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“Tremendo fraude” pone en riesgo el patrimonio de citricultores yucatecos

MÉRIDA.— Los bienes de cientos de citricultores del sur del Estado podrían ser embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si prospera un recurso administrativo iniciado por la Sader en su contra, que sería parte de lo que ellos llaman un "tremendo fraude".

Esta dependencia y su antecesora, la Sagarpa, acusan a los citricultores, principalmente de Sacalum, de recibir varios millones de pesos en subsidios federales en 2018 para la modernización de sus sistemas de riego que no aplicaron correctamente.

Como informamos en entregas anteriores, los citricultores, por invitación de la Sagarpa, participaron en el Programa de Incentivos de Sistemas de Riego Tecnificado, en julio de 2018, cuatro meses antes de la terminación del gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Funcionarios de esa dependencia les ofrecieron que a través de ese programa podrían modernizar sus sistemas de riego y recibir un subsidio de la Federación.

Este consistía en la instalación de equipos de microaspersión sobre 385 hectáreas a un costo de $13.107,170 ($34,000 por hectárea), de los cuales $6.544,000 lo pondrían los productores y el resto el gobierno.

Según los afectados, funcionarios de la Sagarpa, mediante engaños, los hicieron firmar contratos para la realización de esa obra con la empresa Construcciones y Especialistas en Urbanización. S.A. de C.V.

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En consecuencia, los productores endosaron a esa compañía los cheques que recibieron de la Federación y también entregaron sus propias aportaciones.

Sin embargo, la empresa no cumplió con los contratos. Solo hizo una pequeña parte de las obras y desapareció.

Sin trayectoria en la actividad hidroagrícola

De acuerdo con datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, esta empresa la dirige Randy Alberto Ortiz Peniche, de 33 años, quien también aparece como dueño del 50 por ciento de sus acciones.

A Ortiz Peniche no se le conoce trayectoria en la actividad hidroagrícola.

Varios de los campesinos afectados lo identifican como empleado de Ernesto Martínez Muñoz, “El Cejas”, cuya oficina se ubica en la calle 21, número 101, entre 18 y 20, del Fraccionamiento Del Arco.

Coincidentemente, éste predio también es la oficina de Construcciones y Especialistas en Urbanización.

Problema común en otros municipios

Problemas como éste, donde empresas “fantasma” actúan como proveedoras de servicios al campo en programas oficiales de apoyo se ven en muchos otros municipios.

“Es una cosa grande que estallará en cualquier momento”, advierte Marcos Interián Villacís, uno de los dirigentes de los afectados.

Marcos Interián Villacís
Marcos Interián Villacís

Por esta situación, añade, cientos de citricultores corren el riesgo de perder sus casas y vehículos embargados por el SAT, como ya ocurrió con otros campesinos del Sur.

Abogados que conocen el caso dicen que una solución al problema sería poner sus propiedades a nombre de otras personas o tramitar un amparo para frenar la pretensión de la Sader.

“Pero los campesinos no tienen dinero para pagar un defensor particular”, señala Interián Villacís.

El problema en Sacalum reventó en enero de 2019, cuando personal de la Sader inspeccionó las unidades de riego supuestamente beneficiadas con los subsidios, y constató que, en efecto, las obras no se habían hecho como estaba previsto.

Lo grave, afirma Interián Villacís, es que, de acuerdo con la normatividad del programa, los responsables de la instalación de los sistemas de riego son los propios productores.

Es decir, el gobierno actuará sobre ellos para recuperar los subsidios que les entregó, aunque la empresa contratada no haya cumplido.

Advertencia de la Sader a campesinos

Desde principios del año pasado la Sader advirtió a los campesinos que procedería legalmente en su contra si no devolvían el dinero.

En marzo de 2019, decenas de citricultores acudieron a Palacio de Gobierno por ayuda. Allí los atendió la subsecretaria de Gobierno, Carmen Guadalupe González Martín.

Esta funcionaria les aconsejó interponer una denuncia penal contra quien resulte responsable y les ofreció la asesoría jurídica de defensores de oficio.

Los representantes de los afectados —10 grupos de productores citrícolas con 20 socios cada uno— presentaron esta denuncia en abril, específicamente en contra Construcciones y Especialistas en Urbanización.

Niega ante un juez su responsabilidad

Según Interián Villacís, hace unas semanas Peniche Ortiz, quien firmó el contrato con los productores en representación de la empresa y recibió el dinero de sus aportaciones, compareció ante el juez que sigue la denuncia penal en su contra y negó los cargos.

“Dijo que no tiene nada que ver con ese caso”, afirma Marcos Interián.

El asunto se empezó a complicar para los campesinos en febrero de este año, cuando varios de ellos recibieron oficios de la Sader requiriéndoles el pago de los apoyos supuestamente entregados.

Esos oficios, fechados el 8 de mayo de 2019, están firmados por el entonces encargado de la delegación de la Sader, Jorge Luis Joel Koehrmann Steidinger, quien se desempeñó también como subdelegado Agropecuario en Yucatán de septiembre de 2013 a junio de 2019.

En el oficio dirigido a Juan Santamarina Salazar, representante de uno de los grupos afectados, se le notifica el inicio de un procedimiento administrativo de cancelación y devolución de apoyos, a cargo del departamento jurídico de la delegación.

Aunque Koehrmann Steidinger firmó los oficios en mayo, éstos permanecieron en un cajón durante casi ocho meses.

En junio, este funcionario salió de la Sader por jubilación y en su lugar llegó como encargado de la representación estatal de la Sader, Juan Carlos Gamboa Bustamante.

Juan Carlos Gamboa Bustamante
Juan Carlos Gamboa Bustamante

Fue éste quien ordenó la entrega de los oficios a los citricultores del Sur en febrero de este año.

En el oficio dirigido a Santamarina Salazar, en poder de Central 9, como en los entregados al resto de los grupos, se hace del conocimiento de los citricultores la intención de la dependencia de estudiar la viabilidad de la cancelación y devolución de los apoyos otorgados a los beneficiarios en 2018.

El documento solicita a los productores la comprobación de la correcta aplicación de los recursos.

También les piden presentar la documentación fiscal de los gastos de los incentivos otorgados por el gobierno (50 por ciento) y de la aportación realizada por ellos, que en el caso de este grupo asciende en total a $1.123,554.99.

Para responder les dan un plazo de quince días.

Inspector argumenta que no lo recibieron

El oficio señala que en abril de 2019 un inspector de la dependencia realizó una visita a la unidad productiva representada por Santamaría Salazar, de la cual levantó un acta administrativa.

En ella el inspector asienta que el responsable de la unidad “se negó a recibir los respectivos documentos, señalándome que por ningún motivo los firmará y que tampoco permitirá la entrada de los inspectores, lo que implica un incumplimiento de índole injustificada”.

Sobre este aspecto, Interián Villacís dice que en ningún caso los productores impidieron el acceso a los enviados de la Sader.

“Ahora esa dependencia gira oficios a productos diciéndoles que los van a embargar —porque no aplicaron bien el dinero federal— y lo hacen a sabiendas de que existe un empresario que se robó el dinero y no hizo la obra”.

Lo más grave, explica Interián, es que, de acuerdo con la normatividad del programa, los responsables de la instalación de los sistemas de riego son los propios productores y el gobierno actuará sobre ellos para recuperar los subsidios a través del embargo de sus propiedades por el SAT.

Aseguran que ya hay embargos

Interián Villacís añade que a los pocos días de que los campesinos de Sacalum recibieron los documentos de la Sader, el productor Álvaro Segura, miembro de un grupo de citricultores vecino que también participó en el programa —firmó en representación de sus compañeros de unidad—, “nos alertó que a él, poco después de recibir el oficio de la Sader, el SAT le embargó su casa y su camioneta”.

Cuando supimos esto, afirma el dirigente, se lo informamos a los defensores de oficio asignados a nuestro caso.

Recomendación de abogados

La recomendación de ellos fue poner nuestras propiedades a nombre de otro “porque al rato la Sader turnará los oficios al SAT y allí ya no hay nada que hacer”.

También hablaron de la pertinencia de tramitar un amparo en contra de esa medida.

El abogado de oficio encargado de nuestro caso, Francisco Catzín —indica el dirigente—, nos dijo que él ve el asunto penal, pero el embargo del SAT es tema administrativo que, en efecto, requiere de un amparo y nos recomendó un abogado privado.

"El expediente está corriendo, se está armando, nos dijo Catzín, pero mientras son peras o son manzanas el riesgo del embargo existe, por eso la necesidad del amparo".

“¿Pero cómo nos vamos a amparar?”, pregunta Interián Villacís. “Para eso se necesita dinero y no lo tenemos”.

Víctimas en el sur y oriente del Estado

De acuerdo con el dirigente, los fraudes de este tipo se extienden por todo el Sur —Ticul, Peto, Tekax, Tzucacab, etcétera— y llegan hasta Tizimín, Sucilá y otras poblaciones del Oriente.

“En todos lados aparecen casos como éste, la cosa está muy grande”, señala Interián Villacís.

“Es el colmo que habiendo pruebas de los desvíos cometidos por una empresa ahora la Sader se vaya contra los campesinos, que corren el riesgo de perder sus casas”.

Agrega que no puede ser que los productores, que no recibieron ni un peso del dinero federal, sean los que paguen los platos rotos.

“Se trata de un fraude con todas sus letras y nadie hace nada, es increíble”, subraya.

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