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Negocios de mentira

 

Pese a que están legalmente constituidas, las “empresas fantasma” usan su actividad comercial como máscara para el desvío o el lavado de dinero, explica un experto

Las acusaciones de desvío de dinero público durante la gestión municipal de Mauricio Vila Dosal, que investiga desde hace varios meses la Auditoría Superior del Estado, implican en presuntos actos de corrupción a varios funcionarios que ocupan hoy importantes cargos en el gobierno del Estado.

Como hemos informado, los ciudadanos que interpusieron las denuncias entregaron al órgano fiscalizador documentos que, según afirman, exhiben una red de “empresas fantasmas” que mediante contratos amañados ayudaron a desaparecer del erario más de $200 millones en 2016 y 2017.

“Quizá el término fantasma no sea el más adecuado, ya que hace referencia a algo inexistente, ilusorio y las llamadas empresas fantasmas son negocios legalmente constituidos”, comenta un experto fiscalista consultado por este periódico.

O sea, cubren la mayoría de los requisitos que establecen las leyes para operar y participan, o simulan que participan, en una actividad comercial legítima, explica. Sin embargo, esta actividad comercial sirve como máscara para el desvío o el lavado de dinero.

Presuntos implicados

Como se sabe, en los expedientes en manos de la Unidad Investigadora de la ASEY se enlista a 21 negocios involucrados en el supuesto desvío, a los que el Ayuntamiento de Mérida —en muchos casos su único cliente— otorgó contratos por un total de $218 millones para la limpieza de parques y áreas verdes, como indica el acta de fallo de la licitación pública DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01, del 21 de diciembre de 2016.

Los funcionarios acusados por los denunciantes son Vila Dosal, María Fritz Sierra (ex secretaria de la Comuna), Alberto Peraza Sosa (ex director de Administración), Luis Montalvo Duarte (ex director de Servicios Públicos), Álvaro Juanes Laviada (ex coordinador de Administración), Alberto Espinosa Atoche (ex subdirector de Administración) y Juan Carlos Rosel Flores (ex titular de Finanzas y Tesorería).

Pura simulación

Las empresas de fachada son legales porque la constitución, hasta cierto punto, no representa un gran problema: basta con indicar el número de socios, tramitar la razón social, contar con un capital social —pueden ser solamente $3,000— y obtener el registro ante Hacienda.

Es complicado vigilarlas en el aspecto fiscal, dice el entrevistado, porque el encargado de hacerlo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no cuenta con suficiente personal para cumplir su tarea a conciencia, lo que aprovechan para evadir algunos candados, como el domicilio fiscal.

“Un negocio legalmente establecido tiene que reportar una dirección donde se le pueda encontrar, incluso pueden ser varias en caso de que tenga sucursales o diversos puntos de venta”, continúa. “El problema comienza si, como pasa a menudo, desde el inicio el SAT no verifica si el dato es correcto”.

Si un negocio incurre en una práctica fraudulenta —desde la más común hasta la más grave— y tiene como domicilio una casa abandonada, un lote baldío, un terreno en las afueras o lo comparte con otra empresa, es difícil fincar una responsabilidad porque se necesita llevar un proceso de notificaciones y al no haber nadie que las reciba, la causa puede tardar mucho tiempo.

“Una empresa fantasma es un negocio que en apariencia opera normalmente. Digamos que es una especie de empresa virtual: tiene movimientos, paga impuestos, pero no reporta muchas de sus operaciones. De allí la artimaña del domicilio inexacto, para esconderse”.

Entre las irregularidades que levantan más dudas en el caso de la presunta estafa a la Comuna meridana está precisamente que muchas de las compañías involucradas tienen su domicilio fiscal en casas abandonadas o particulares e incluso lotes baldíos.

Y aunque hasta hace poco casi ninguna tenía letreros que las identificara, recientemente, a raíz de las investigaciones de la ASEY, varias han instalado carteles o rótulos en sus fachadas en los que incluso subrayan que se dedican específicamente al mantenimiento de áreas verdes, aunque su razón social, como ocurre en los casos de “CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollos” y de “Redes y Canalizaciones del Sureste”, sugieran otra actividad.

El desvío de recursos no es un delito raro ni exclusivo de algún partido político, recuerda. Desafortunadamente, suele ocurrir que cuando existe un monto importante del presupuesto público destinado a actividades específicas —mantenimiento de oficinas, servicios de asesoría, por ejemplo— se constituye una empresa (se buscan socios, un domicilio donde nadie habita, se le da una razón social y listo) o se usan algunas ya existentes, aunque no sean del giro que se requiere.

Facturas falsas

El entrevistado también explica cómo funciona la venta de facturas: una empresa se da de alta para prestar servicios profesionales de toda índole: estudios de mercado o de opinión, servicios legales, contables, mantenimiento… El gobierno, en contubernio con quienes están a cargo del negocio, les paga por servicios que a lo mejor se realizan, a lo mejor no o se hacen a medias. “El objetivo es simplemente cubrir el traslado del recurso público hacia los particulares”.

“Se hace por el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de la empresa, que recibe el dinero en una sola emisión o en varias, para parecer que trabajó durante mucho tiempo. Todo es legal hasta aquí, pero una vez con el recurso necesita desviarlo hacia quienes están en el negocio, así que subcontrata a otra u otras empresas para que se vaya dispersando ese primer pago fuerte”.

“Las segundas empresas podrían subcontratarse entre ellas mismas para ir aparentando actividad económica”, prosigue. “Pero también puede ser que la primera empresa no haga absolutamente nada. Ya contratado el servicio, es más fácil subcontratar a un familiar o a una empresa vinculada con quienes realizan el negocio”.

Hay casos más drásticos, señala, en los que empresas formalmente establecidas y que sí prestan servicios están en contubernio con la autoridad. Una vez recibido el pago, no subcontratan a nadie, sólo hacen una salida de dinero sin justificación, como una toma de utilidades de los socios, y ese dinero que ya es efectivo se devuelve, sin ningún comprobante de por medio, al funcionario coludido. (Continuará)M. S. D. Y.

 

Foto: Gabriel Chan.

Imputan a los presuntos asesinos de hombre en El Porvenir

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