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El Gobierno, “tapadera de todos”

 

Impunidad es el término en el que coinciden Blanca Genoveva Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán, y Patricia McCarthy Caballero, dirigente del Frente Cívico Familiar, al referirse a la información documentada publicada hasta el momento de la existencia de alrededor de 80 empresas fantasmas en al menos dos dependencias de la administración estatal anterior.

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Para la profesora Estrada Mora, la ausencia de castigo para los responsables del millonario desvío de recursos públicos, según el cúmulo de copias de facturas y recibos en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, es muestra de la corrupción que prevalece en los ámbitos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Las opiniones de Patricia McCarthy también encajan, y la activista social hace un llamado a las nuevas autoridades gubernamentales a no permitir que se exima o exonere de la sanción correspondiente, de acuerdo con la ley, a los autores intelectuales y materiales de la red de compañías irregulares que presuntamente desviaron millonarios recursos en supuestas obras o trabajos que aparentemente no se realizaron o se simularon, en algunos casos de manera irrisoria. En próximas entregas se darán a conocer más reacciones de representantes de otros sectores de la sociedad sobre el mismo controvertido tema.— Hernán Casares Cámara y Carlos Fernando Cámara Gutiérrez

Blanca Estrada Mora

Foto: Megamedia

Presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán

Si se discute sobre empresas fantasmas en la anterior administración, para Blanca Estrada Mora, presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy), “se tendría que hacer en plural ya que no sólo se limita al poder Ejecutivo estatal, sino también a otros poderes, también al Ayuntamiento de Mérida.

“La creación de empresas fantasmas para el desvío de recursos es una de las formas más descaradas de corrupción, pero sobre todo de impunidad que prevalece en Yucatán, en el país. Hay muchas cosas que se han evidenciado, que no se han aclarado oficialmente en las administraciones federal, estatal y municipal. Lo que ahora surge es una muestra de lo que hay que combatir: la impunidad, la madre de la corrupción”, añade la dirigente social.

La profesora Estrada Mora cree que si no existiera el grado de perversión, de impunidad en todos los ámbitos, sobre todo en el sector gubernamental, la corrupción disminuiría, pero lamenta que en el sistema actual se trata de “un concurso de tapaderas. El que llega tapa al que se fue para sentar las bases para tapar al siguiente. Es una verdadera tapadera de todos”.

Red de complicidad

La también integrante del colectivo “¡Ya basta!” indica que los que se benefician de esos manejos ilícitos con compañías inexistentes no se circunscriben a decir uno o tres nombres en especifico, ya que ello sería totalmente alejado de la veracidad.

“Acá el problema de las empresas fantasmas es la red de complicidades y su fortalecimiento, y todos los inmiscuidos están tan campantes. Para comenzar a investigar a los culpables sería una excelente noticia si se estrena el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y el vicefiscal anticorrupción (José Enrique Goff Ailloud) que ya está en funciones. Hasta ahora no se sabe de alguna acción que el comité o el vicefiscal hubieran emprendido para hacer su trabajo”, afirma.

De acuerdo con la profesora Estrada Mora, el Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobado en julio del año pasado, pero hasta ahora, a saber, no hay alguna acción o investigación que lleven al cabo. Tampoco se la ha dado la publicidad debida a la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, donde están claros los actos tipificados como corrupción. Existen esas instancias de manera formal y oficial, pero hasta ahora calladitos creen que se ven más bonitos”, subraya la dirigente.

En relación con qué institución o dependencia debe intervenir para investigar, y en su caso aplicar sanciones a los responsables de los presuntos ilícitos, dice que primero debería intervenir la Auditoría Superior del Estado, obligada a ejercer sus facultades, ya que precisa que de los siete integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, precisamente uno es el auditor.

Exigencia ciudadana

“El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán debe pedir al Sistema de Administración Tributaria toda la información necesaria para sus investigaciones. Estamos en pleno proceso de entrega recepción, hay ayuntamientos con 60 días ejerciendo y el Ejecutivo estatal con 30 días de asumir el control, por lo que una exigencia ciudadana deber ser que se haga público lo que se recibe. Hay tiempos marcados por la ley para hacer observaciones, subsanar o denunciar. En un proceso de entrega recepción transparente debe salir a la luz lo bueno y lo que se pueda considerar como un delito. Si no se hace así se cae en la complicidad, en un concurso de tapaderas”, insiste Blanca Estrada.

Por último, la presidenta de la Fecuy recuerda que la institución organiza este mes la Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública y el tema que promoverán en esta ocasión será el de la necesidad de fomentar la claridad y la transparencia en los procesos de entrega recepción oficial.

Patricia McCarthy Caballero

Foto: Megamedia

Dirigente del Frente Cívico Familiar

El Frente Cívico Familiar (FCF) hace un enérgico llamado a las nuevas autoridades estatales para no permitir “que la impunidad pueda traducirse en perdón”, en los casos comprobados de corrupción, afirma Patricia McCarthy Caballero, dirigente de esa organización.

Entrevistada a propósito de la amplia información publicada por Diario de Yucatán sobre el presunto desvío de recursos públicos a través de empresas fantasmas durante el gobierno que encabezó Rolando Zapata Bello, la licenciada McCarthy Caballero dice que si se quieren prevenir estas conductas “lo primero que debemos hacer es castigarlas cuando salen a la luz”.

Por consiguiente, también hace un exhorto “a las autoridades que apenas están tomando el mando para comprometerse con una política de cero tolerancia a la corrupción.

“Hay la falsa creencia de que si una autoridad que recién entra denuncia hechos de corrupción se echa enemigos encima, pero, por el contrario, eso sólo mantiene la red de complicidad que se teje desde hace años e impide acabar de raíz con los desvíos en el gobierno”, considera la colaboradora del FCF.

Nadie sabe, nadie supo

En el caso de las denuncias de anomalías, en particular en el sector Salud, la activista señala que “es muy importante que alguien diga esto me toca a mí, porque hasta ahorita nadie lo ha mencionado.

“Me llaman la atención las declaraciones de algunos diputados que abordan el caso y piden a otros que lo investiguen, cuando la bola está en su cancha”, señala la integrante del Frente Cívico.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, añade Patricia McCarthy, ofrece un marco legal bastante claro para determinar qué es lo que sigue y quiénes son los que deberían estar preocupados y ocupados en perseguir esas denuncias y demostrar si son ciertas. Se trata de la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo, el Congreso del Estado y desde luego el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de la Contraloría.

“Estos actores deberían estar iniciando las investigaciones correspondientes”, abunda la profesional.

También, indica la activista social, sería interesante oír la opinión de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que están facultados para emitir recomendaciones para evitar que se repitan casos como el que ahora se denuncia públicamente, y recuerda que la ley prevé tres mecanismos para pedir el comienzo de la investigación por una denuncia de corrupción: de oficio, por denuncia, o derivado de una auditoría.

¿A qué le temen?

“En nuestro país las investigaciones de oficio no suelen usarse”, explica Patricia McCarthy.

“No sé a qué le temen o en qué zona de confort están instalados los organismos de control y la autoridades en general, que prefieren esperar la denuncia, no obstante que siempre cae en el denunciante todo el peso de la prueba, cuando ellos pueden iniciar la investigación de oficio”, recalca la entrevistada.

“Urgimos a las autoridades responsables a que si no hay denuncia de por medio, ellas la inicien de oficio, tienen la atribución para hacerlo”.

Según la licenciada McCarthy Caballero, sobre el caso de las empresas fantasmas, indica que “apenas vemos una puntita del iceberg, porque todos creemos que hay muchas otras dependencias involucradas”.

 

 

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