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Empresa sin capacidad

Productores de Tekax en la unidad de riego Trinidad esperaron su sistema de riego que Moser no instaló

Moser Peninsular, aún continúa en la mira de la ASF

El uso de facturas fantasmas para desviar recursos públicos en el gobierno anterior ha salido de nuevo a relucir en una investigación reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el destino de los subsidios federales en el campo en 2017.

Según ese organismo, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en el gobierno de Rolando Zapata Bello, a cargo entonces de Juan José Canul Pérez, actual diputado federal por el PRI y coordinador de los legisladores de ese partido en la Cámara, consintió el pago de más de 26 millones de pesos a favor de la empresa Moser Peninsular, S. A. de C. V, que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) boletinó como compañía con operaciones fiscales simuladas.

Desvíos

Los recursos presuntamente desviados detectados por la ASF pertenecen al Programa de Concurrencia correspondiente al Componente de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria de 2017, que la Sagarpa, hoy Sader, transfirió al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán, cuyo operador responsable es la SDR, según la normatividad del programa.

En la primera parte de este informe, Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó que en 2017 la SDR entregó $39.398,009 de subsidio federal a cinco grupos de productores del sur del estado “para la ejecución de proyectos productivos estratégicos de innovación y transferencia de tecnología y para la adquisición de 250 bienes correspondientes a maquinaria y equipo sofisticado para la tecnificación del campo”.

Los grupos beneficiados fueron: Productores de Soya del Cono Sur, S. C. de R. L. de C. V., de Xul, Oxkutzcab, así como San Pedro Rompoy S. P. R de R. L., de Sudzal Chico; Nohoch Chultún, S. C. de R. L. de C. V., de San Jorge; Bonanza GS, S. P. R. de R. L., de Ayín y Buenaventura de Macyam S. P. R. de R. S. de C. V., de San Isidro Maycam, todos pertenecientes al municipio de Tekax.

En diciembre de 2018, personal de la ASF realizó una verificación física a la maquinaria existente en esas cinco comunidades, pero solo encontró ocho máquinas, por un monto de $12.805,006. Esta cifra corresponde a las características y números de serie descritos en las facturas expedidas por Moser Peninsular, S. A. de C. V., pero en otros ocho casos los productores mostraron máquinas que no corresponden con el número de serie que se indica en las facturas y en otros casos simplemente no se acreditó la existencia del equipo. Según el informe de la ASF —2017-0-08100-15-0305-2018305-DE, fechado el 21 de enero de 2019—, de 250 máquinas supuestamente adquiridas con el subsidio oficial entre esos cinco grupos, no aparecieron 242 valuadas en $26.593,300.

En el mismo mes de diciembre la ASF realizó una visita domiciliaria al inmueble ubicado en la dirección señalada como domicilio fiscal del proveedor de esos equipos, la empresa Moser Peninsular, con el propósito de confirmar su existencia, reconocer las operaciones que amparan los comprobantes fiscales y verificar que esa compañía contara con los activos, personal, infraestructura y capacidad material y legal para la comercialización de esos equipos.

Empero, la ASF encontró deshabitado ese inmueble y detectó, además, que el supuesto proveedor no había cumplido sus obligaciones fiscales, no obstante que declaró haber tenido operaciones financieras en 2017.

La ASF emitió una recomendación al SAT para iniciar una auditoría a esa empresa. El SAT actuó de inmediato y el 21 de enero publicó un oficio de presunción de culpabilidad e incluyó a Moser Peninsular en el Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-7349 de fecha 1 de abril de 2019, en el que se informa de los causantes que han violado el Código Fiscal de la Federación.

El SAT acusa a esa compañía de no acreditar la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes y simular las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales.

De acuerdo con el Código Fiscal, se prevén penas de tres meses a seis años a quienes “adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados” y al que “expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Datos recabados por Central 9 demuestran que Moser Peninsular se constituyó el 3 de septiembre de 2014 en Mérida, ante el notario Carlos Alfredo Evia Salazar, con un capital de $50,000 y dos socios a partes iguales: Luis Ramón Vega Magos y Ángel Fernando Mex Sulub.Continuará.— Hernán Casares Cámara

El primero trabajaba en 2017 como instructor de “actividades de recreación y esparcimiento del Programa Biciruta”, del Ayuntamiento de Mérida, con un sueldo mensual de $1,600. El otro socio era empleado ese año de una tienda de electrodomésticos.

Como comisario de la Sociedad aparece Martiniano Santos Góngora, profesor de béisbol en varios municipios del interior. Todos ellos, evidentemente, sin capacidad financiera ni experiencia para vender “maquinaria y equipo sofisticado para la tecnificación del campo”.

Moser Bajo la lupa

Más de los socios de la empresa Moser Peninsular, y sus presuntos fraudes.

Los socios

Luis Ramón Vega Magos trabajaba en 2017 como instructor de “actividades de recreación y esparcimiento del Programa Biciruta”, del Ayuntamiento de Mérida, con un sueldo mensual de $1,600. El otro socio, Ángel Fernando Mex Sulub, era empleado ese año de una tienda de electrodomésticos.

Comisario

Como comisario de Moser Peninsular, S. A. de C. V, aparece Martiniano Santos Góngora, quien es profesor de béisbol en varios municipios del interior.

Sin preparación

Como se observa, evidentemente, ninguno de ellos tiene la capacidad financiera ni la experiencia para vender “maquinaria y equipo sofisticado para la tecnificación del campo”.

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