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Tibia reacción oficial ante una crisis por tráfico de tierras

A dos semanas de que Central 9 reveló la más grave crisis por tráfico de tierras en Yucatán en los últimos años, que involucra a inversionistas, políticos y funcionarios, las respuestas de las autoridades estatales hasta el momento son escuetas y los principales involucrados aún guardan silencio.

Piezas del ajedrez: La grave crisis por tráfico de tierras que reveló Central 9 tiene implicaciones judiciales, económicas e incluso políticas. Aunque el protagonista es Gabriel Guzmán Millet, hay numerosos implicados en mayor o menor grado, entre los cuales sobresalen:
José Palomeque Roche Uno de los principales socios de Guzmán Millet en la compra de terrenos. Convocante y anfitrión de las reuniones con inversionistas afectados en su residencia en Villas la Hacienda.- (Foto: Valerio Caamal Balam)
Wílbert Cetina Arjona Al fiscal general del Estado se le menciona como uno de los asistentes a varias reuniones entre Guzmán Millet y sus clientes, aunque el funcionario lo ha negado “categóricamente”.- (Foto: Megamedia)
Heriberto Arcila González Operador de confianza de “Gabino”, también tiene varios terrenos a su nombre y deudas por pagar. Contrató a pistoleros para asaltar la residencia de su propia familia. Está detenido.
Rafael Acosta Solís Subprocurador de Justicia en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entregó 72 tablajes catastrales de Yaxkukul (suman 56 hectáreas) como pago de una deuda a Guzmán Millet y otros socios.
Mauricio Sahuí Rivero El excandidato del PRI a la gubernatura aparece como copropietario junto con “Gabino” del predio San Juan Xudzum (tablaje catastral 881) en Tixkokob, con una superficie de 93.6 hectáreas.
Friedman Peniche Rivero Vicefiscal y director de Averiguaciones Previas en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. Es copropietario con Guzmán Millet de los tablajes 42053, 42054 y 42821 en Santa Gertrudis Copó (suman 2,275 m2).
Piezas del ajedrez: La grave crisis por tráfico de tierras que reveló Central 9 tiene implicaciones judiciales, económicas e incluso políticas

El protagonista principal de este escándalo, Gabriel Guzmán Millet, sigue libre en esta ciudad a pesar de una avalancha de demandas mercantiles en su contra y de su presunto vínculo con un violento asalto en Mérida.

Como hemos informado, Guzmán Millet, de 49 años y conocido por su apodo de “Gabino”, inició sus actividades de compra y venta de tierras ejidales a fines de los 90, recibiendo dinero de personas interesadas en inversiones con altos rendimientos. Sin embargo, en los últimos años se “enredó” financieramente y dejó de cumplirle a sus clientes, acumulando una deuda estimada entre 800 y mil millones de pesos.

Aunque las denuncias comenzaron el año pasado, tuvieron pocos avances por la paralización de los juzgados debido a la pandemia. La parte más aguda de la crisis fue en el segundo semestre de este año, que coincidió con millonario, violento robo en una residencia del norte de Mérida.

El líder de la banda que perpetró el atraco es Heriberto Arcila González, operador de confianza de Guzmán Millet en la compra de tierras, participante en las asambleas y en el pago a ejidatarios. Su relación es tan estrecha que “Gabino” le permitía vivir en una casa en la Avenida Campo Deportivo que antes ocupó su madre y ahora es de su hermana.

Asaltó a su familia

La residencia asaltada, en Dzityá-Polígono Chuburná, es de la propia familia de Arcila González, quien contrató a seis pistoleros que armados con armas de uso exclusivo del Ejército y con lujo de violencia obligaron a los ocupantes a abrir la caja fuerte, de donde extrajeron un lote de joyas, decenas de centenarios y varios millones de pesos en efectivo.

Tras el atraco, la familia llamó a la Policía y por las cámaras del C-4 se detectó que los delincuentes se refugiaron en un predio de la colonia Buenavista, donde funcionan las oficinas de Guzmán Millet. Cuando los agentes llegaron no pudieron entrar por falta de orden de cateo, la cual solicitaron a la Fiscalía pero ésta respondió que tardaría varios días. Fuentes cercanas al caso dicen que esto causó un diferendo entre funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y el fiscal Wilbert Cetina Arjona.

Pese a los obstáculos, días después la Policía detuvo a dos integrantes de la banda: Víctor Ramón M.G., quien se escondía en Candelaria, Campeche, y al líder Arcila González, este último porque tenía una orden de aprehensión por otro delito —emitida en julio y que no había sido ejecutada— y porque sus familiares lo identificaron plenamente. Guzmán Millet no fue detenido porque sus abogados alegaron que no había flagrancia.

Guzmán Millet tiene registradas a su nombre, ya sea solo o en sociedad, al menos 481 propiedades en Yucatán distribuidas en Mérida, Samahil, Hunucmá, Yaxkukul, Conkal y Baca. Empero, a raíz de sus líos legales, empezó a poner a nombre de su hijo, Gabriel Guzmán Vargas, los predios de mayor valor y a dejar los de menor precio susceptibles de embargo. Según el Registro Público de la Propiedad, entre los predios donados a su hijo figuran como copropietarios Friedman Peniche Rivero, exvicefiscal y exdirector de Averiguaciones Previas en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, y Mauricio Sahuí Rivero, excandidato del PRI a la gubernatura.

En busca de llegar a acuerdos, Guzmán Millet habría sostenido varias reuniones con sus principales clientes en casa del empresario José Rafael Palomeque Roche, su socio en muchos terrenos. En algunos de estos encuentros, aseguran testigos, habría participado el fiscal Cetina Arjona. Sin embargo, el funcionario lo ha negado, como informamos en esta página.

Central 9 solicitó una entrevista con Guzmán Millet para conocer su versión de los hechos. Una de sus asistentes respondió que le daría el mensaje y se comunicaría si tuviera interés en hablar. Aún no lo ha hecho.— MEGAMEDIA

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