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“Quiebra inminente”

La secretaria de Gobierno

Luego de mucho tiempo de mala administración y desvío de recursos, y de falta de reformas de fondo a su marco jurídico, este año “estalló la bomba” en el Isstey

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) presenta un estado de “quiebra inminente”, lo que pone en riesgo a todos los pensionados si no se toman medidas urgentes, advierte su directora, María Isabel Rodríguez Heredia.

Este gobierno, añade, recibió ese organismo con “finanzas muy delicadas”, producto de una larga historia de mala administración y de un marco jurídico que ya no está de acuerdo con la realidad.

La situación es tan difícil que las reservas líquidas del Isstey alcanzan únicamente para cubrir las pensiones hasta 2021. Luego de ese año, será necesario vender los terrenos del Fideicomiso de Ucú, que el gobierno de Rolando Zapata Bello formó para pagar los 2,082 millones de pesos que Ivonne Ortega Pacheco dejó de entregar al Instituto, sin ninguna justificación —y que solo dará para completar el pago de las pensiones hasta 2028—, o iniciar a partir del 2022, por parte del gobierno del Estado, el desembolso de aportaciones extraordinarias para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y jubilaciones.

El problema, dice la licenciada Rodríguez Heredia, es que vender los terrenos de Ucú no es una tarea fácil y optar por el pago de aportaciones extraordinarias representaría un gasto de casi 2,500 millones al año.

El toro por los cuernos

La directora del Isstey visitó la redacción del Diario en compañía de la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, para exponer el sombrío panorama financiero de ese organismo, sintetizado en un estudio actuarial que la propia directora intituló “Diagnóstico situacional. El Isstey, en un camino de inminente quiebra”.

En virtud de la gravedad del problema, las dos funcionarias adelantaron que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció su decisión de “tomar el toro por los cuernos y no seguir pateando la lata” —como lo hizo la mayoría de los gobiernos anteriores, desde que se fundó ese organismo en 1976— y pagar el costo político que eso conlleva.

Una solución al problema sería promover cambios a la actual ley del Isstey, pero eso sería luego de un cuidadoso análisis y de conocer la opinión del sindicato de trabajadores, señala María Fritz.

Una muerte anunciada

La actual crisis en ese organismo, añade, se remonta a 1976, cuando se fundó y comenzaron las aportaciones de los trabajadores y las autoridades —que en muchos años no se debieron utilizar porque no había a quién jubilar— pero los gobiernos, en lugar de crear el fondo de pensiones, “éste se gastó”.

“No se tuvo la visión a treinta años, y cuando empezaron los problemas de liquidez y las dificultades para pagar las pensiones los gobiernos estatales buscaron la forma de librar el problema en su sexenio, propiciando una bola de nieve que se fue quedando para las siguientes administraciones”.

Al día de hoy, las reservas del Isstey ascienden a 4,523.28 millones de pesos, divididas así: 555.90 millones en reservas líquidas; 667.38 millones, en inversiones a plazo y 3,300 millones en terrenos, principalmente en Ucú.

Estas reservas no son suficientes para sostener el sistemas de pensiones del Isstey en los próximos años, como se había advertido desde hace tiempo en diversos estudios actuariales, dice María Isabel Rodríguez.

“No es que ahora estemos enfrentado el problema por primera vez”, añade la secretaria de Gobierno. “Esto viene de varios sexenios anteriores, es la crónica de una muerte anunciada”.

La herencia de Ivonne

Los problemas del Isstey empezaron a ser más graves, como el Diario publicó en su momento, a partir del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. Al término de su gestión en 2012, ésta dejó una deuda a ese organismo de 2,082 millones por concepto de cuotas descontadas a sus trabajadores, pero no entregadas al Instituto, y de cuotas del gobierno, que tampoco pagó.

Su sucesor, Rolando Zapata Bello, nombró al frente del Isstey a Ulises Carrillo Cabrera, quien había sido un influyente funcionario de Ivonne Ortega, como jefe de la Oficina de la Gobernadora y secretario de Planeación.

En 2014, Carrillo propuso a Zapata pagar la deuda del Isstey entregándole casi 3,000 hectáreas de tierras en Ucú, que el mismo gobierno de Ivonne Ortega había comprado al ejido de ese lugar para impulsar un desarrollo urbano de 50,000 casas.

De acuerdo con ese plan, para administrar este desarrollo se formó un fideicomiso, en el cual el Isstey tendría el 30 por ciento de las utilidades.

Puro cuento

Hasta ahora, empero, cinco años después, no se ha hecho ningún desarrollo y los terrenos siguen abandonados, en tanto el Isstey carece de fondos líquidos para pagar sus pensiones.

Pese a todos estos problemas, desde su fundación hace 43 años, “el sistema de pensiones del Isstey no ha tenido cambios en su forma medular”, afirma María Isabel Rodríguez.

“Prácticamente seguimos rigiéndonos bajo las condiciones de 1976, cuando éstas son muy distintas a las de 2019”.

“Reformas”

En los últimos años hubo algunas reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, abunda la licenciada Fritz Sierra, “que no consideraron cambios de fondo en algunos temas”.

La reforma que impulsó el gobierno anterior incluyó, como la principal aportación, un transitorio para permitir al Instituto “condonar los intereses moratorios de las entidades que no paguen a tiempo sus cuotas”, recuerda la funcionaria.

Faltaron agallas

Según María Isabel Rodríguez, esas reformas no tocaron temas medulares como la edad para jubilarse y la antigüedad, cuyos términos son los mismos desde 1976, no obstante que la esperanza de vida en ese tiempo era de 61 años y ahora es de más de 75; es decir, la gente vive 15 años más que lo previsto en la ley original.

La mayoría de los institutos de pensiones en el país ya cambiaron sus marcos jurídicos, hasta cinco veces, en algunos casos, y únicamente Yucatán, Nayarit y Chiapas no lo han hecho, aunque este último estado está a punto de iniciar su reforma, añade.

¿Por qué cree que Yucatán se ha rezagado?, pregunta el Diario.

“Por la decisión de los gobiernos anteriores de patear la lata. Para transformar el sistema de pensiones se requieren muchas agallas y enfrentar el costo político”, considera.

Crece la “cola”

De acuerdo con la directora del Isstey, el número de jubilados y pensionados de ese organismo, al 30 de octubre, era de 5,800. Tan solo en lo que va del año, dice, se han jubilado 857 personas (420 hombres y 437 mujeres) y el número va creciendo.

Según explica, en el Isstey hay dos tipos de jubilación: la voluntaria, que te vas con 30 años de servicio sin importar tu edad; y la necesaria, que muchas veces, por una incapacidad u otros factores, te retiras si tienes 15 años de servicio y 55 años de edad. Con esto obtienes media jubilación, pero si ya cumpliste 56 años, alcanzas un poquito más y así hasta llegar a los 65 años, cuando se obtiene el cien por ciento.

Actualmente hay 3,515 trabajadores —de un total de 31,756 en activo— que ya están en la “cola” para jubilarse porque tienen 360 quincenas cotizadas, 15 años de antigüedad y 55 años de edad.

El grave problema, afirma la licenciada Rodríguez Heredia, es que el Instituto solo tiene recursos líquidos para pagar las pensiones hasta el año 2021.

A partir de 2022, que es cuando la reserva líquida se termina, solo hay dos caminos, dice: aportaciones extraordinarias en efectivo del gobierno del estado, o la venta de los terrenos del Instituto.

“Súper optimistas”

La directora del organismo explica que en un escenario donde hipotéticamente el gobierno cumple con los objetivos del fideicomiso, de impulsar un desarrollo urbano, incluyendo la venta de terrenos, el sistema de pensiones podría operar, sin necesidad de aportaciones extraordinarias, solo hasta 2028.

Estamos hablando de la posibilidad de obtener recursos con los terrenos de Ucú, “siendo súper optimistas y pensando que esos terrenos los venderemos muy bien”, precisa la funcionaria, “pero todos sabemos que vender más de 3,000 millones de pesos en terrenos no está a la vuelta de la esquina, hay que hacer la ‘chamba’, precisamente desde ayer”.

Grave problema

De acuerdo con el estudio actuarial que mostraron las dos funcionarias al Diario, para que el sistema de pensiones siga operando, el actual gobierno de Vila Dosal necesitaría vender 1,372.77 millones de pesos de terrenos de Ucú, divido así: 253.77 millones en 2022; 501.25 millones, en 2023 y 617.76 millones en 2024, que es cuando termina el actual período de gobierno.

Para el siguiente sexenio, de 2025 a 2030, se necesitarán vender 2,871.12 millones de pesos para mantener las pensiones, pero ese dinero solo dará para operar hasta 2028. Incluso en ese año, la venta de terrenos será insuficiente y el gobierno tendrá que dar una aportación extraordinaria de 577.74 millones de pesos.

De 2029 en adelante, la operación del Isstey, si no se establecen desde ahora cambios en el marco legal del organismo, dependerán exclusivamente de las aportaciones extraordinarias del gobierno del Estado.

Bomba

Según los cálculos actuariales, en 2029 estas aportaciones ascenderían a 1,994.76 millones y a 2,031.95 millones en 2030.

En el sexenio de 2031-20136, estas aportaciones sumarían 14,266.22 millones, a razón de 2,500 millones de pesos anuales, aproximadamente, casi lo mismo que el presupuesto actual de la ciudad de Mérida.

“Ya estalló la bomba en el Isstey”, lamenta su directora, “pero lo peor de todo es que pudo haberse prevenido”. (Continuará).— HERNÁN JAVIER CASARES CÁMARA

Pensiones Crisis

El Isstey está en estado de quiebra, lo que pone en riesgo a todos los pensionados de ese organismo.

Finanzas delicadas

El actual gobierno recibió de su antecesor un Instituto con “finanzas muy delicadas”, producto de una larga historia de mala administración.

Faltan fondos

La situación es tan difícil que las reservas líquidas del Isstey alcanzan solo para cubrir las pensiones hasta 2021, advierte su directora, María Isabel Rodríguez Heredia.

Dilema

Luego de ese año, será necesario vender los terrenos del Fideicomiso de Ucú, “pero el problema es que eso no es una tarea fácil y optar por el pago de aportaciones extraordinarias representaría un gasto enorme”.

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