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Suspenden a notarios

María Fritz Sierra

También revocan el nombramiento de 19 escribanos

El consejero jurídico del gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, anunció ayer la suspensión temporal por seis meses de los notarios públicos Carlos Tomás Goff Rodríguez y Mario Enrique Montejo Pérez, y la revocación definitiva de los nombramientos de 19 escribanos públicos de Mérida y varios municipios del interior por cometer graves violaciones a la ley.

Esta es la tercera suspensión que recibe Montejo Pérez, notario número 74, y la primera de Goff Rodríguez, titular de la notaría 97.

Entre los escribanos suspendidos definitivamente, que ya fueron notificados, figuran los siguientes: José Rafael Hoil Martín, de Dzitás; Israel Puc Quintal, Hunucmá; Wílberth Candelario Hau Chan, Maní; Herlin Didier Quezada Cutz, Progreso, y Julio César Rodríguez Santamaría, Sacalum.

También, Andrés Ismael Santana Fraga, de Sotuta; José Ismael Dzul Collí, Teabo; Carlos Chulim Interián, Ticul; Shanué Alejandro Patrón Correa y Guillermo Raúl Tamayo Ramírez, de Mérida, y Carlos Alejandro Jiménez Amaro, de Kanasín.

Según Tappan Silveira, “ya se encuentra en proceso de notificar la destitución de ocho escribanos más”.

Violaciones a la ley

El funcionario hizo estos anuncios en conferencia de prensa realizada en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, a la que acudieron también la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y el presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo.

En su intervención, Tappan Silveira explicó que los fedatarios sancionados violaron los artículos 126 y 148 fracción III de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán.

Este último artículo, en su inciso H, se refiere a los notarios públicos y establece que recibirán “suspensión hasta por ciento ochenta días naturales” los que desempeñen “su encargo faltando a la probidad y honradez que debe guardar en ejercicio de sus funciones”.

El artículo 126 concierne a los escribanos y dice textualmente: “Los escribanos públicos en cada uno de los documentos que suscriban reservarán un ejemplar que, debidamente firmado por los interesados y autorizado por el propio escribano público, enviarán dentro de los treinta días hábiles siguientes a la dirección del Archivo Notarial, junto con el apéndice correspondiente a la escritura de que se trate”.

Si no cumpliere con esta obligación, añade este precepto, “será requerido por escrito para que cumpla dentro del plazo de quince días naturales y de no hacerlo se hará acreedor a la sanción prevista en esta ley, sin perjuicio de que en caso de no cumplir con el requerimiento, le será revocado su nombramiento por el propio Poder Ejecutivo del Estado”.

De acuerdo con Tappan Silveira, esta es la primera vez que el gobierno del Estado impone sanciones a algún fedatario, desde que se promulgó la Ley del Notariado en 2011.

Las acciones que acabamos de anunciar, afirmó, “buscan la conservación y garantía de la probidad de los fedatarios públicos”.

El año pasado, este periódico publicó numerosas denuncias en contra de notarios, escribanos, abogados y funcionarios públicos agrupados en la llamada “mafia inmobiliaria” —dedicada a la apropiación de casas y terrenos mediante la falsificación de documentos oficiales—, que ocasionó muchas muestras de inconformidad. Eso propició que el gobierno anterior enviara al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Notariado para reforzar los controles de esa actividad, aunque nunca procedió en contra de alguno de los fedatarios señalados por violar la ley.

Reincidente

En el caso del notario Montejo Pérez, antes de la suspensión anunciada ayer, éste había recibido una similar en noviembre de 2008 y otra más en septiembre de 2004, de un mes de inhabilitación, según información recabada por el Diario.

En su intervención, el consejero jurídico agregó que el gobierno estatal “no puede permitir que ilegalidades manchen la labor y la imagen de los fedatarios en Yucatán”, cuya figuras “son tan importantes para la sociedad y el estado de Derecho”.

“Consciente de ello y dando seguimiento al compromiso del gobierno con la legalidad y la seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos”, la administración de Mauricio Vila Dosal, añadió, “ha emprendido de manera conjunta con el Consejo de Notarios una serie de medidas para evitar fallas y omisiones que han perjudicado a los ciudadanos”.

En este sentido, dijo, el gobierno ha encontrado en el Consejo de Notarios un importante apoyo para la prevalencia del Estado de Derecho y juntos verificaremos “que los fedatarios suspendidos no continúen realizando sus funciones”, tanto los que fueron sancionados de manera temporal como los que perdieron su nombramiento.

“Dentro del marco de la ley se mantendrá una permanente vigilancia para evitar que se repitan los supuestos que dieron pie a las suspensiones y revocaciones”.

El funcionario enfatizó en que lo anunciado es un primer paso. “Siguiendo las instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal continuaremos vigilantes y pendientes de que se cumpla la ley, manteniendo firme el compromiso de combatir la impunidad”.

También explicó que los ciudadanos que tienen trámites pendientes con los fedatarios suspendidos no sufrirán perjuicios porque la ley prevé los procedimientos a seguir en estos casos y les recomendó acudir al Archivo Notarial, a la Consejería Jurídica o al Consejo de Notarios de Yucatán.— HERNÁN JAVIER CASARES CÁMARA

 

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