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Presentan denuncias por presuntos desvíos en el gobierno de Zapata Bello

La contralora general, Lízbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, al presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (David Chan)
La contralora general, Lízbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, al presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (David Chan)

MÉRIDA.- La contralora general del Estado, Lízbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira, interpusieron hoy  denuncias ante la Fiscalía General del Estado por faltas y presuntos desvíos del erario durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.

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En total fueron cinco querellas interpuestas, correspondientes a la Segey y a la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el marco de la diligencia la contralora señaló que ya suman 30 en total “porque anteriormente otras dependencias presentaron sus denuncias”. En total, el faltante equivale a 533 millones de pesos.

Cuestionada sobre la red de empresas fantasma que operó durante la administración de Zapata Bello, la contralora respondió que no está facultada para hablar del tema.

Investigación y cita a exfuncionarios

Ahora le corresponde a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades. Se citaría a comparecer a diversos funcionarios, incluso podría citarse al propio exgobernador Zapata Bello.

Como publicó el Diario, el 8 de enero pasado el gobierno de Mauricio Vila Dosal anunció las primeras acciones penales y administrativas por desfalcos y otras irregularidades en la estructura que dejó la administración de Zapata Bello.

Comunicado oficial

Cabe señalar que la Contraloría General del Estado emitió hoy un comunicado oficial donde informa que en total se presentaron 31 denuncias por irregularidades financieras de la administración anterior halladas en el proceso entrega-recepción.

El comunicado señala textualmente lo siguiente:

La titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, presentó hoy denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley.

Como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.

Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).

La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En estas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.

“Como se informó el miércoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes.

Confiamos en la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán en que cumplirán con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.

En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas.

Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

En ambos casos, el gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran.

Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción.

Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.

La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”.

Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico resultado de los procesos de entrega-recepción”.

Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey).

También, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.

Por David Chan Caamal

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