in ,

¿Por qué embargarían al Ayuntamiento de Mérida por unas lámparas chinas?

El embargo al Ayuntamiento de Mérida pone de nuevo sobre la mesa el tema de las luminarias chinas

La amenaza de embargo de los bienes del Ayuntamiento de Mérida por parte del banco Santander es consecuencia de una de las obras públicas peor planeadas en la historia de la ciudad y ejecutadas, según muchos indicios, con el único fin de desviar cuantiosos recursos públicos al bolsillo de funcionarios y particulares.

Se trata del programa que impulsó la exalcaldesa priista Angélica Araujo Lara, en 2011, para colocar 82,000 luminarias chinas de inducción magnética en lugar de otras tantas de vapor de sodio —que funcionaban bien— en todo el municipio.

Desde el principio este plan estuvo rodeado de irregularidades, entre otras, que las nuevas luminarias no cumplían con las normas establecidas, eran caras y de mala calidad, y propiciaban una grave disminución en el nivel de iluminación de la ciudad, lo que causó la inconformidad de la gente.

La entonces alcaldesa no solo adjudicó el contrato de arrendamiento por $460 millones a la empresa AB&C Leasing luego de una licitación calificada de amañada, sino también permitió que esa compañía de arrendamiento financiero cediera el cobro de las rentas a Santander, mediante un contrato de factoraje considerado ilegal y abusivo.

Esto orilló al sucesor de Araujo Lara, el panista Renán Barrera Concha, a proponer la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento.

La medida ocasionó una serie de demandas del banco y de esa empresa en contra de la Comuna. Ambas partes iniciaron un litigio que duró varios años y que pasó por distintas instancias hasta llegar a la Suprema Corte, que en 2017 emitió una resolución no favorable al Ayuntamiento meridano.

Señales de problema

Los primeros datos de este polémico contrato los publicó Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en marzo de 2011, en una serie de reportajes.

Desde entonces, y durante varios meses, Central 9 documentó que el cambio de miles de luminarias en la ciudad no solo era innecesario, sino parecía ser parte de un gran negocio de los funcionarios del Ayuntamiento.

La historia comenzó el 15 de enero de 2011 con la aprobación unánime del Cabildo del “Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética del Municipio de Mérida”, que presentó la alcaldesa Angélica Araujo.

El proyecto consistía en cambiar las 82,000 luminarias de vapor de sodio de alta presión de todo el municipio, por otras tantas de inducción magnética.

Para obtener la aprobación de los regidores, Angélica Araujo dijo que ese proyecto tendría las siguientes ventajas: ahorro de 57% en el consumo de energía del alumbrado público, disminución de 40% a 50% en la facturación bimestral de energía eléctrica y carácter autofinanciable porque, según la alcaldesa, se pagaría con los ahorros generados en la facturación.

También aumentaría un 20% el nivel de iluminación de Mérida (la Comuna llegó a decir que con el cambio se convertiría en la ciudad mejor iluminada de Latinoamérica), y disminuiría también la contaminación atmosférica.

La alcaldesa, pese a la magnitud de la operación, nunca presentó un proyecto técnico al Cabildo. Solo dijo que su plan de ahorro contaba con la aprobación de la Comisión Federal de Electricidad, aunque no exhibió algún documento al respecto.

Argucias

Para justificar su proyecto de ahorro, funcionarios de Angélica Araujo explicaron que éste seguía recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, según las cuales los ayuntamientos debían reducir el consumo de energía de su alumbrado público, cambiando el tipo de luminarias por otras ahorradoras.

Por eso exhibieron el Manual Operativo del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética de Alumbrado Público Municipal 2011 que, en efecto, mencionaba a las lámparas de inducción magnética como una de las alternativas para ahorrar energía en el alumbrado público.

Empero, los funcionarios no dijeron que el mismo Manual Operativo establecía que la tecnología que se usara en el alumbrado público debía respetar las normas NOM-001-SEDE-2005 y NOM-013-ENER-2004, mismas que las lámparas de inducción magnética no cumplían.

La NOM-001.SEDE-2005, en su apartado 930-4, anticipaba en 2011 que no se permitía el uso de lámparas fluorescentes en el alumbrado público “a excepción de pasos a desnivel, peatonales, alumbrado de emergencia e instalaciones temporales”.

Las lámparas de inducción magnética están clasificadas como lámparas fluorescentes; por tanto, su colocación incumplía con la norma mexicana en la materia.

Integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán, que desde un principio advirtieron a Angélica Araujo de la inconveniencia de cambiar las luminarias —aunque ésta nunca los escuchó— realizaron después un estudio sobre la calidad de las lámparas de inducción magnética colocadas en Mérida y encontraron las siguientes fallas:

Su balastro era electrónico, pero no estaba de acuerdo con las normas oficiales y, además, era más sensible al viento y no soportaba las variaciones de voltaje de la red, de modo que frecuentemente se apagaba para no quemar las lámparas.

Las fotoceldas, la parte de la lámpara que permite que ésta se encienda o apague, según sea de día o de noche, igual eran de mala calidad y no cumplían con su función, por lo que había muchas lámparas encendidas todo el día.

Las lámparas de Angélica Araujo no tenían el vidrio biselado, que es un material que permite a la curva fotométrica dirigir la luz al lugar adecuado, ni tenían el reflector especular, indispensable en las luminarias de alumbrado público porque facilita la distribución precisa de la luz. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

Alumna regresa a su salón de clases

Regreso a clases sin importar color del semáforo: 29 estados lo harán

Maestros del CNTE piden soluciones no dialogo

CNTE vuelve a bloquear camioneta de AMLO: "Queremos soluciones"