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“Tienen que hallar los recursos”

José Antonio Loret de Mola Gómory

El sector privado aborda reciente medida estatal

El presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, manifestó que la cancelación del cobro del derecho en materia de infraestructura tecnológica de seguridad pública es facultad del gobernador y por ello lo hizo.

¿Fue un error ese impuesto? se le preguntó.

“Partiendo de la base de que no hay un impuesto grato, en opinión de Coparmex Mérida todo lo que sea para fortalecer la seguridad, las labores de inteligencia, de operaciones, de prevención, de cultura de la denuncia y de tejido social, todo es necesario”, respondió. “Tenemos muchos otros estados que darían lo que fuera para regresar el tiempo y haber hecho lo que estamos haciendo en Yucatán. En ese sentido, entendiendo la sensibilidad que significa aportar, sin que salga del gobierno, para la contratación de más policías, para su profesionalización, mejorar los sueldos de policías, atender todo lo que implica el tema de la seguridad, atender todo lo que es la reinserción social, el tema de reclusorios, ministerios públicos y fiscalía, para eso se necesita mucho dinero para que siga habiendo el estado de derecho que tenemos. No podemos darnos el lujo de perderlo”.

Loret de Mola dijo que somos sensibles al impacto que tendría ese impuesto en la sociedad y aunque no se haya logrado la implementación del impuesto de seguridad, el gobierno estatal tiene que hallar los recursos financieros para que no baje la guardia en el tema de la seguridad.

“Reitero, el hecho que se haya cancelado el impuesto de seguridad hará que el gobierno tenga que encontrar en otro lugar los recursos que dejará de recaudar y deberá redoblar sus esfuerzos en materia de seguridad”, enfatizó el líder empresarial.

Afirmó que en congruencia y en base de la información que les proporcionaron sobre las finanzas estatales en el Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto se aprobó ese impuesto. Sin embargo, ahora que ese dinero ya no ingresará al presupuesto del estado, obligará al gobierno

estatal a hacer más ajustes para obtener ese recurso que está destinado para el tema de seguridad porque evidentemente para los yucatecos la prioridad es la seguridad y el crecimiento económico.

“Existirá ese faltante de recursos y como es responsabilidad absoluta del gobierno del estado la seguridad, una vez más tendrá que apretarse el cinturón y redoblar la seguridad”, dijo. “Yucatán vive un estado excepción y no podemos bajar la guardia en materia de seguridad. Tenemos que seguir

reforzando la seguridad pública, independientemente de que habrá los recursos para infraestructura con las inversiones del crédito de Yucatán Seguro. Tenemos que seguir trabajando sociedad y gobierno en todo lo que es prevención del delito, cultura ciudadana, participación y fortalecimiento del tejido social”.

Por su porte el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, consideró que el desistimiento de la administración estatal de cobrar el derecho de seguridad fue porque no quiso entrar en un pleito legal con el gobierno federal.

“Me parece correcto (su desistimiento) porque tenía las de perder”, enfatizó.

Decisión

“Me parece que el gobierno del estado no quiso entrar en un pleito legal con el gobierno federal y me parece correcto, ya que tenía las de perder. No creo que la presión social o la amenaza de amparos haya influido porque era una decisión tomada y avalada por el Congreso del Estado”.

El presidente de Canacintra en Yucatán opinó que ahora el gobierno del estado tendrá que buscar la manera de obtener los recursos que dejará de ingresar al no poder cobrar el derecho a la infraestructura de seguridad.

Deberá reducir su gasto corriente y buscar alternativas para bajar más dinero de la Federación.

“Es importante que se sigan dando las acciones necesarias para conservar y acrecentar la seguridad estatal, ya que se ha convertido en nuestro principal activo y en caso de perderla es muy difícil de recuperar”, señaló.

“Debemos presionar al gobierno federal para que contribuya mediante fondos a la infraestructura de seguridad, ya que son ellos ahora los que evitan que los ciudadanos contribuyan en ese rubro al no permitir que se cobre el derecho a través del recibo de luz”.

Juan José Abraham Dáguer, presidente adjunto del Consejo Mexicano del Comercio Exterior, opinó que el anunció genera extrañeza y la posibilidad de revisar más áreas del gobierno, donde se pueda lograr más ahorros, así como analizar qué otros impuestos pueden retirarse. “Extraña que se haya propuesto un impuesto sin estar seguros de que se pudiera cobrar, y si al final era prescindible, debieron considerar un plan de austeridad desde un principio, antes de crear el nuevo impuesto”, comentó.

El empresario señaló que ahora se decidió marcha atrás ante la imposibilidad de cobrar este derecho a través de los recibos de la CFE y, por no existir otro mecanismo adecuado que permita su cobro con un nivel razonable de éxito.— Joaquín Chan Caamal “La razón real del retiro de este derechos, según dijo, es que CFE no quiso cobrarlo, fue por esa imposibilidad del cobro, no por voluntad del gobierno”, dijo Juan José Abraham Dáguer, presidente adjunto del Consejo Mexicano del Comercio Exterior.

Petición

“Ya no se va a contar con este dinero, y la petición que hacemos, es que no deben disminuir la calidad de los servicios, tampoco el tiempo de respuesta, se va a ver obligado a ajustar los gastos administrativos y los de operación para seguir prestando estos servicios”.

CMIC

Raúl Aguilar Baqueiro, presidente de la CMIC, dijo que coinciden con la opinión del gobernador de que iniciar una controversia jurídica respecto al cobro del derecho es un ejercicio estéril.

Ajustes

“Le pedimos al gobierno del estado que siga buscando estrategias y opciones de eficiencia administrativa y recaudatoria a fin de tener herramientas para no descuidar la seguridad, pero somos muy enfáticos en que los ajustes no deben de orientarse hacia los montos destinados a inversión pública e infraestructura”.

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