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Polémica rodea a juez por el caso de las luminarias

Imagen del cambio de luminarias en la gestión de Angélica Araujo. Continúa la disputa legal por el millonario cobro que se pretende hacer

Pasó por sonados casos y el pleito de las luminarias

El Consejo de la Judicatura Federal también documentó la participación del juez tercero de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, en irregularidades en el caso de la empresa Oceanografía, cuyos dueños fueron acusados de presentar estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por más de 5 mil 300 millones de pesos.

Consuelo Soto consintió que la empresa iniciara un concurso mercantil en lugar de declarar su quiebra para rematar sus bienes y pagar a sus acreedores, lo que se consideró una actitud parcial e ilegal del juez.

En agosto de 2019, socios de la Cooperativa Cruz Azul acusaron a Consuelo Soto de actuar en contubernio con los disidentes de esa organización que intentaban destituir al presidente Guillermo Álvarez Cuevas, mediante argucias legales.

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En 2018, ex trabajadores de Oceanografía denunciaron a este juez de que pese a los constantes informes que se le han enviado sobre el desmantelamiento paulatino de los barcos y otros equipos de esa empresa, asegurados en Ciudad del Carmen, y cuyo remate serviría para pagar sus indemnizaciones, el juez no hace caso, en una evidente actitud parcial a favor de Oceanografía.

El 31 de octubre de 2014 Consuelo Soto sentenció al Ayuntamiento de Mérida a cubrir las rentas que dejó de pagar a Santander —argumentó su decisión en un documento de solo siete hojas, pese a la complejidad del caso—, cuando Renán Barrera Concha, en su primer periodo en la alcaldía, canceló el contrato de arrendamiento de las luminarias, suscrito por Angélica Araujo Lara con AB&C Leasing —que luego cedió los derechos de cobro a Santander—, así como los correspondientes intereses moratorios desde que dejó de pagarlos y hasta que finalizó el contrato de arrendamiento en marzo de 2016.

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Las irregularidades atribuidas a este juez y su mala reputación explican ahora, en parte, la prolongación del juicio en contra de la Comuna por el caso de las luminarias, iniciado por Santander, dice el director de Información Sistemática de la Península, el economista Antonio Osorio Acevedo.

Aún hay quienes dicen que la prolongación de este conflicto es consecuencia de la falta de previsión de Barrera Concha cuando canceló el contrato de arrendamiento de las luminarias, sin asesorarse adecuadamente sobre sus implicaciones, pero eso es totalmente falso, afirma Osorio Acevedo.

“Barrera Concha canceló este contrato con todas las justificaciones legales y técnicas, como se demostró en su momento”, indica.

Añade que “no hay que olvidar que si la ciudad de Mérida enfrenta ahora el pago de un cuantioso adeudo por las luminarias — $630 millones, según la cuenta de Consuelo Soto—, los responsables directos de ese adeudo son el PRI y la exalcaldesa de ese partido, Angélica Araujo Lara”.

(En una entrevista en días pasados, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, dijo que ese error de Angélica Araujo “nos sigue repercutiendo en la ciudad y ya llega a casi mil millones de pesos”, si se toma en cuenta el gasto realizado para restituir el alumbrado original).

En efecto, como Central 9, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Grupo Megamedia lo documentó oportunamente, la exalcaldesa, mediante una operación calificada como “el robo del siglo”, ordenó cambiar en 2011 —sin alguna justificación técnica y en contra de la opinión de los especialistas—, las 82,000 luminarias de vapor de sodio del alumbrado público por otras tantas de inducción magnética de fabricación china, supuestamente ahorradoras, pero compradas a sobreprecio, con una licitación amañada y en contra de la normatividad técnica vigente entonces.

Araujo Lara hizo ese cambio por medio de un contrato de arrendamiento con AB&C Leasing por $468.8 millones, pagaderos a 60 meses. Poco después, esa empresa cedió los derechos de cobro de la renta a Santander.

Para oficializar esta operación, AB&C Leasing y Santander firmaron un contrato de factoraje que incluyó la firma de otros 16 contratos de prenda, en los que la arrendadora otorgó en prenda a Santander todas las lámparas de inducción magnética. Los contratos fueron aprobados por la exalcaldesa Araujo Lara y otros funcionarios, pero no por el Cabildo, como debe ser, según el artículo 55, fracción XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado. Con la firma de estos contratos, ilegales por no tener la aprobación del Cabildo, Angélica Araujo autorizó que Santander descuente las rentas de las lámparas, $7.8 millones al mes, directamente de una cuenta bancaria domiciliada de la Comuna.

La administración de Barrera Concha argumentó entonces que con esa medida el Ayuntamiento sufriría un daño patrimonial, porque el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing establecía que sólo se pagaría la renta de las lámparas que funcionen bien, cuando habían miles apagadas. Con el contrato de factoraje, por el contrario, el cobro de la renta era automático, funcionen o no las lámparas.

Esta fue una de las causas por la que Barrera aprobó la terminación anticipada del contrato de arrendamiento con AB&C Leasing, recuerda Osorio Acevedo: “Eso afectó los intereses de Santander, que ahora quiere, con el auxilio de un polémico juez, que el Ayuntamiento le pague de un solo golpe $630 millones”.— Hernán Javier Casares Cámara

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