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Las cosas como son: once hechos históricos narrados por el Diario

Noventa y cinco años dan mucho para contar. Las historias de todo lo que en casi un siglo ha vivido la sociedad yucateca para llegar a 2020 están resguardadas en las páginas de Diario de Yucatán.

En cada una circulan todavía personas reales y sucesos que ocurrieron tal como se muestran, aunque algunos suenen ahora como improbables.

Informar no ha sido tarea sencilla, mucho menos en tiempos difíciles y convulsos, pero el Diario ha recorrido los diecinueve lustros de su existencia por un mismo camino, que es el de contar las cosas como son. Sin temores, sin favores.

En los últimos 95 años los yucatecos hemos pasado por todo, como da fe esta breve revisión de once episodios que se convirtieron en parteaguas de nuestra historia y sin los cuales no sería posible explicar la accidentada evolución hacia una sociedad abierta, plural y democrática.

Ataques contra la Iglesia

El Diario tenía apenas unos meses en la calle cuando, a principios de 1926, se confirmó como el gran aliado de la sociedad yucateca en defensa de las libertades y los valores democráticos.

En febrero de ese año, el gobernador Álvaro Torre Díaz —acatando la voluntad del presidente Plutarco Elías Calles— desató una embestida contra los católicos yucatecos, similar a la que Salv ador Alvarado había perpetrado una década antes. Fue expulsada la mayoría de sacerdotes —sólo quedaron 30 en todo el Estado—, cerrados los templos y clausuradas las escuelas de orientación religiosa.

La ofensiva contra la libertad de culto se prolongó hasta junio de 1929. Durante esos años, en los que no se celebraron misas ni se impartieron los sacramentos, el Diario acompañó a sus lectores con profesionalidad y compromiso.

El 27 de junio de 1929, el mismo día en que regresó de su segundo exilio en Cuba, el arzobispo Mons. Martín Tritschler y Córdova agradeció personalmente al periódico “su oportuna, patriótica, discreta y veraz información sobre el asunto”.

Portada del Diario del 1 de agosto de 1926

Masacre en el corazón de Mérida

Al mediodía del miércoles 1 de julio de 1936, desde los palacios del Ejecutivo y Municipal, fuerzas de la policía del Estado ametrallaron a inermes obreros y campesinos que protestaban en el marco de un grave conflicto con el gobierno que había derivado en numerosas manifestaciones y huelgas.

Unas horas más tarde, el Diario sacó a la calle una edición urgente para informar de la masacre, que dejó un saldo trágico de 14 muertos y 50 heridos. A raíz de los graves acontecimientos, el gobernador, Fernando López Cárdenas, renunció a su cargo.

Interpretando la indignación y el sentimiento públicos, el Diario publicó una Nota del Día para “protestar enérgicamente contra el brutal y cobarde —por lo injustificado— ataque de que fueron víctimas indefensos ciudadanos” y para exigir “que la espada de la ley caiga inflexible y austeramente sobre la cabeza de los asesinos del pueblo yucateco”.

Una de las imágenes sobre el hecho publicadas por Diario de Yucatán

El "Marentazo"

A finales de 1951, el desconocido ingeniero campechano Tomás Marentes Miranda fue impuesto desde el centro del país como candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, en detrimento de Manuel Pasos Peniche, propuesta del Partido Socialista del Sureste (PSS) y de la élite política local.

Ajeno a la realidad política y social yucateca, desde su llegada Marentes se encontró con graves dificultades de gobernabilidad y con sus erráticas decisiones se ganó el repudio del pueblo yucateco. El Diario, como siempre, respaldó la causa de la sociedad con su conocida capacidad periodística.

Apenas un año después de tomar posesión, el polémico gobernante impuesto por el presidente Miguel Alemán Valdés solicitó licencia para separarse definitivamente del cargo. Sin embargo, su designación había marcado el ascenso del PRI al poder en Yucatán y el establecimiento de una poderosa maquinaria electoral que sólo sería derrotada 60 años más tarde, en las elecciones de 2001.

Fotografía de Tomás Marentes publicada en Diario de Yucatán

Caldo de microbios

En 1967, abusos en el proyecto para dotar de agua potable a la ciudad de Mérida provocaron el enfrentamiento del pueblo de Yucatán con el gobierno federal y revivieron el sentimiento separatista en la entidad.

En el plan originalmente aprobado, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con que se financiarían las obras sería pagado por el gobierno federal, el Ejecutivo yucateco y los usuarios (mediante el cobro de tarifas previamente fijadas y aceptadas por todos).

Sin embargo, ya iniciados los trabajos y destruidas las calles de la ciudad, las autoridades violaron el acuerdo y elevaron de forma excesiva las tarifas domésticas. En un análisis exhaustivo, cuidadoso, el Diario comprobó sin dar lugar a ninguna clase de duda que al pueblo se le cargaría todo el costo del proyecto, una injusticia sin precedente en el país.

En la resistencia contra el abuso a la sociedad yucateca, del que se hizo cómplice el gobierno local, el Diario jugó un papel fundamental, que le permitió consolidar su legitimación social.

La sociedad manda

Tras una intensa campaña electoral que movilizó a la ciudadanía y generó enormes expectativas, el domingo 26 de noviembre de 1967 Yucatán hizo historia en las urnas.

Por amplio margen, los meridanos dieron la victoria y la alcaldía de la capital al abogado panista Víctor Manuel Correa Rachó, quien hizo suya la indignación del pueblo por las altas tarifas del agua potable y demás abusos del gobierno en turno. El PAN también ganó los Distritos I y II, aunque en la mayor parte del interior del Estado el PRI se apropió del triunfo por falta de vigilancia y control de los comicios. Fue la primera vez en México que hubo legisladores del PAN en el Congreso de un estado.

El rol del Diario, reconocido por todos, resultó clave en ese triunfo de la democracia. Sus relevantes informaciones sobre la realidad del Estado, los partidos, las políticas y los candidatos ayudaron a los electores a tomar una decisión razonada, aunque provocaron reacciones airadas del poder y sus favorecidos.

Una manifestación de apoyo a Víctor Correa

Monumento al fraude electoral

El domingo 23 de noviembre de 1969 se realizaron las elecciones para gobernador de Yucatán más competidas y desaseadas de la historia.

Los principales candidatos fueron, por el PAN, el alcalde meridano Víctor Manuel Correa Rachó, y por el PRI, Carlos Loret de Mola Mediz, quien a la postre fue declarado oficialmente ganador en lo que fue una auténtica burla a la voluntad popular.

Una infame oleada de violentos atentados a la ley, increíbles en una democracia y jamás vistos en unos comicios yucatecos, empañaron la esplendorosa cátedra de civismo que dio el pueblo, desencadenó airadas reacciones y motivó que poco antes de las siete de la noche el jefe del Ejecutivo, Luis Torres Mesías, pidiera al Ejército hacerse cargo de la custodia del orden en Mérida.

Víctor Manuel Correa al emitir su voto

Crimen de Estado

La noche del miércoles 13 de febrero 1974, el estudiante de Leyes Efraín Calderón Lara, el “Charras”, fue secuestrado a mano armada debido a sus actividades político-sindicales, lo que originó una violenta revuelta estudiantil para exigir su aparición.

Los estudiantes bloquearon el corazón de la ciudad, quemaron llantas, secuestraron autobuses y advirtieron que sus protestas seguirían mientras Calderón Lara no apareciera.

Sin noticias del “Charras”, el Diario llamó al restablecimiento de la calma y el orden. Sin embargo, la violencia alcanzó su punto crítico el sábado 16, cuando policías estatales lanzaron gases lacrimógenos y ráfagas de metralleta contra los estudiantes atrincherados en la Universidad de Yucatán.

Ante la gravedad del conflicto, el gobernador, Carlos Loret de Mola, pidió al Ejército patrullar la ciudad.

El martes 19, el Diario informó del hallazgo del cadáver de un hombre joven, en avanzado estado de descomposición y con señales de tortura, a orillas de la carretera Carrillo Puerto-Chetumal. Al día siguiente confirmó que se trataba del “Charras” y que la causa de la muerte, ocurrida pocas horas después del secuestro, fue un balazo en la cabeza.

El crimen hizo recrudecer las protestas y a los estudiantes se sumaron agrupaciones de los más diversos orígenes de la sociedad. El movimiento se convirtió en un levantamiento amplio y popular que hizo tambalear al gobierno.

Un mes más tarde, con la ciudad todavía convulsionada por las protestas juveniles, Loret de Mola reveló la identidad de los asesinos: el director general de Seguridad Pública del Estado, José Felipe Gamboa Gamboa; el subdirector Carlos Manuel Chan, el comandante Víctor Chan y cinco subalternos más, entre ellos José Pérez Valdez, autor del disparo.
Los asesinos fueron procesados, pero el crimen nunca pudo ser esclarecido, ya que jamás se consiguió dar con los autores intelectuales.

La detención de los presuntos asesinos de "El Charras"

Represión en la Plaza

El 25 de junio de 1992, la gobernadora interina Dulce María Sauri Riancho ordenó el uso de la fuerza para desalojar de la Plaza Grande a cientos de campesinos que protestaban de manera pacífica para exigir el pago de liquidaciones justas al decretarse oficialmente la extinción de la industria del henequén en la entidad.

El Diario dedicó amplio espacio, con abundante información y profusión de imágenes, para consignar cómo, de manera brutal, salvaje, policías y grupos de choque persiguieron y golpearon a los campesinos desarmados, que aturdidos tuvieron que correr para salvar sus vidas.

El desalojo de campesinos en la Plaza Grande
El desalojo de campesinos en la Plaza Grande
El desalojo de campesinos en la Plaza Grande
El desalojo de campesinos en la Plaza Grande
El desalojo de campesinos en la Plaza Grande
El desalojo de campesinos en la Plaza Grande

Fin a 70 años de hegemonía

La primera elección del siglo XXI en la entidad se celebró el domingo 27 de mayo de 2001. Con el país aún bajo el influjo del denominado “efecto Fox”, Patricio Patrón Laviada, candidato del PAN —con la alianza de PRD, PT y PVEM—, obtuvo el 53.5% de la votación total para derrotar al priista Orlando Paredes Lara y así poner fin a más de 70 años de hegemonía tricolor en el gobierno de Yucatán.

Concluyó de esta manera uno de los procesos electorales más accidentados en la historia de Yucatán, marcado por un conflicto previo protagonizado por la LV Legislatura del Estado, que, dominada por el gobernador Víctor Cervera Pacheco, incurrió en desacato constitucional al negarse a reconocer un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que designó a los consejeros electorales por insaculación.

El origen de la polémica fue la intención de Cervera Pacheco de formar un Consejo Electoral del Estado a modo, lo que no permitieron los tribunales federales.

Con astucia, el gobernador pretendió convertir un problema electoral en una causa política y social en la que los valores culturales de los yucatecos estaban en juego. Convenientemente, Cervera Pacheco reavivó el sentimiento separatista, ordenó cantar el himno de Yucatán en todas las escuelas y promovió como símbolo la bandera que enarboló el Estado al independizarse de México en el siglo XIX.

Tras varios meses de enfrentamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin al conflicto. Aunque a regañadientes, tanto la mayoría legislativa del PRI como el mismo Cervera Pacheco tuvieron que acatar el veredicto.

El triunfo de Patricio Patrón Laviada

Despertar ciudadano

El 4 de julio de 2011 la sociedad yucateca vivió un indignante episodio que estuvo a nada de marcar un retroceso en el terreno de los derechos civiles y políticos. Esa mañana, porros reclutados por el gobierno y policías vestidos de civil golpearon salvajemente a decenas de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente contra la construcción de un paso a desnivel en la glorieta de la Prolongación Montejo, un sitio emblemático de la ciudad.

Según relataron al Diario testigos de los hechos, la saña y la crueldad de los agresores no tuvieron límites. Atacaron por igual a mujeres, jóvenes y ancianos, dejando decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.

Una de las agresiones ocurridas el 4 de julio de 2011

No obstante las fotos y vídeos que de inmediato difundió el Diario en todas sus plataformas, la alcaldesa Angélica Araujo negó una y otra vez que hubiera ocurrido la agresión y culpó al PAN de incitar a la violencia. La jornada, que alcanzó repercusión nacional, concluyó con una protesta de más de 1,200 ciudadanos en el Monumento a la Patria.

Con la complicidad de casi todos los medios de comunicación, la gobernadora Ivonne Ortega y la alcaldesa echaron a andar una campaña de desinformación que a través de mensajes distorsionados convirtió el ataque en “un simple enfrentamiento de dos bandos que se agarraron a pedradas y golpes”.

Fotografía tomada por Valerio Caamal

Sin embargo, el Diario y sus lectores sacaron a la luz la verdad. Investigaciones periodísticas y reportes ciudadanos reunieron fotografías, videos, audios y todo tipo de documentos que permitieron identificar plenamente a los agresores e incluso establecer sus vínculos con el poder público.

La represión ciudadana del 4 de julio de 2011 pudo marcar un retroceso democrático en la entidad, pero finalmente, gracias al despertar cívico de los yucatecos, supuso un freno al abuso de poder de un gobierno autoritario…, que es precisamente una de las razones por las que existe este periódico.

Historias de fantasmas

En varios reportajes publicados en 2018 y 2019, el Diario exhibió el saqueo al erario que, desde el gobierno estatal del priista Rolando Zapata Bello y la administración municipal en Mérida del panista Mauricio Vila Dosal, funcionarios deshonestos perpetraron mediante la operación de extensas redes de empresas fantasmas.

En el ámbito estatal, una denuncia pública contra la Secretaría de Salud del Estado, que pagó $150 millones a un grupo de compañías por sospechosos “estudios”, puso en marcha a los periodistas de Central 9 —unidad de investigación periodística del Diario—, cuyos hallazgos detonaron el inconcluso escándalo.

Copias de facturas, cheques, depósitos bancarios y otros documentos revelaron que la depredación del erario no sólo era mucho más grande de lo que se pensaba, sino que estaban involucradas prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo. Las indagaciones comprobaron el desvío de al menos 1,800 millones de pesos.

En el caso del Ayuntamiento, fueron acusados unos 20 funcionarios que con el mismo esquema de facturas falsas y empresas de fachada abrieron un boquete a las cajas municipales para extraer de manera sistemática cantidades que sumadas rebasaron los 210 millones de pesos.

Las pesquisas del Diario confirmaron que, en ambos casos, las empresas favorecidas con contratos millonarios tenían su domicilio fiscal en casas particulares o abandonadas, lotes baldíos, locales cerrados y además no cumplían los requisitos indispensables para convertirse en proveedores.

El Diario, sin ser un órgano de vigilancia de los recursos públicos, hizo su trabajo. Las denuncias fueron presentadas por diversas vías, pero ni la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ni la Auditoría Superior del Estado de Yucatán pudieron encontrar indicios de desvíos en las cuentas del Ayuntamiento, que fue exonerado. Y no sería una sorpresa para nadie que pasara lo mismo con las del anterior gobierno estatal.

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