MÉRIDA.-Además de los “estudios” sobre una serie de enfermedades, el gobierno de Rolando Zapata Bello pagó millonarias sumas a un selecto grupo de proveedores de la Secretaría de Salud por servicios que incluyeron evaluaciones de seguridad en los hospitales, análisis de perfiles de puestos y del parque vehicular, percepción de la calidad de los servicios y “credencialización” de los empleados de la dependencia.
El pago más bajo fue de un millón de pesos, en promedio. Otros servicios rebasaban los diez millones, de acuerdo con copias de facturas obtenidas por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
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En total, como publicamos en nuestra primera entrega de este reportaje el domingo pasado, los documentos en nuestro poder arrojan poco más de 900 millones de pesos pagados por varias dependencias en condiciones anómalas, en muchos casos a negocios que tienen la clasificación de fantasmas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por sus operaciones financieras irregulares.
Una revisión de los últimos meses de 2015 y de 2016 arroja que entre las empresas beneficiadas en “estudios” y “diagnósticos” a la Secretaría de Salud está Inveryuc, S.A. de C.V., del ramo de la consultoría. En 2015 recibió contratos para análisis administrativos de varios tipos y para un estudio de mercado sobre “tratamientos oncológicos”, por los cuales facturó $4.682,300. En 2016 hubo montos por servicios de otro nivel.
Inveryuc es la compañía que realizó un “estudio de prevención y control del consumo de combustible del parque vehicular de los Servicios de Salud de Yucatán”, que, como informamos el lunes pasado, fue en realidad un trabajo de “copiar y pegar”, basado en textos de varias fuentes y con recomendaciones finales simples y básicas para cualquier interesado en que su vehículo consuma menos gasolina. Por este concepto se le pagaron 808,893 pesos, según factura del 6 de junio de 2016.
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En 2015 la misma empresa facturó $962,800 por un “análisis y evaluación de los procedimientos de control interno de la subdirección de Recursos Humanos de los SSY”, el 14 de septiembre; $1.049,394 por un “análisis y evaluación, situaciones y diseño de manual de procedimientos del área de Recursos Humanos del Hospital O’Horán”, el 24 de septiembre —diez días después de la facturación anterior—, y $953,473 por un “análisis de control interno de los procedimientos del manejo de las bitácoras de mantenimiento de vehículos de los ssy (sic)”, el 13 de diciembre. Completó el año con el estudio de mercado para tratamientos oncológicos y un “análisis y diseño del sistema de control interno de las cuotas de recuperación de los hospitales del interior del Estado de los SSY”. En total, en 2015 recibió $4.682,300.
No aparecen registros públicos sobre la actividad empresarial de Inveryuc, que reporta una sucursal en Cancún, Quintana Roo. En Mérida, su dirección fiscal indicada en facturas es calle 12 número 71 entre 7 y 9 de San Antonio Cinta. Reporteros de Central 9 estuvieron en ese lugar y lo hallaron cerrado. Es un local de dos niveles con puertas y cortinas metálicas del mismo color. En la fachada hay un letrero que indica su horario, con una razón social distinta a la de Inveryuc, aunque en el servicio de Google Maps se pueden ver, en esa misma dirección, fotografías con letreros que confirman que allí estuvo Inveryuc con otras dos empresas: Innuma, también del ramo de consultoría, y Egga Capital. De ninguna quedan rastros.
Más de $20 millones
Uno de los mayores pagos correspondió a la empresa Prodema de Mérida, S.A. de C.V., que cotizó en poco más de $23 millones un “estudio de seguridad estructural de los hospitales de SSY para la implementación del programa Hospital Seguro”. El 23 de mayo de 2016 expidió una factura de $11.600,000, que equivalen al 50% del pago convenido.
En contraste con el retraso de pagos a otros proveedores, la transferencia de dinero a su cuenta se realizó el 27 de mayo, como consta en el reporte bancario respectivo. Tres días después, el 30, se le hizo otra transferencia, de $7.408,893 por concepto de “abono a estudio de seguridad estructural de los hospitales de SSY para la implementación del programa Hospital Seguro”. Coincidentemente, ese mismo día se había expedido la factura del segundo abono.
El tercer y último pago se realizó a la semana siguiente, el 6 de junio. Fue de $4.191,107.
Central 9 consiguió copia del estudio, que consta de 73 hojas. Contiene aspectos relacionados con los fenómenos naturales, detalles de construcción de los hospitales de Servicios de Salud y fotografías de éstos, entre otros puntos. Al detallar la importancia del trabajo dice que el objetivo es “garantizar que inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural el establecimiento pueda seguir prestando sus servicios a la población de manera ininterrumpida”.
En las conclusiones se indica, entre otras cosas, que “a pesar de que los hospitales objetos de estudio en su mayoría son de una antigüedad mayor a 30 años y de los fenómenos destructivos de origen natural que han tenido que soportar, su estructura sigue en buenas condiciones para seguir operando…”.
Por todo esto se acordó un pago de más de $23 millones.
Entre las fuentes del estudio figuran los Servicios de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil y Diario de Yucatán, en este último caso por una información sobre los sismos publicada en 2016.
En nota aparte abundamos en el tema.— ÁNGEL NOH ESTRADA
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