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Publican detalles de autoconsulta de pueblos mayas

El pasado 25 de julio de 2021, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún en el estado de Yucatán, en su libre ejercicio de autonomía y libre determinación como pueblos indígenas, convocaron a la celebración de una autoconsulta para discutir, y decidir sobre la presencia y continuidad de labores de las empresas porcícolas que trabajan en la zona.

El proceso de la organización de las tres autoconsultas y de las asambleas informativas previas que se llevaron al cabo, estuvieron a cargo de colectivos pertenecientes a las comunidades, como el Colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaj (Maxcanú), del Colectivo Maya del Poniente Chik'in Ja' (Kinchil) y del Consejo maya del Poniente Chik'in Ja' (Celestún), con el acompañamiento del Equipo Indignación Promoción y Defensa A.C. En los tres procesos existió amplia participación social con los siguientes resultados: en Celestún, el pueblo se pronunció contundentemente por la negativa a que continúen las granjas porcícolas (1101 “no” y 7 “sí”), en San Fernando, el resultado también fue por la negativa (59 “no” y 58 “sí”), mientras que en Kinchil, en dónde existe mayor presencia de la empresa, el resultado fue un “sí” para que las fábricas continúe en funcionamiento (con una votación de 576 “sí” y 423 “no”).

Asimismo, durante el desarrollo de la jornada, estuvieron presentes organizaciones observadoras como la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como organizaciones de la sociedad civil, que suscribimos este informe, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh) y la organización Article 19 México y Centroamérica.

En un contexto marcado por grandes impactos sociales y ambientales acarreados por la contaminación de las mega granjas porcinas en la península, sin que se cuente con información completa y pertinente proporcionada por la empresa, las comunidades de la región se han organizado para que las autoridades, así como la empresa respeten su derecho a la autonomía, libre determinación y consentimiento informado, lo que se vuelve especialmente relevante cuando la propia empresa ha generado un clima de tensión social, e incluso referido su desconocimiento por a la validez de los resultados de la consulta. Además, las comunidades hicieron un llamado también a evitar la imposición de megaproyectos por parte del Estado en zonas no aptas o zonas de conservación de la biodiversidad, ya que degradan el ambiente en los territorios donde habitan comunidades indígenas.

Las organizaciones observadoras consideraron fundamental visibilizar a través de la publicación del Informe de la Misión de observación del proceso de autoconsulta sobre mega granjas de cerdos en Yucatán, el proceso de organización de las comunidades que convocaron a la autoconsulta, en un proceso ejemplar de organización, que debería guíar los procesos de consulta que el propio Estado debe realizar de manera previa, libre e informada respecto a las decisiones que impacten en la vida y territorio de los pueblos indígenas.

Las organizaciones observadoras consideraron que este proceso de consulta autogestionada por los pueblos mayas reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos, pese a un contexto adverso por la polarización social, así como la pandemia, misma que debe ser respetada tanto por el Estado como por las empresas.

Al respecto, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han coincidido en señalar que las empresas deben respetar la libre determinación de las comunidades en su derecho a organizarse para decidir sobre el modelo de desarrollo en su territorio y evitar realizar actos de hostigamiento contra las comunidades en donde realizan sus actividades.

Cabe señalar que, este Informe ha sido enviado a las Relatorías Especiales de la ONU y la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Libertad de Expresión así como al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, con el llamado a pronunciarse por el respeto a los derechos de los pueblos mayas, incluyendo el respeto a su libre autodeterminación.

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