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Opacidad y desvío “legal”

El Gran Museo del Mundo Maya se edificó en un terreno que el gobierno “autocompró” por $110 millones

“Incluso priistas ponían en duda el plan del Museo”

A nueve años de la aprobación en el Congreso del proyecto para crear el Gran Museo del Mundo Maya (GMMM), éste sigue dando de qué hablar.

Nueva información sobre el tema muestra que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y los diputados del PRI se burlaron del Congreso y de los ciudadanos y escatimaron al máximo la información para lograr esa aprobación.

También aprovecharon la construcción de esa obra para desviar “legalmente” $110 millones, por lo menos.

La factibilidad del proyecto del recinto era tan endeble que hasta los propios legis-ladores del PRI la ponían en duda —en privado—, aunque después lo aprobaran por disciplina a su partido, recuerda Pedro Couoh Suaste, diputado del PAN en la LIX Legislatura, que fue la que aprobó el Museo, con el voto en contra de los panistas.

Las irregularidades fueron tantas que el principal impulsor de esa obra, Jorge Esma Bazán, clasificó por diez años el texto del contrato “para evitar que alguien, después, pueda darle marchas atrás”, dice Couoh Suaste en entrevista con Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Todo esto, sin embargo, de nada sirvió. La construcción del Gran Museo, como luego se comprobó, fue un fracaso económico, de público y hasta arquitectónico, señala el exlegislador.

Antecedente

Como ya informamos, el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco envió al Congreso una “iniciativa de decreto de autorización para el Museo Maya de Mérida, bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en marzo de 2011.

Entregaron esa propuesta funcionarios de la Secretaría de Planeación, encabezada entonces por Ulises Carrillo Cabrera. En ella se solicitaba también el permiso de la Legislatura para constituir un Fideicomiso de Garantía o Fuente de Pago que asegurara la totalidad de las obligaciones derivadas del PPS.

La propuesta preveía un presupuesto de $411 millones para la construcción y equipamiento del museo y el pago de $33 millones anuales durante un periodo de 22 años.

Couoh Suaste, alcalde de Tizimín entre 2004 y 2007, y diputado plurinominal en la LIX Legislatura, recuerda que a los pocos días de la presentación de esa iniciativa los funcionarios de Ivonne Ortega y los legisladores del PRI empezaron a hablar, ya no de $411 millones como costo de construcción, sino de $550 millones.

A partir de ese momento el PAN manifestó su desacuerdo con el proyecto, dice el entrevistado.

Sin información real

“Consideramos que no podíamos opinar y menos aprobar una iniciativa de la cual el gobierno no proporcionaba la información real de los costos, el proyecto ejecutivo de la obra, la corrida financiera de los pagos que tendrían que hacer las siguientes administraciones, etcétera. Es decir, nos estaban pidiendo una aprobación a ciegas”, señala.

La bancada del PAN tampoco estuvo de acuerdo con la compra del terreno donde el gobierno decidió construir el nuevo museo, no solo por su ubicación, sino por la forma en cómo se adquirió, añade Couoh Suaste.

Este predio, el número 299 E de la calle 60, al lado del Centro de Convenciones Siglo XXI, pertenecía al gobierno del estado desde 1999, cuando el entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco lo entregó en usufructo al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, Cultur, por un plazo de 20 años.

En 2009 la administración de Ivonne Ortega tramitó un crédito bancario por $1,870 millones, de los cuales $110 millones destinó para comprar ese terreno en una operación celebrada el 30 de agosto de 2010.

Desde entonces era obvio que esa operación “era un fraude, un blanqueo de capital”, recuerda.

Según la reglas del préstamo, estos recursos estaban “etiquetados” y solo podían emplearse en la construcción de obras o en la adquisición de edificios.

Valiéndose de esto, la entonces gobernadora Ortega Pacheco gastó $110 millones de ese crédito en la compra del terreno de la calle 60 a Cultur, que es parte del gobierno estatal, por lo que se trató de una autocompra, que permitió pasar parte del dinero del préstamo a la cuenta corriente del gobierno.

“Esta cuenta corriente, como la mayor parte o como todas las cuentas de esa administración, tenía un manejo bastante opaco y poco transparente, de tal manera que esos $110 millones pudieron terminar en cualquier lugar”, asevera.

“No hubo respuesta”

“En el Congreso pedimos al gobierno la explicación y justificación de ese gasto, pero nunca recibimos respuesta”, añade el exdiputado.

“Ivonne y sus funcionarios tampoco se preocuparon por responder a las otras dudas del PAN sobre el museo”.

Recuerda que el gobierno organizó una reunión en el local de la Cámara de Comercio, pues dirigentes del sector privado también tenían muchas dudas.

“En esa reunión le pregunté a Jorge Esma Bazán, director de Cultur y principal promotor del museo, por qué la iniciativa de decreto hablaba de una inversión de $411 millones y en otros momentos el propio gobierno decía que esa cifra podría crecer a $550 millones”, relata.

“No terminé de hacer la pregunta porque Esma Bazán, que tenía el control del micrófono, cortó el sonido y lo hizo cada vez que yo tomaba la palabra”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

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