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Deuda duplicada

El 29 de abril pasado

Lo aprobado en 20 meses subiría a $5,800 millones

De aprobar el Congreso del Estado la contratación del nuevo crédito de $1,728 millones que solicita el Ejecutivo, la deuda adquirida por el gobierno de Mauricio Vila Dosal con el visto bueno del Poder Legislativo se elevará a $5,848 millones, una cantidad que rebasa en un 145% el endeudamiento que se recibió de la administración anterior.

De esa cifra, $1,500 millones corresponden a una ampliación presupuestal otorgada a fines de marzo pasado. El gobierno no la llama deuda, sino un sobregiro que se le autorizó en su presupuesto de este año con motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19. Es decir, podrá reportar un “balance presupuestario de recursos disponibles negativo” cuyo monto “se integrará en los requerimientos y previsiones de gasto del ejercicio fiscal 2021”.

Sin embargo, en términos reales esa ampliación representa que el gobierno dispondrá de $1,500 millones adicionales en su presupuesto de 2020, que tendrá que reponer a partir del próximo ejercicio.

Así, con el nuevo empréstito la deuda pública directa del Estado ascendería a $9,300 millones en cifras redondas o a $7,800 millones si se insiste en clasificar como sobregiro la ampliación presupuestaria.

Esas cantidades no incluyen los adeudos con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y con los proveedores —si los hubiera— y tampoco los compromisos de pago que generan los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), como el que llevó a la construcción del Gran Museo del Mundo Maya, porque los informes de la Cuenta Pública no los considera parte de la “deuda pública directa”.

Historia por sexenios

Esa deuda directa, como se llama exclusivamente a la contratada con los bancos, ha ido creciendo notoriamente en los últimos doce años.

De acuerdo con datos oficiales, en el sexenio 2001-2007, que encabezó Patricio Patrón Laviada, ese rubro se redujo de $791 millones a $311 millones.

El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco —de 2007 a 2012— lo disparó a $2,256 millones, sin considerar una deuda de similar cuantía que dejó con el Isstey.

La administración de Rolando Zapata Bello —de 2012 a 2018— contrató un crédito a largo plazo de $1,500 millones para el programa Escudo Yucatán. El compromiso fue pagarlo en un plazo de hasta 13 años, es decir, que abarcaría al sexenio de 2024 a 2030.

Al cerrar el ejercicio de 2018 el endeudamiento directo con los bancos ascendía a $3,621 millones, a los que se agregaban $306 millones de “deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad”, para un total de 3,927 millones de pesos.

Tres en 20 meses

En 2019, primer año completo de la administración de Mauricio Vila, el Congreso del Estado autorizó la contratación de un préstamo de hasta $2,620 millones, pagadero a 20 años, para el programa Yucatán Seguro.

El 30 de marzo de este año, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los diputados locales autorizaron al Ejecutivo la ampliación presupuestal de $1,500 millones para atender necesidades derivadas de la pandemia.

En la misma iniciativa se consideraba la solicitud de $1,728 millones en que ahora se insiste, pero no recibió el visto bueno del Congreso.

Si prospera el segundo intento —el asunto está ahora en manos de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Legislativo, que la analizará y luego preparará un dictamen que turnará al pleno—, será el tercer endeudamiento autorizado a la administración de Vila Dosal, por un monto total de $5,848 millones, como ya señalamos.

Disposición parcial

Sin embargo, hasta el cierre de 2019 no se había dispuesto de todos los recursos aprobados para Yucatán Seguro. Según datos del propio gobierno, en ese ejercicio se utilizaron únicamente 615 millones de pesos.

Precisamente por no haberse recurrido a todo el crédito, en el último informe financiero de 2019 se ubicaba la deuda pública directa en $4,115 millones en lugar de $6,120 millones si se incluyera todo lo autorizado para Yucatán Seguro.

No se sabe, y tampoco el gobierno lo ha informado públicamente, si en estos meses se dispuso de alguna otra partida de los $2,620 millones aprobados para el programa de seguridad. La información se conocería a fines de este mes, porque el Congreso aprobó al Ejecutivo una prórroga de 30 días para la presentación del avance de gestión financiera y de desempeño del primer trimestre de 2020 y también de la Cuenta Pública de 2019.

Con los plazos normales, el informe financiero correspondiente al período enero-marzo se debió conocer el 30 de abril. Ahora se presentará a más tardar el 31 de mayo.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Los préstamos oficiales Detalles

El primer endeudamiento al gobierno de Mauricio Vila fue aprobado en julio de 2019.

Programa de seguridad

En esa ocasión, el Congreso del Estado le autorizó a contratar un financiamiento de hasta 2,620 millones de pesos para el programa Yucatán Seguro.

Apenas una parte

De acuerdo con los informes financieros, hasta el cierre de ese año solo se habían utilizado $615 millones de ese préstamo. No se sabe, porque no está disponible aún la información económica, si en los primeros meses de este año se recurrió a otra parte del dinero.

La emergencia del Covid

A fines de marzo se otorgó al Ejecutivo permiso para una ampliación presupuestal de $1,500 millones, por la crisis del Covid-19.

Cartón de Tony: Polemista de cuarta