, generalmente con efectos benéficos) lo que rodea al avión presidencial:

“En las semanas anteriores, el tema del avión le sirvió al Presidente para opacar todos los demás que iban saliendo y que le reclamaban una postura firme. Algo similar ocurre con los gobiernos de Campeche y Quintana Roo para sacar provecho”.

No es el paraíso, pero…

Precisa que eso no significa que en Yucatán “todo esté bien y sea el paraíso terrenal”, pero en esta entidad los temas son de otra índole, además de que hay que tomar en cuenta que los gobernadores Aysa González y Carlos Joaquín González, este último de Quintana Roo, van de salida y Mauricio Vila Dosal lleva menos de año y medio al frente del Poder Ejecutivo.

El entrevistado agrega que el gobernador Vila sigue con un buen bono democrático en la ciudadanía, a pesar de ciertos temas que le han generado polémica, y no se ve en la necesidad de alterar su agenda o el ciclo noticioso para enfocarse a otros asuntos que desvíen la atención de puntos álgidos.

Factor de más dinero

También recalca que, aun cuando este problema es eminentemente político, hay componentes interesantes que van más allá. Uno de ellos es el Censo de Población y Vivienda 2020, que está en marcha.

“Suponiendo que se mueva el punto PUT (Punto de Unión Territorial, que marca la unión de límites de los tres estados de la Península), el hecho de contar con más territorio y población hará que los estados beneficiados reciban más recursos de la Federación”, explica al recordar la fórmula que se sigue para la asignación de dinero a los estados en el presupuesto federal.

Esta base de piedra, ubicada entre San Juan Tekax, Yucatán, y Xnoh Cruz, Quintana Roo, marca el sitio exacto del Punto de Unión Territorial (PUT) de los tres estados de la Península. La foto fue tomada durante una visita en 1997 y la expedición demoró dos días en encontrar el lugar
Esta base de piedra, ubicada entre San Juan Tekax, Yucatán, y Xnoh Cruz, Quintana Roo, marca el sitio exacto del Punto de Unión Territorial (PUT) de los tres estados de la Península. La foto fue tomada durante una visita en 1997 y la expedición demoró dos días en encontrar el lugar

En busca de “la medalla”

El analista hace notar otro ángulo de la raja política que algunos protagonistas esperan obtener con la disputa territorial.

“Hay que recordar que recientemente el gobernador Aysa González se tomó una fotografía con Jorge Carlos Ramírez Marín y Pablo Gamboa Miner”, señala.

“Además de lo que está en juego por parte de los gobernadores, es claro que ellos están tratando de aprovechar el tema”.

En su opinión, el ala priista que representan Ramírez Marín y Gamboa Miner estaría más a favor de litigar mediáticamente el caso —al margen o en forma paralela a lo que realiza el gobierno del Estado— para que se puedan “colgar la medalla” de una eventual solución favorable e, incluso, en algún momento puedan acusar de tibieza al Ejecutivo.

En alusión a la salida política que se buscó y consiguió durante el gobierno de Patricio Patrón, dice que el asunto podría terminar como un triunfo político para los gobernadores de Campeche y Quintana Roo si lo saben manejar bien, aun cuando no se cumplan las pretensiones del segundo.

Fallida modificación anterior

Patrón Laviada recuerda que durante su administración hubo una acción similar de Quintana Roo que ameritó la intervención de los gobernadores y gestiones ante la Suprema Corte y el Congreso de la Unión.

En esa ocasión, añade, Quintana Roo reclamaba que se respetara el punto PUT que estableció la presidencia de Porfirio Díaz cuando declaró el nacimiento de Quintana Roo como territorio federal.

Otra imagen del sitio donde se encuentra la base de piedra que marca el Punto de Unión Territorial (PUT) de los tres estados de la Península de Yucatán. Corresponde a una misión que organizó el gobierno del Estado con apoyo del Congreso local a fines de la década de los 90
Otra imagen del sitio donde se encuentra la base de piedra que marca el Punto de Unión Territorial (PUT) de los tres estados de la Península de Yucatán. Corresponde a una misión que organizó el gobierno del Estado con apoyo del Congreso local a fines de la década de los 90

El exgobernador insiste en que “no hay manera” de mover los límites a capricho o conveniencia de algún Estado.

Además, enfatiza, no es solo el caso de la Península. Hay otros 22 estados del país con problemas similares en sus límites.

La posición del Ejecutivo

En la arena del gobierno de Yucatán, la Consejería Jurídica reitera que el asunto se ventila por la vía jurídica y que desde el inicio de la controversia un equipo de expertos encabezados por la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, ha trabajado en todos los aspectos del procedimiento para salvaguardar los intereses de la ciudadanía y de la entidad.



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