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Urge un proyecto integral a largo plazo

MÉRIDA.—Para Eduardo Batllori Sampedro, quien fue titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en las dos últimas administraciones estatales (2007-2012 y 2012-2018), debido a lo complejo del problema que representa el manejo de la basura, se requiere “un proyecto integral  a largo plazo” y recursos de los tres niveles de gobierno e incluso de la iniciativa privada para llevarlo al cabo.

“Francamente creo que se tiene que hacer algo desde el gobierno federal… Tal vez se deba etiquetar el 3 o 5 por ciento de las participaciones para el manejo de residuos sólidos e impulsar una Comisión Estatal de Manejo de Recursos Sólidos para crear una estructura”, señala. “Hay cómo; por ejemplo, ya se cuenta con el Sicey (Servicios Integrales para la Conservación del Estado), que tiene camiones y personal”.

“Se deben establecer centros de acopio y de transferencia y clausurar los tiraderos a cielo abierto y los basureros clandestinos”, añade.

“Para los municipios se debe crear un  Reglamento Único Municipal y trabajar con brigadas de policía ambiental, que vigile que en las calles no se tire basura, que se respete la fauna doméstica, que no se talen árboles ni se fomenten basureros clandestinos, que se manejen adecuadamente los envases de agroquímicos y que los camiones, motos y todo vehículo en general, no generen humo”.

Tras 11 años al frente de la Seduma, Batllori Sampedro sabe de lo que habla.

En la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) se creó el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, mediante el cual se dividió el Estado en seis regiones, con cabeceras en Izamal, Motul, Oxkutzcab, Tizimín, Umán y Valladolid.

La generación de basura de cada región era de 100 toneladas al día, lo cual, de acuerdo con el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  “haría rentable el manejo de los residuos”.

Además de los seis sitios regionales de disposición final, el plan incluía 12 estaciones de transferencia, plantas de compostaje y de separación y la comercialización de subproductos.

El ambicioso plan se puso en marcha con recursos de la Coordinadora Metropolitana de Yucatán (Comey), que aportó ocho millones de pesos, y del gobierno del Estado.

Motul y Umán fueron los primeros municipios del interior del Estado en contar con rellenos sanitarios y en junio de 2010 se inauguró el tercero, en Izamal, donde oficialmente se invirtieron $5.705,667.

Según un informe de la Seduma, en 2011 Yucatán ya contaba con “ocho Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos clasificados como rellenos sanitarios tipo C, con capacidad de 10 a 50 toneladas al día, en Izamal, Kanasín, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid”.

Era un buen avance. Sin embargo, para equipar las seis regiones se requerían 750 millones de pesos, a fin de que cada una cuente con centros de acopio y almacenamiento, relleno sanitario, plantas de separación y de composta y camiones recolectores”.

En el Poniente, por ejemplo, se crearían centros de acopio en Kanasín, Hunucmá y Umán, con relleno sanitario en este último.

“Se armó el plan, pero los presidentes municipales no tenían recursos”, recuerda Batllori Sampedro.

Entonces “se buscó apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio del Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) y se hicieron proyectos por regiones para enviarlos a la Unidad de Inversiones de (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público)”.

De acuerdo con información  de la Semarnat, mediante el Fondo Nacional de Infraestructrura (Fonadin) se otorgan “apoyos financieros no recuperables a los gobiernos municipales y estatales, a fin de incentivar la participación privada en proyectos de inversión de infraestructura de servicios públicos urbanos, enfocados a residuos sólidos como son el servicio de barrido, recolección, separación, aprovechamiento y reciclaje, así como disposición final en rellenos sanitarios”.

“El (gobierno del) Estado, por medio del Ramo 16, aportó recursos para los centros de acopio y transferencia, la compra de camiones y la creación de espacios de separación y composta, con miras a concesionar la operación a empresas privadas…”, explica Batllori Sampedro.

“Pero se cambió al titular de la Semarnat (Rafael Pacchiano Alamán sustituyó a Juan José Guerra Abud el 27 de agosto de 2015)  y en 2016 se canceló la aportación que se había acordado y ya no se pudo continuar, a pesar de que ya había convenios firmados”, lamenta.

Competencia municipal

El exfuncionario señala que el manejo y disposición de los “residuos sólidos municipales son competencia de los ayuntamientos”, porque “así lo establece el artículo 115 constitucional”, aunque la Semarnat “coadyuva en algunos aspectos” para su mejora.

Entrevistado en la recta final de la administración 2012-2018, Batllori Sampedro informó que la Seduma cuenta con  un tractor que se envía a los municipios que lo solicitan para la limpieza de los basureros. Los ayuntamientos solo tienen que pagar la gasolina y el sueldo del operador. A veces, cuando se solicita, también se envía material para compactar los tiraderos.

“Sin dientes”

Pero no puede hacer más. “La ley no nos da dientes para multar y sancionar a los municipios por el manejo de los desperdicios”, admite.

“Depende del Congreso (del Estado) aprobar una ley que nos permita multar a los ayuntamientos y seguir procesos para que tomen medidas contra el mal manejo de la basura”, añade. “En Mocochá, por ejemplo, se ha seguido un proceso largo para clausurar un sitio que ya causa daño”.

“En Progreso el problema tiene varios años, pero se concesionó a un sindicato la recolección por varios años y nada se puede hacer. Ahí el basurero debe ser clausurado, pero se necesita comprar un terreno con las condiciones adecuadas para instalar un relleno sanitario”.

“Hay recursos estatales para construir un relleno sanitario (en Progreso), pero es necesario que el ayuntamiento compre un terreno”, aseguró.

Según dijo, en Progreso se generan 45 toneladas diarias de basura, lo cual permitiría que sea rentable un relleno sanitario. “Ojalá que el nuevo alcalde quiera hacerlo, es fundamental para solucionar el problema de la contaminación”.—Jorge Pinzón

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