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Profepa sanciona relleno

Imagen ilustrativa.- (Foto de formato7.com)

Multa de 741 mil pesos por daños a cuerpo de agua

A cinco meses de la denuncia del relleno parcial de un cenote en terrenos del rancho Asideros I y II de Tizimín, la Profepa impuso una multa de $741,195 contra los propietarios de la empresa agroindustrial Enerall Terra 1 SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión), responsable de esos hechos.

El delegado de la Profepa en Yucatán, José Lafontaine Hamui, informó que además de la multa económica se decretó la clausura definitiva de la parte rellenada del cenote. Es decir, la parte que embutieron con materia pétreo es intocable. No se podrá realizar ninguna actividad, para que con el tiempo se regenere por sí sola.

Lafontaine Hamui dijo que tras las investigaciones el procedimiento administrativo y los peritajes de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Seduma, Conagua y CICY para acreditar que la zona enterrada forma parte de un cenote con flujo de agua, la dependencia resolvió imponer 9,196 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que es equivalente a $741,195. Precisó que el cuerpo de agua no resultó afectado, porque el relleno con material pétreo fue en un hoyanco y no alcanzó la fuente de agua.

“Ya resolvimos, aplicamos una sanción definitiva por la violación a las leyes de aguas nacionales”, dijo. “Fue clausura definitiva en la parte rellenada. No pueden hacer ninguna actividad en ese sitio. Ellos tienen autorización para todo lo que realizan en el terreno, pero lo único que no tenían autorización es para el relleno de este cuerpo de agua”.— Joaquín Chan Caamal

El delegado de la Profepa informó que la empresa argumentó que ese cuerpo de agua no es un cenote y desconocían si la rejollada era considerado un cenote. Fue creíble su postura, pero la dependencia recurrió a peritajes sobre el mismo y todos coincidieron que es un cenote.

“No tiene las características de un cenote como lo conocemos, pero sí es un cenote”, dijo.

Dijo que el caso no está cerrado, sólo está resuelto, porque la empresa puede impugnar la sanción y está en el plazo para hacerlo. La resolución se notificó el 13 de septiembre pasado y el tiempo para pedir la nulidad del juicio ante la Sala Superior en materia ambiental de la federación es de 45 días hábiles, pero no tiene que agotar ese tiempo, y para pedir la revisión de la sanción ante la Subprocuraduría de Protección al Ambiente es de 15 días.

Hasta ayer la empresa no había pagado la multa ni había impugnado el juicio y la sanción.

 

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